Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Por nuestro bien y el de sí mismos (parte I)

Que sean sus acciones y, mejor aún, los resultados, los que hablen por sí solos.

— Acisclo Valladares Molina
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Ningún bien le está haciendo a Guatemala la polémica política que se está dando en torno a la administración de Justicia, polémica que incluye las expresiones –políticas– de aquellos que se deberían limitar a lo jurídico.

 

Quien te quiere te aporrea –dice la sentencia popular– pero mi prevención anterior –lamentablemente– no fue atendida y vemos hoy inmersos en un vendaval político a quienes –para nuestro bien y el de sí mismos– no deberían exponerse a situaciones de este tipo siendo, como lo son jurídicas, y no políticas, sus funciones.

 

Dentro de ese vendaval, se permitió expresar –el Ministerio Público– que persigue criminales, siendo el caso que la función que le corresponde –como bien hubo de enmendarle la plana, sin citarlo, la CICIG– no es la persecución de “criminales” sino la de los hechos delictivos y sus presuntos responsables, preservada, en todo caso, la presunción de inocencia.

 

La desafortunada frase ha llevado a la institución al vendaval político (polemizando con políticos –función esta que no le corresponde–) vendaval que va in crescendo, habiendo surgido, incluso, abogados que la apoyan y otros que la adversan –apoyos y rechazos– grave el peligro –que se cobran y se pagan.

 

No se trata el Ministerio Público de un partido político sino de una institución auxiliar de la administración de Justicia y que –como tal– debe sustraerse de este tipo de vaivenes, vaivenes que no le corresponden.

 

Sumamente desafortunadas, también, las expresiones –políticas– de la CICIG previniendo que los esfuerzos que hacen en contra de la corrupción, el Ministerio Público-CICIG, serán infructuosos si los jueces no asumen su responsabilidad histórica –expresión esta– reitero y matizo –“su responsabilidad histórica”–, que es absolutamente política y que nada tiene que ver con lo jurídico –la función que le compete– auxiliar –la CICIG– como lo es –del Ministerio Público– la institución auxiliar de la administración de Justicia.

 

Los jueces deben emitir sus fallos atenidos –única y exclusivamente– al fácilmente comprensible silogismo jurídico –la aplicación de la ley, si encaja, al caso concreto–, y no a los “llamados de la historia”, la oportunidad y la conveniencia –categorías estas de índole política.

 

La CICIG corrigió su error, posteriormente, explicando que por “responsabilidad histórica” –expresión política– debía entenderse que lo hicieran de conformidad con la ley pero, para entonces, el error ya estaba cometido y había provocado reacción.

 

¿Creen el Ministerio Público y la CICIG que con sus intervenciones políticas le hacen un bien a Guatemala y que se lo hacen a las funciones que realizan? Pues bien, a los resultados me remito: sus expresiones políticas los han insertado en la política lo que compromete sus acciones jurídicas y, es más, sus posibles resultados, confrontados como se encuentran en la prensa –fuera de juicio– con líderes políticos.

 

En error parecido, aunque de distinta dimensión puesto que no se encuentra sujeto al mismo rigor jurídico –la función diplomática– es de índole política –ejecutora que es de políticas de Estado– el Embajador de los Estados Unidos de América, por su parte, se permitió una acción política –esto es lo suyo– lo suyo, dentro de los límites de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas –acción política– decía –de sumarse al público en un juicio–, “como una señal de apoyo a la administración de Justicia”, poniéndola, así –tal su necesario efecto– en entredicho. ¿Una Justicia “apoyada” por acciones políticas? ¡Por favor!

 

Un juicio que debería ser estrictamente jurídico e, incluso, que en estricto Derecho, dado la tipificación errada que se hizo de los hechos, no debe sostenerse –se ve, así, arrastrado a lo político– necesaria consecuencia de las acciones políticas que en torno suyo se realizan, acciones estas con las más buenas intenciones ¿Por qué ponerlo en duda? pero que comprometen la más preciada garantía de los jueces: su absoluta independencia –saliendo sobrando esos “apoyos”– léase, intromisiones –en las actividades de los jueces.

 

¿No existe, acaso, la capacidad de comprenderlo?

 

(Continuará en la columna del próximo martes)

 

Ah, y por cierto –el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran– estamos hoy –ni un día más, ni un día menos– a 36 días de elecciones.

 

acisclo_valladaresmolina@yahoo.com

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