Luego de los escándalos de corrupción develados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), la ciudadanía exige castigo a los culpables y extinción de los bienes mal habidos. Altos funcionarios públicos se han beneficiado, desde hace años, de los vacíos legales, falta de fiscalización del Estado, compra de voluntades y tráfico de influencias.   El diagnóstico es claro, las instituciones fueron permeadas por el crimen organizado y por políticos corruptos que forman estructuras paralelas y operadores que sobornan, defraudan, lavan dinero y confabulan. Con nuestro silencio los guatemaltecos hemos permitido el enriquecimiento ilícito de gobernantes, el circuito de corrupción se autoalimenta y regenera en cada gobierno, con actores muchas veces reciclados. En los períodos eleccionarios el capital político de esos personajes y el dinero ilícito para las campañas es lo que cuenta, el desprestigio no es mal visto. La depredación de la