Domingo 20 DE Octubre DE 2019
Opinión

Cuando se ejerce la independencia judicial

Y la población se indigna y se moviliza.

Fecha de publicación: 13-07-15
Por: Édgar Gutiérrez

Desde hace 90 días, Guatemala vive una situación extraordinaria, debido a que varias instituciones de justicia han emprendido acciones extraordinarias, atacando circuitos centrales de corrupción y mafias, donde ha quedado al descubierto la responsabilidad de altas autoridades de todos los poderes del Estado. No es la primera persecución penal de alto impacto a la que asistimos, pero esta vez, razonablemente, nadie puede alegar que se trata de “cacería de brujas”, en el sentido de la brutal e ilegal estrategia que emprendió el senador McCarthy en la década de 1950 (evocada en el suplemento elacordeón, 12/07/15 p.4, a propósito del centenario del dramaturgo Arthur Miller).

 

Esta es una situación extraordinaria porque el ejercicio de la independencia judicial resulta extraordinario en nuestro medio, no obstante que la división de poderes es un mandato central de la Constitución y rasgo esencial del régimen republicano. Intentos de actuaciones independientes (en sintonía con la justicia y el bien común) de policías, fiscales y jueces han sido sofocados durante décadas por estructuras informales, pero poderosas y permanentes, que anidan en las instituciones y las someten a intereses ilícitos particulares, a cambio de lucro. Hicieron del sistema de justicia una oscura fábrica de altísima producción de impunidad a las prácticas continuadas de corrupción, crímenes y abusos por parte de autoridades y agentes
privados.

 

La CICIG, una entidad invitada y temporal, que no forma parte del paisaje ordinario del sistema de justicia, pero en pleno cumplimiento de su mandato, hace de locomotora de varias instituciones que ahora luchan por librarse de intereses espurios. Tras los primeros años de ensayo-error, bajo el comisionado Iván Velásquez la CICIG ha llegado a un punto de maduración institucional en el que rinde notables frutos. No obstante, la CICIG sería vulnerable y los operadores de justicia se inhibirían de ejercer su independencia, como ha sido la costumbre, sin la movilización de la ciudadanía y de las organizaciones civiles y populares, una presión que se traduce en sentimiento extendido de indignación y condena modificando el clima social.

 

En la mayoría de las democracias los políticos y los poderes fácticos se comportan de manera semejante. Lo que hace la diferencia de un régimen político a otro es el grado de independencia del sistema de justicia y una ciudadanía despierta. Por eso, si hacemos de los escándalos y el acorralamiento de la clase política la oportunidad para sentar las bases de una cultura de legalidad, en efecto Guatemala comenzará a florecer transformando otras tantas instituciones.