Martes 23 DE Abril DE 2019
Opinión

Extradición de narcos

— EDITORIAL

El viernes pasado, el sindicado de narcotráfico Jairo Orellana, fue extraditado a petición de los EE. UU., para que pueda ser juzgado y sentenciado en dicho país, así como ha ocurrido con otros sindicados de narcotráfico en el pasado.

 

La extradición es la entrega que un país hace a otro, cuando este así lo reclama, del acusado de la comisión de ciertos delitos, para ser juzgado donde se suponen cometidos. Por supuesto, el país reclamante tiene la obligación de presentar las pruebas de los hechos con base en los cuales se acusa, y de juzgar al entregado de acuerdo con las leyes del país que lo requiere.

 

Nuestra Constitución admite que guatemaltecos sindicados de cometer delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional sean entregados a gobierno extranjero, conforme lo dispuesto en los tratados internacionales aprobados y ratificados por el Estado de Guatemala.

 

El narcotráfico y el lavado de narcodinero son delitos de carácter internacional y transnacional, porque están previstos y sancionados en las legislaciones penales de casi todos los países del mundo y, además, su ejecución se lleva a cabo en dos o más países, tal como lo previene la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (suscrita en Palermo, Italia), ratificada por Guatemala.

 

Para ninguno es un secreto que, a estas alturas, nuestro sistema judicial es totalmente incapaz e ineficaz para hacer frente al crimen organizado transnacional.

 

Por otro lado, el crimen organizado goza de poder político, ya que está incrustado en las altas esferas del sector público, por lo que goza no solo de protección y encubrimiento, sino que también de aliento y estímulo para expandir sus negocios ilícitos.

 

En todo caso, los narcos que caen en manos de la fuerza pública compran a operadores de justicia (policías, fiscales, juzgadores); y, en su caso, organizan fugas espectaculares, individuales o masivas, en los centros carcelarios del país. Estas últimas (las fugas masivas) les permiten a los narcos escapar al amparo de que delincuentes que la sociedad considera de mayor peligrosidad social sean los que acaparan la atención de las autoridades y de la opinión pública.

 

De esa cuenta, la extradición de los narcos es procedente, porque, seamos francos, no podemos lidiar con ellos, debido a sus redes criminales y a sus cuantiosos bienes dinerarios y no dinerarios.

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