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Investigación

La diputada constructora


Un grupo de constructoras vinculadas a la diputada Shirley Joanna Rivera Zaldaña, del Partido Vamos, se han beneficiado con desembolsos por más de Q60 millones con el Fondo para la Vivienda (Fopavi); los últimos pagos se realizaron durante el primer cuatrimestre de 2020.

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La diputada Shirley Rivera acompaña al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, para atender a una misión diplomática.

Shirley Joanna Rivera Zaldaña es una de las diputadas más influyentes de la actual legislatura; no solo es la subjefa de bancada del Partido Vamos y presidenta de la Comisión de Apoyo Técnico del Legislativo, también es la mano derecha del presidente del Congreso, Allan Rodríguez, quien no atiende a nadie o firma algún documento sin que lo haya revisado primero Rivera.

Incluso entre los diputados del partido oficial se mencionó el nombre de Rivera para ser la próxima presidenta del Congreso. Sin embargo hay algo de lo que Rivera Zaldaña evita hablar, y son sus vínculos con un grupo de constructoras de vivienda social y contratistas del Estado que se han beneficiado con más de Q90 millones en contratos durante los últimos nueve años.

 

Nombramiento de Shirley Rivera Zaldaña como presidenta del Consejo de Administración y Representante Legal de Grupo Dicon, S. A.
del 4 de agosto de 2006.

Emporio constructor
Aunque su nombre no figura como socia fundadora o accionista, Rivera Zaldaña tiene vínculos con al menos cuatro constructoras y una organización no gubernamental (ONG) que han obtenido millonarios desembolsos del Fondo Para la Vivienda (Fopavi) para construir vivienda social. Entre las empresas vinculadas se comparten representantes legales, contadores, asesores jurídicos y hasta los números de teléfono.

La principal es Grupo Dicon, S. A., fundada el 25 de mayo de 2005 y en la cual Rivera Zaldaña fue nombrada presidenta del Consejo de Administración y Representante Legal el 4 de agosto de 2006 (Grupo Dicon le pago sus cuotas patronales al IGSS en 2017); de 2012 a 2020 Grupo Dicon ha recibido desembolsos por Q53 millones 344 mil 206.80 por la construcción de 2 mil 702 viviendas en 73 proyectos, según la información proporcionada por el Fopavi.

La segunda es Promomaya, S. A., fundada el 8 de diciembre de 2005, constituida por el notario Kevin Danilo Rivera Zaldaña (hermano de la diputada y asesor jurídico de Grupo Dicon desde octubre de 2005) y cuyo representante legal, Jeremías Jacob Musus Avila, (sus cuotas patronales al IGSS fueron canceladas por Grupo Dicon de 2017 a 2018), la cual de 2012 a 2020 ha recibido desembolsos del Fopavi por Q6 millones 289 mil por la construcción de 350 viviendas repartidas en seis proyectos.
Existe una tercera empresa llamada Consultoría y Planificaciones, S. A. (Coplasa), cuyo representante legal era Roberto Aguid Coz Par, el contador de Rivera Zaldaña, quien recibió al menos un desembolso por Q770 mil, de los que Q504 mil fueron cancelados en febrero de 2020.

La ONG vinculada a la diputada Rivera es la Asociación Integral de Desarrollo de Sacatepéquez (Aidsa), cuyo anterior presidente y representante legal fue Ósman Alexander López Rivera, exesposo de la legisladora; la cual es una entidad intermediaria autorizada por el Fopavi para realizar estudios socioeconómicos a los beneficiarios y declarar si son elegibles para recibir el subsidio.

Hay una cuarta constructora vinculada llamada Construcciones GMZ, S. A., fundada el 29 de noviembre de 2005 y cuya representante legal es Mercedes Zaldaña Escobar, madre de la diputada, quien también está registrada para trabajar con el Fopavi, y que entre 2015 y 2016 ejecutó un proyecto por el cual recibió un desembolso por Q1.240 millones.

Según su reglamento, Fopavi otorga subsidios directos como aporte estatal a familias pobres para acceder a una vivienda. Por construcción en lote propio, el Fopavi otorga un subsidio de Q35 mil al beneficiario que va directo al constructor que edificará una vivienda mínima de 36 metros cuadrados; además el beneficiario debe cancelar Q3 mil 500 al constructor y pagar Q300 de un estudio socioeconómico a una entidad intermediaria, que declara si es elegible para recibir el subsidio.

Nombramiento de Shirley Rivera Zaldaña como presidenta del Consejo de Administración y Representante Legal de Grupo Dicon, S. A.
del 4 de agosto de 2006.

Amistad, política y negocios
De acuerdo con fuentes cercanas a la legisladora, Rivera Zaldaña se inició en trabajos de limpieza vial y la construcción de vivienda popular en 2005 cuando operaba el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (Foguavi), antecesor del Fopavi que le reemplazó en 2012. Allan Rodríguez trabajó entre 2004 y 2008 en Foguavi, y entabló amistad con Rivera Zaldaña y otros constructores a los que ayudaba a conseguir proyectos tanto en Foguavi como en su sucesora, agrega la fuente.

En 2015, Rodríguez convenció a Rivera Zaldaña de incursionar en la política y se postularon para diputados por Sololá por la alianza Creo-Unionista; Rodríguez, quien tiene familia en Sololá, ocupó la primera casilla y Rivera Zaldaña la segunda, pero no lograron los votos para ser electos.

