Sábado 22 DE Septiembre DE 2018
Opinión

La incógnita

La falta de idoneidad de gran parte de los candidatos es inaceptable.

— Marta Altola guirre
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Qué hacer cuando al paso de los años los órganos encargados de velar por el correcto desempeño de la función pública en estricto apego a la ley, se hacen de la vista gorda y alimentan la proliferación de “servidores” que como lo indica la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos hacen caso omiso de sus obligaciones al actuar, al intervenir o patrocinar favores a terceros.

 

Qué hacer cuando proliferan los funcionarios o empleados que han venido incumpliendo con sus obligaciones establecidas claramente en ley, al recibir directa o indirectamente, prebendas de todo tipo a efecto de favorecer o favorecerse con diversos contratos, concesiones o franquicias celebradas con el Estado y a fomentar toda relación que les aporte beneficios, a cambio de cerrar los ojos a las actividades de las personas que debieran ser supervisadas y fiscalizadas por la entidad estatal en la cual presta sus servicios. Me refiero a instituciones como la Contraloría General de Cuentas y semejantes.

 

Cómo ignorar la violación a las normas constitucionales y otras leyes como es la propia Constitución, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y la Ley de Probidad que en su Artículo 7 establece como obligación esencial de todo funcionario, desempeñar el cargo con apego a la Constitución y leyes, y puntualizando que los servidores públicos están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal, por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieran en el ejercicio del cargo.

 

Los últimos meses precisamente han puesto en evidencia la desesperación ciudadana ante la absoluta permisibilidad que ha caracterizado a los entes encargados de supervisar ese correcto desempeño de la función pública, cuya inacción ha alimentado la corrupción y la impunidad que hoy vivimos. Por supuesto, destaca la Contraloría General de Cuentas, entre otros.

 

Vemos así, la indignación que provoca conocer los juegos burdos de instituciones que suponen respaldar el desempeño responsable del Estado en momentos en los que se nos viene encima un proceso electoral teñido de vicios ante la impunidad sostenida que domina el espectro político, especialmente concentrado en los partidos punteros.

 

En ese sentido, ha sido claro que si no fuera por la priorización pertinente en las investigaciones MP-CICIG que han develado la aplastante impunidad que ha proliferado en los tres poderes del Estado, seguramente no estaría la ciudadanía en la posición de alerta que rechaza de manera absoluta la corrupción, el enriquecimiento ilícito y las ilegalidades que se han generalizado en el ejercicio de la función pública.

 

El enriquecimiento repentino es lo que explica el porqué de la proliferación de aspirantes a ocupar cargos públicos que hoy se ofrecen a la población, en un menú que deja mucho que desear, en el marco de las organizaciones partidarias que se perfilan como ganadoras.

 

Y es que precisamente la falta de idoneidad de gran porcentaje de esos aspirantes y las evidencias de ilicitudes cometidas por sus miembros, ha dado lugar a una confrontación abierta en la ciudadanía consciente de la importancia de cumplir con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez, requisitos que más allá de los elementos formales, deben llenar todas las personas que aspiran a un cargo público, en este caso sujeto a la elección y los que hoy dominan la institucionalidad.

 

En otras palabras luego del juego grotesco que se viene dando en el Congreso de la República, con el engaño permanente a la ciudadanía respecto a reformas a leyes determinantes, como las de la LEPP, la Ley de Servicio Civil, entre otras, ya no se puede ser indiferente al proceso electoral que ciertamente carece de la pureza establecida en la Constitución.

 

La sombra de irregularidades que acompaña a buena parte de los candidatos ha sido determinante. Los ciudadanos que estamos conscientes de las implicaciones de políticos que solo se acomodan a la ley cuando todo camina de acuerdo a sus deseos, sus planes y su conveniencia pero que cuando se cuestionan sus acciones, sus propuestas y sus particulares intereses se lanzan cual perros de caza contra aquellos que les cuestionan.

 

Estamos así, en manos de un TSE que ha respondido tardíamente a las evidencias a la falta de idoneidad de decenas de candidatos, un MP que enfrenta la acumulación de innumerables casos de serias violaciones a la ley y que gracias a CICIG avanza en su investigación, y más determinante, una Corte Suprema y una Corte de Constitucionalidad que finalmente podrían sacar a Guatemala del lodazal en el que se mueve. ¿Lo harán?

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