Viernes 24 DE Mayo DE 2019
Opinión

Reflexiones sobre la calidad de los jueces

La ley vive cuando es aplicada por los tribunales.

Fecha de publicación: 28-09-15

Los recientes juzgamientos penales de magistrados y jueces nos deben llamar a la reflexión sobre la calidad de los juzgadores (magistrados y jueces) y el papel fundamental que estos juegan en la construcción de un sistema de justicia eficaz, que inequívocamente es la columna vertebral del Estado de Derecho, que se traduce en el imperio de la ley.

Corresponde a los juzgadores la administración de justicia pronta y cumplida, que supone, a través de un debido proceso, dirimir las controversias y disputas entre partes contendientes, restablecer la juridicidad quebrantada y garantizar la paz social mediante la resolución pacífica de los conflictos.

Son los magistrados y jueces, a través de sus sentencias, los que dan vida a la ley. Puede haber buenas leyes, pero si las mismas no se hacen valer mediante fallos justos recaídos en los casos concretos, es como que si no existieran. La ley vive no cuando es escrita o publicada, sino cuando es efectivamente aplicada por los tribunales.

Si, por el contrario, los ciudadanos interesados invocan la aplicación de la ley, pero los tribunales no cumplen u observan los mandatos legales, entonces no se imparte justicia y los ciudadanos quedan defraudados y frustrados, así como proclives a hacer justicia por propia mano, que es la génesis de que el más fuerte imponga su derecho, de la venganza, de la violencia, del linchamiento.

De ahí la importancia de la calidad de quienes administran justicia, de quienes interpretan y aplican la ley en los casos concretos. Esta noble misión debe estar a cargo de profesionales que, además de capaces, idóneos y honrados, estén conscientes de la gran responsabilidad que pesa sobre sus hombros y de la contribución determinante que deben hacer para que los ciudadanos confíen en la justicia oficial para resolver sus diferencias y castigar a los delincuentes o infractores de la ley.

La magistratura y la judicatura no deberían ser vistas como otras plazas burocráticas más ni deberían ser ocupadas por gente mediocre, improvisada o nombrada a dedo, sino más bien por personas escrupulosamente seleccionadas y que estén dispuestas a consagrar su vida profesional a impartir justicia. En todo caso, tanto la magistratura como la judicatura deberían ser ambicionadas por el prestigio, la dignidad y el reconocimiento inherentes a las mismas, y no simplemente por la remuneración económica, como sucede en otros países en donde ser juez es un altísimo honor y ser magistrado es, prácticamente, la culminación de la vida de un abogado honorable, responsable y altamente calificado.

Sin duda, entonces, el desafío más importante de nuestro sistema de justicia es establecer un proceso de selección de los juzgadores, mediante el cual se asegure que solo ocuparán y conservarán los cargos aquellos abogados que tengan la vocación de juzgar, que se sometan a escrupulosos procesos de selección por oposición sustentados en el mérito, la excelencia y la ética, así como que estén sujetos a una rigurosa y exigente carrera judicial en la cual inviertan mucho tiempo, esfuerzo, sacrificio y preparación, de tal manera que dicha inversión sea tan grande y valiosa para el profesional del Derecho que se convierta en un fuerte disuasivo para que no caiga fácilmente en la tentación de la corrupción y la iniquidad.

De suerte que la selección por oposición y la carrera judicial son las fórmulas para evitar la politización de la justicia y la judicialización de la política, para garantizar una administración de justicia independiente, imparcial, neutral al juego político partidista y apegada a la ley, así como para que los negocios, la contratación y las relaciones interpersonales gocen de certeza jurídica, es decir de previsibilidad de aplicación de la ley.

La descarada y grotesca injerencia de las camarillas gobernantes y de la partidocracia en el proceso de selección de juzgadores como ocurrió bajo los regímenes de Álvaro Colom (2008-12) y Otto Pérez (2012-5) no debe repetirse. Por el contrario, este tipo de injerencia debe quedar proscrita y ser severamente castigada.