Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Opinión

A propósito de la discusión del Presupuesto del Estado

— José Rubén Zamora
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He quedado perplejo con lo que hemos observado y escuchado en la discusión del presupuesto del Estado para el 2016. De manera impensable e imposible de anticipar, quizá como resultado de haber quedado al margen de la contienda electoral, el partido Lider ha manifestado su convicción de racionalizar y reducir el presupuesto a Q 52 millardos, y, en consecuencia, que no exista necesidad de contratar más deuda externa e interna.

De inmediato saltaron a la palestra, como trastornados, representantes emblemáticos y prominentes de la cleptocracia, que por años también han ordeñado y vivido del dinero de los guatemaltecos, quienes con profunda vehemencia se rasgaron las vestiduras escandalizados.

Roberto Alejos, conocido a sotto vocce en el Congreso de la República como Robalejos, con aparente indignación expresó que la racionalización es un chantaje y que le ha causado preocupación, mientras, aseguró, paradójicamente, que “el pueblo quiere transparencia, y un presupuesto honesto y balanceado y financiado”. Lo que obvió decir Roberto Alejos es que si el presupuesto excede los Q 52 millardos es inevitable seguir contratando deuda externa e interna a un ritmo irracional y explosivo, como sucedió durante el gobierno de la clepto dictadora Sandra Torres, tiempos en los que por cierto, Robalejos fue el Presidente cuasi vitalicio del Congreso, ungido por los designios de la dueña de la UNE.

 Tampoco dijo, pues de baboso no tiene un pelo, que tanto durante el gobierno de Sandra Torres, en esos días de Colom, como en los más de cuarenta y cuatro (44) putrefactos meses de Pérez y Baldetti, como norma, cobró Q 350,000 por cada voto suyo y por cada uno de sus diputados, fundamentalmente en la contratación de deuda externa e interna para financiar el presupuesto del Estado y el déficit fiscal.

Es decir, a cambio de una generosa tarifa en los últimos dos gobiernos, Alejos, sin inmutarse, ha formado parte del régimen oficial, y ha vivido y se ha enriquecido, entre otras iniciativas que ha apoyado, de endeudar hasta nuestros tataranietos.

Otro que saltó indignado fue Mario Cabra Loca Taracena, quien no sólo ha recibido por décadas su salario y coimas como diputado, sino que ha sido “contratista” del Estado a través de terceros. En tiempos de Berger, con el apoyo de uno de los ministros del gobierno de la GANA, fue salpicado con la construcción de la etapa final de la carretera hacia El Ahumado. Más recientemente recibió tajadas de Baldetti, derivado de la asignación de contratos de alimentos para la PNC, a cambio, por supuesto, de sus buenos oficios para lograr en ocasiones claves el apoyo de la bancada de la UNE. Por doquier hay testimonios sobre los problemas gastrointestinales que sufrieron quienes se alimentaron con estas raciones.

Finalmente, cabe mencionar que saltaron irritados los “especialistas” del ICEFI, tanque de pensamiento “especializado” en políticas fiscales, dirigidos por Ricardo Barrientos, viceministro de Finanzas del gobierno de Sandra y la UNE y, por tanto, responsable de políticas fiscales irresponsables y fracasadas, orientadas al clientelismo y la corrupción.

Cómo no van a saltar todos los mencionados, si han vivido de presupuestos abultados, caracterizados por enormes déficits fiscales, financiados con la contratación irresponsable de deuda pública externa e interna. Cómo van a querer que les cierren el chorro, si tienen evidente conflicto de intereses. No cabe duda, que estos miembros prominentes de la cleptocracia son más cabrones que bonitos.

En todo caso, sería más sensato tener como referentes los criterios de PNUD; la meta máxima de déficit fiscal y su estructura de financiamiento; la búsqueda de estrategias para transformar la rigidez que caracteriza al presupuesto de gastos del Estado y para recuperar los 11 millardos de quetzales que se defraudan en las aduanas; parámetros, indicadores y mecanismos exigentes de transparencia y rigurosa rendición de cuentas; prohibición de uso de fideicomisos y oenegés para ejecución de gastos e inversiones del Estado; la contratación abierta y competitiva de insumos y obras y la proscripción de la contratación de empresas contratistas y proveedoras corruptas, que se han coludido con el sindicato criminal que nos ha gobernado por décadas.

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