Quien tuvo mejor suerte fue Rodríguez, ya que fue contratado como asesor por el diputado Fernando García Gudiel en 2017 y bajo la sombrilla del legislador operaba negocios con el Fopavi, el Ministerio de Agricultura y el de Cultura y Deportes donde un sobrino de García Gudiel era Viceministro de Deportes, agrega la fuente, quien pidió omitir su nombre por seguridad.
Consecuencia o coincidencia, las constructoras vinculadas a Rivera Zaldaña obtuvieron cinco contratos millonarios con el Ministerio de Agricultura (MAGA) y el de Cultura entre 2017 y 2018.

En 2018 Promomaya obtuvo un contrato por Q10 millones 981 mil 472.23 para mejorar sistemas de riego en Jutiapa y otro por Q2 millones 379 mil 801.50 con el Ministerio de Cultura y Deportes para construir canchas deportivas en el Parcelamiento La Máquina en Retalhuleu.

Mientras que Grupo Dicon obtuvo dos contratos con el MAGA; uno en 2017 por Q3 millones 505 mil 823 para dotación de materiales para aljibes familiares; y otro el 26 de diciembre de 2018 por Q6 millones 600 mil 850 por el mismo concepto. La empresa Consultoría y Planificaciones, S. A.

(Coplasa) también obtuvo un contrato con el MAGA en 2017 por Q1 millón 851 mil 718.80 para implementar sistemas de riego por goteo para huertos familiares en Tajumulco, San Marcos.

En total fueron cuatro contratos con el MAGA y uno con el Ministerio de Cultura y Deportes por un monto total de Q25 millones 319 mil 665.53.

Los diputados Allan Rodríguez, Josué Lemus (exministro de Comunicaciones), Shirley Rivera y Sergio Arana.

Últimos desembolsos en 2020
En 2018 Allan Rodríguez y Shirley Rivera Zaldaña se sumaron al Partido Vamos y se postularon como candidatos a diputados. Rodríguez nuevamente por Sololá y Rivera Zaldaña por el departamento de Guatemala. Ambos resultaron electos en las votaciones del 16 de junio de 2019.

La Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 164 inciso b) prohíbe que los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado y que de resultas de tales obras o empresas tengan pendientes reclamaciones de interés propio puedan ser diputados.

Rivera Zaldaña asumió su curul sin ningún reparo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 14 de enero de 2020.
Había que apurar las obras y los desembolsos. En 2019, el Grupo Dicon recibió del Fopavi desembolsos por Q2 millones 492 mil y Promomaya recibió Q430 mil 500.

Y en el primer cuatrimestre de 2020, Grupo Dicon recibió desembolsos pendientes por obras contratadas en 2019 y realizadas en Santa Rosa y Sacatepéquez por Q563 mil 500 y Promomaya recibió desembolsos por Q143 mil 500 por viviendas construidas en municipios de Guatemala.

La empresa Coplasa también recibió un desembolso por Q504 mil el 21 de febrero de 2020, por un segundo, tercero y cuarto pago de viviendas construidas en los municipios de San Raymundo y San Pedro Sacatepéquez, según los registros del Fopavi.

Contratos adjudicados a sí mismos
En 2008 la Asociación Integral de Desarrollo de Sacatepéquez (Aidsa), presidida y representada legalmente por Ósman Alexander López Rivera (exesposo de la diputada Shirley Rivera), suscribió un convenio con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), que luego trasladó sus funciones al Fondo Social de Solidaridad (FSS) para administrar la ejecución de proyectos de construcción de aulas, sanitarios y remozamiento de escuelas en Sumpango y La Antigua Guatemala, así como en varios municipios de El Progreso, por un monto de Q10 millones 981 mil 900.46.

Para remozar las escuelas públicas en Guastatoya, Morazán, San Agustín Acasaguastlán, El Jícaro y San Antonio La Paz, en El Progreso, Aidsa le adjudicó a Grupo Dicon (la empresa de la cual Shirley Rivera Zaldaña era presidenta y representante legal) un contrato por Q3 millones 603 mil 850.

“Son redes para saquear el Estado”
En opinión de Manfredo Marroquín, experto en temas de transparencia, en este caso “existe una red de corrupción dirigida desde el Congreso que involucra al actual presidente y su presunta sucesora; y ahora sabemos cuáles son sus méritos para haber llegado a esas posiciones: porque son expertos en saquear el Estado y eso es lo que se privilegia en esos cargos ahora. ¿Qué currículum, qué métodos y qué redes tienen para saquear al Estado? y no sus méritos profesionales, intelectuales o sociales”.

“A todas luces hay violaciones, son diputados que tienen prohibición para ser contratistas del Estado, pero lo hacen usando testaferros… y como Guatemala carece de instituciones independientes de control como la Contraloría General de Cuentas que solo vigila gastos, pero es inoperante”, agrega.

“Es la de nunca terminar y con esta señora supuestamente elegida para suceder al presidente del Congreso, qué podemos esperar, un saqueo mayor el año que viene”, concluye Marroquín.

Allan Rodríguez y Shirley Rivera fueron candidatos a diputados por Sololá en 2015.

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