Luego de los escándalos de corrupción develados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), la ciudadanía exige castigo a los culpables y extinción de los bienes mal habidos. Altos funcionarios públicos se han beneficiado, desde hace años, de los vacíos legales, falta de fiscalización del Estado, compra de voluntades y tráfico de influencias.
El diagnóstico es claro, las instituciones fueron permeadas por el crimen organizado y por políticos corruptos que forman estructuras paralelas y operadores que sobornan, defraudan, lavan dinero y confabulan. Con nuestro silencio los guatemaltecos hemos permitido el enriquecimiento ilícito de gobernantes, el circuito de corrupción se autoalimenta y regenera en cada gobierno, con actores muchas veces reciclados. En los períodos eleccionarios el capital político de esos personajes y el dinero ilícito para las campañas es lo que cuenta, el desprestigio no es mal visto. La depredación de la hacienda pública es el objetivo.
El clamor popular empieza a dar los primeros frutos con la emisión de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos que está por ser sancionada en el Congreso de la República. Pero se necesitan de muchas más reformas, las de Anticorrupción, Compras y Contrataciones, Servicio Civil y Carrera Judicial son obligadas pero caminan a paso de tortuga porque a la clase política les interesa mantener el statu quo. Mientras tanto las fuerzas vivas de la nación no encuentran asidero legal para procurar que sus protestas se transformen en cambios profundos dentro del orden constitucional. Se habla de reformas legislativas, de posponer las elecciones, pero también de refundación del Estado, suspensión temporal de la Carta Magna y hasta de un gobierno provisional.
Una cosa es evidente, la ciudadanía no se conformará con cambios superficiales, se requiere de cambios que permitan la selección de personas idóneas que velen por el correcto funcionamiento del Estado. ¿Cómo lograrlo? Una idea que ha funcionado en otras latitudes es convocar a un gran diálogo nacional donde se debatan y formulen propuestas al estilo de los Pactos de la Moncloa en España que fueron fundamentales para el tránsito de la dictadura a la democracia. Diálogo que debe integrarse por personas de reconocida honorabilidad, notables en diferentes ramas, representantes de organismos de Estado, partidos políticos, iglesias, universidades, asociaciones, líderes comunitarios e intelectuales que discutan los proyectos estratégicos de nación.
Los acuerdos que se derivarían de ello se podrían denominar Pactos de Gobernabilidad y de Políticas de Estado que trascenderían los períodos presidenciales. Una iniciativa como esta sería muy bien recibida por la población pues al ser multidisciplinaria sería representativa.
Los nuevos mandatarios, diputados y alcaldes entrarán a gobernar la nación sin respaldo político, se prevén las elecciones con más altos índices de abstencionismo y voto nulo registrados en la historia democrática del país, será un gobierno legalmente constituido mas no legítimo. Por eso es esencial constituir una instancia de consenso para que la población esté segura de que los cambios se llevarán acabo en el tiempo.
Guatemala no debe convertirse en un Estado fallido, un jurista colombiano, el abogado Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, acompañado de la licenciada Thelma Aldana, jefe del MP, han dado el primer paso en la lucha contra la corrupción y el saqueo. Ahora falta que los guatemaltecos acuerpemos esas actuaciones para depurar la clase política y encaminar al país por los senderos de la justicia, la democracia y la república. El balón está de nuestro lado, si hay voluntad de toda la sociedad lograremos el país que todos anhelamos.
