Lunes 22 DE Julio DE 2019
Opinión

Ni un día antes, ni uno después

Las elecciones serán celebradas, el 6 de septiembre.

Fecha de publicación: 11-08-15
Por: Acisclo Valladares Molina

 

Tal y como me permití expresarlo, desde un principio, las elecciones serán celebradas el 6 de septiembre, ni un día antes, ni uno después.

 

La ley es la ley y el caso es que la ley no permitía algo distinto: el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran.

 

Llegar a este momento –estamos a 26 días de elecciones– no ha sido nada fácil puesto que los sectores golpistas de todos los tiempos –sorprendiendo y valiéndose de la buena fe de múltiples instituciones y personas, alentaban– tirando la piedra y escondiendo la mano –para que tres orangutanes o cinco iluminados– hasta los nombres se dieron –asumieran el poder–, de forma “provisoria”, postergaran las elecciones y ¡milagro! “ordenaran” el Estado, atentos al “clamor popular” y a las “catas de pureza”.

 

Las elecciones serán celebradas bajo la actual Ley Electoral –sin reforma alguna– tal y como también lo previne puesto que la ley prohíbe que pudiera aplicárseles, después de convocadas.

 

Cuatro instituciones –las del grupo de los cuatro– arrastrada incluso la CICIG en una acción política que no le corresponde, sufrieron un gravísimo desgaste al pretender que se hicieran estas reformas, a la brava, sin el imprescindible dictamen previo favorable de la Corte de Constitucionalidad y que –violando la ley– se aplicaran a estas elecciones; reformas estas, por lo demás, inconstitucionales, muchas de ellas, como la de limitar la reelección de diputados y alcaldes, reelección que la Constitución permite y que –en consecuencia– solo se podría limitar si la Constitución se reformara ¿Proponiendo inconstitucionalidades? Y, por si fuera poco, quedándose en las ramas, lo que bien apunta el Editorial de elPeriódico de ayer “La reforma express”.

 

Muchos vivos, con caritas de “yo no fui” –y marcados intereses– empujaron a estas cuatro instituciones, incluida la CICIG, y a múltiples personas de buena fe, a los citados despropósitos.

 

El Tribunal Supremo Electoral ha jugado en todo esto un papel más que patético desalentador del proceso electoral, empezando por su inventado concepto de “campaña anticipada” y sus sanciones –quizá deseable, pero inexistente en la ley–; descalificando, sistemáticamente, a los partidos y a los candidatos –haciéndose la vedette en el proceso– algo que no ocurre en ninguna democracia; denegando la inscripción de Zury Ríos, candidata absolutamente válida, desatino ya corregido por la Corte de Constitucionalidad, pero aún vigente en el caso del expresidente Portillo, denegada su inscripción sin que exista inhabilitación que se la impida, atropello al derecho de elegir y ser electo que –de no corregirse– sentará un macabro presente (las delicias de una dictadura: quien sí y quien no, a su arbitrario antojo: excelente la columna al respecto, publicada ayer, de Jorge Gabriel Jiménez Barillas) grotescos, también los antejuicios –menos mal ya descartados– contra Manuel Baldizón, Sandra Torres y Mario Estrada –unido todo–, al parecer a un mismo propósito ¡increíble, pero cierto! enturbiar el proceso.

 

Es una pena que todos estos distractores nos hayan impedido aquilatar la inminencia e importancia de las presentes elecciones puesto que la llave de cualquier reforma de la Constitución y de las leyes, tanto constitucionales como ordinarias –pequeño detalle– estará en manos de los diputados que se elija.

 

Responsables serán también los distractores que –agazapadas en la crisis– eliminada por estas y por otras distracciones la contienda política –administraciones municipales que no deberían repetirse–, se repitan. ¿La de la ciudad de Guatemala, acaso?

 

Las elecciones serán el 6 de septiembre y la segunda vuelta, el 25 de octubre. El 14 de enero entregará el poder el presidente Otto Pérez Molina y será su respeto por los derechos humanos en todas las protestas que se dieron y la citada entrega, un buen legado –su futuro–, como lo dijo, en manos de la ley.

 

La lucha en contra de la corrupción y en pro del mejoramiento de nuestro sistema político –incluso su sustitución y refundación del Estado– puede y debe hacerse, si se intenta, con la ley en la mano, no siendo posibles “los atajos”.

 

No se puede establecer un Estado de Derecho con el atropello de las leyes.

 

Es en nuestras instituciones y, especialmente, en las cuatro no jurisdiccionales de control del ejercicio del poder  –con el respaldo de todos quienes queremos una Guatemala distinta, pero sin que se atienda a otro clamor que el de la ley– es donde se encuentra la clave de la correcta ordenación del Estado: La Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y el Procurador de los Derechos Humanos.

 

Solo si la Constitución se cumple –incluso, si para reformarse– Guatemala podrá ser distinta.

 

Que el MP-CICIG y Tribunales hagan su trabajo –estos sin baños de pureza que no les corresponden– redimibles solo –populares o impopulares– por la correcta aplicación de la ley, trabajo el del MP-CICIG y Tribunales que conduzca a resultados, en cuenta, excelente para el fisco –la recuperación de los impuestos evadidos– ¿Dónde, el dinero?

 

Que la lucha –con la ley en la mano– se haga permanente –no llamarada de tuza– y que quienes quieran alcanzar el poder –lo asimilen y comprendan–: No existe otra forma de alcanzarlo, y sería bueno que empezaran a hacerlo desde ahora, que recorriendo los caminos. Amén.

 

acisclo_valladaresmolina@yahoo.com