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Investigación

Ejecutivo vuelve a utilizar a conveniencia partida de Q600 millones para Codedes


Algunos legisladores y alcaldes señalan el uso clientelar que se le da de nuevo a esta partida, la cual según las denuncias, servirá en esta ocasión para afianzar la reelección de Allan Rodríguez, como presidente del Congreso por un año más.

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El Ejecutivo dará en las próximas semanas vía libre a los Q600 millones de aporte extraordinario a los Consejos Departamentales de Desarrollo que serán entregados a municipalidades sin que exista un criterio técnico. Con esto buscan allanar el camino para la elección de la Junta Directiva del próximo año y del presupuesto.

La partida por Q600 millones que el Congreso de la República aprobó en abril de 2020 a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) justificándola como la “viabilización de obras nuevas para la reactivación económica” por la pandemia provocada por el COVID-19 y que se denunció por alcaldes de oposición y diputados como el pago de la aprobación del endeudamiento a los diputados de la alianza oficialista por Q5 millones en obras para cada uno, vuelve a ser utilizada por el Ejecutivo en un momento oportuno para sus intereses.

En esta ocasión, según la denuncia de alcaldes y diputados opositores, esta partida presupuestaria está siendo usada para afianzar los votos que servirán para la reelección de Allan Rodríguez como presidente del Congreso para el próximo periodo.
La reelección habría sido sellada, según una fuente que conoció de la reunión entre el presidente Alejandro Giammattei y Allan Rodríguez, en un apartamento del edificio Atrium en la diagonal 6 de la zona 10.

En ese encuentro, organizado por el jefe de bancada del oficialismo, Maynor Mejía Popol, y en la que participó además el presidente de la comisión de Finanzas del Congreso, el también oficialista Duay Martínez, se limaron las asperezas que habían entre Giammattei y Rodríguez.

Ambos presidentes se habían distanciado, y Giammattei pretendía no darle el respaldo del Ejecutivo a la reelección de Rodríguez, por el contrario buscaba apoyar al exministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, quien regresó al Congreso con el objetivo de presidirlo. Sin embargo, tras la reunión, Rodríguez salió con el beneplácito de Giammattei y con el compromiso de que la infraestructura del Ejecutivo estaría a su disposición para lograr los 81 votos que le permitan la reelección.

Con esta responsabilidad los legisladores se preparan para, a partir del próximo 15 de octubre, elegir la nueva Junta Directiva y con el “incentivo” reactivado por el Ejecutivo, los votos están de nuevo listos, aunque se prevé que el número con el que fue electo Rodríguez para el actual periodo se reducirá ante el descontento que mantienen varias bancadas que fueron fieles a Giammattei, pero que sienten rechazo por la forma en que el actual presidente del Congreso ha dirigido el pleno.
Además, un viaje que tiene previsto realizar Giammattei la próxima semana a Colombia, acompañado del diputado Manuel Conde, podría cambiar la balanza ahora inclinada hacia Rodríguez, aunque la bancada oficial se niega a respaldar a alguien que no sea del partido.

Los fondos sin ningún objetivo
En abril de 2020, el Congreso incluyó en la ampliación por Q5.1 millardos que financió con endeudamiento por medio de Bonos del Tesoro, una partida que poco o nada tenía que ver con la crisis que generaría la pandemia y que dejaría a miles de personas sin trabajo.

La partida por Q600 millones se destinó a los Consejos Departamentales de Desarrollo, presididos por los Gobernadores, muchos de los cuales impuestos por la alianza oficialista y participaron como candidatos a puesto de elección popular en las votaciones anteriores con los partidos Unión del Cambio Nacional, Frente de Convergencia Nacional, Todos y Valor.

La repartición de los recursos la hicieron entonces los diputados de cada distrito, sin tomar en cuenta el número de habitantes o datos estadísticos que establecieran si en determinado municipio había más problemas laborales para la población, o si la pandemia estaba afectando más a determinada aldea por lo que se debía priorizar con obras de infraestructura que requiriera de la mano de obra de trabajadores locales.

Al dejar sin efecto el Decreto 33-2020 que aprobaba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2021, quedó vigente el Presupuesto que contiene la ampliación por Q600 millones para los Codedes.

Hasta el pasado viernes, la partida presupuestaria presentaba cero ejecución, los gobiernos locales tendrán que prepararse para realizar procesos ágiles una vez se dé el visto bueno a los proyectos.

La misma historia
un año después
Con los Q600 millones vigentes, desde hace algunas semanas, los Codedes de distintos departamentos se empezaron a reunir de emergencia convocando a alcaldes, gobernadores e incluso diputados de la alianza, con la finalidad de repartirse de nuevo la ejecución de las obras.

Estas según denuncias de alcaldes, una vez más, están siendo asignadas sin dictámenes técnicos, y sin priorizar criterios como el número de habitantes, las necesidades básicas insatisfechas, los indicadores de salud y educación entre otros parámetros básicos que se deben contemplar para la asignación y priorización de obras de infraestructura.

Por ejemplo, en Quiché, los fondos no llegaron a todas las municipalidades y tras la reunión del Codede de ese departamento, los municipios de Joyabaj y Nebaj se quedaron sin un centavo de los Q600 millones extraordinarios, pese a contar con más población que Patzité o Pachalum. El primero de los municipios sumó seis proyectos por Q4 millones 993 mil 250, mientras que el segundo sumó seis proyectos por Q5 millones.

Solo el departamento de Quiché se recetó más de Q86.2 millones de los Q600 millones asignados como aporte extraordinario, es decir el 14.43 por ciento de los fondos que deberían de repartirse entre 22 departamentos o priorizarse, según criterios técnicos, fueron solicitados solo por Quiché.

En el Acta de Acta de Sesiones del Codede de Quiché, del 24 de septiembre pasado, el presidente del Codede señaló a los participantes que había tenido reuniones con diputados del departamento para encontrar el mecanismo técnico y legal para solicitar la asignación de los recursos extraordinarios al Ministerio de Finanzas, por lo que integró la propuesta de su departamento con 82 proyectos.

En el caso de Chimaltenango, el alcalde de Tecpán, obispo Puac, electo por un comité cívico, desconocía el proceso para la asignación de recursos extraordinarios y lo dejó plasmado en el acta en la cual se asignaron los proyectos.

Puac señaló, según el acta, que a su municipio no se le habían concedido recursos y no se veía reflejado en el listado donde 16 de los 17 municipios de dicho departamento habían obtenido recursos por un total de Q35 millones.

Por el momento, no en todos los departamentos se han realizado las reuniones para repartir las obras, según el alcalde Jorge Orellana, de Guastatoya, El Progreso, no hay ni siquiera instrucciones sobre qué criterios se van a tomar en cuenta para la asignación de los fondos extraordinarios.

“No nos han dicho nada hasta el momento, ni qué criterios se van a utilizar para repartir las obras, usted sabe que eso es político”, señaló el jefe edil.

Los “jaladores”
En el Congreso existe un grupo de diputados dueños o con vínculos con constructoras, quienes según sus compañeros, son quienes se encargan de convencer a los diputados con menos experiencia o sin contactos, que les trasladen a ellos la ejecución de las obras que se repartieron por Q5 millones.

Estos legisladores son conocidos como “los jaladores”, ya que son quienes se encargan de “jalar” las obras de los diputados a su conveniencia y las ejecutan en donde mejor les convenga sin ningún criterio técnico.“Ellos (los jaladores) lo que hacen es decirle a los diputados “dame tu obra y te doy la comisión de una vez sin que tengas que esperar todo el proceso”, les entregan Q100 mil en efectivo por ejecutarlas con sus empresas o de sus familiares o amigos constructores, obteniendo además un porcentaje adicional de esa obra”, señaló un legislador que pidió omitir su nombre para evitar represalias.

Entre los “jaladores” estarían Carlos López Maldonado, cercano a Sandra Torres e hijo del exdiputado señalado en el caso Plazas Fantasma, Carlos López Girón; el mismo presidente del Congreso Allan Rodríguez, con varias empresas ligadas a él y a su mano derecha Shirley Rivera, y el diputado Luis Galindo del partido Valor, entre otros.

La reelección de Allan Rodríguez
Aunque varias bancadas aliadas estaban cansadas de la actitud de Allan Rodríguez al frente del Congreso, en los últimos días los votos del conocido Pacto de corruptos, han vuelto a ponerse de acuerdo en la reelección del diputado oficialista.

Consultados diputados de las agrupaciones que eligieron a Rodríguez, coinciden en señalar que este “es un mal necesario” para sus intenciones el próximo año.

La actitud retadora del actual presidente del Congreso hacia la política de combate a la corrupción del Gobierno de Estados Unidos es algo que algunos consideran que difícilmente otro diputado podrá hacerlo y teniendo la elección del Procurador de los Derechos Humanos y la de la Fiscal General del Ministerio Público a las puertas, necesitan a alguien al que no le importen las sanciones que puedan venir al elegir a alguien que no sea de la confianza del Gobierno estadounidense.

“Hay molestia con Rodríguez, pero se ha ganado su reelección a pulso, la defensa que hizo de la Fiscal General del MP frente al Gobierno de Estados Unidos por haberla incluido en la Lista Engel, ninguno de los otros que quieren la Presidencia lo podrán hacer el próximo año que nos toca elegir al nuevo Fiscal y Procurador”, señaló un diputado de la alianza oficialista que pidió omitir su nombre para no entrar en conflictos dentro del Congreso.

Mientras tanto, dentro de la oposición, ven a Rodríguez como un “tonto útil”.

“Estamos conscientes de que el otro año vienen elecciones muy delicadas con lo cual buscan tomar el control total del Estado, por eso se van a agrupar alrededor de Rodríguez, quien resulta siendo un “tonto útil” a quien no le importa pelearse con Estados Unidos”, señaló un integrante de la oposición, quien según considera, alguien como Álvaro Arzú Escobar que también busca la Presidencia, a pesar de poder tener un exabrupto, sabría medir mejor las consecuencias de retar de frente al Gobierno norteamericano y lo pensaría dos veces antes de quedarse sin visa, contrario a lo que sucede con Rodríguez, considera.

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