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Investigación

Los casos de corrupción en el CIV que obvió la Contraloría en su informe


La Contraloría General de Cuentas presentó la semana pasada su Informe Anual de Auditoría del Ejercicio Fiscal 2020, en el que publicó escasos reparos y denuncias en contra de funcionarios y dependencias públicas; unas de las que pasan totalmente desapercibidas son la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), la Dirección General de Caminos (DGC), y el Fondo Para la Vivienda (Fopavi), unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones, que a pesar de los diversos reportajes publicados sobre anomalías y favoritismo en la adjudicación de millonarios contratos de obras, la Contraloría no reportó absolutamente nada.

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Durante 2020, elPeriódico dio a conocer una serie de investigaciones que relataban casos de corrupción dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) al momento de otorgar contratos de obra pública a constructores señalados de corrupción, diputados al Congreso de la República y a allegados de las más altas esferas de dicha dependencia del Organismo Ejecutivo.

Sin embargo, el Informe de Auditoría del Ejercicio Fiscal 2020 realizado por la Contraloría General de Cuentas (CGC) libra de responsabilidades y hallazgos a las autoridades del CIV, pese a las pruebas y documentos que sustentan las investigaciones periodísticas.

A continuación un resumen de las principales investigaciones que elPeriódico publicó el año pasado y que la CGC obvió en su informe anual:

1. Los conflictos de interés del nuevo Director de Caminos:

 En febrero del año pasado, elPeriódico advirtió que el recién nombrado director de Caminos, Fredy Chojolán Duarte, afrontaba un conflicto de interés dado que sus primos controlaban más de 40 constructoras contratistas en el CIV.

2. Negocios en familia

 Posteriormente en octubre se documentó como Fredy Chojolán siendo director de Caminos entregó dos millonarios contratos que suman Q87.9 millones a la Constructora J.J.R.M. propiedad de su primo William Haroldo Romero Chojolán. En este caso la Comisión Presidencial contra la Corrupción presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Chojolán, pero la Contraloría no hizo ningún reparo ni denuncia.

3. Los conflictos de interés del nuevo Director de Covial:

 En marzo del año pasado, elPeriódico documentó que los hermanos del recién nombrado director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), Mario Gustavo Aguilar Alemán, laboraban para Constructora Beralva, una contratista del CIV.

4. Contratos para los amigos

 En septiembre del año pasado, se comprobó que Constructora Beralva, propiedad de Berta Alicia Vargas, había sido beneficiada en Covial con dos contratos, el primero de Q8 millones 726 mil y el segundo de Q9 millones 580 mil 704. En la misma publicación también se documentó que la entidad dirigida por Mario Gustavo Aguilar Alemán benefició con millonarios contratos a las empresas de la familia Argueta Mayorga, a quienes les tiene dedicada su tesis universitaria.

5. CIV entrega proyectos a implicados en caso Asalto al Ministerio de Salud

 En junio del año pasado, las autoridades de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) del Ministerio de Comunicaciones adjudicó proyectos a las empresas Construvías y Diseño e Ingeniería de Riego y Agua, las cuales están vinculadas a empresarios que pagaron sobornos para recibir contratos para reparar hospitales y centros de salud durante el gobierno patriota.

6. CIV adjudica proyecto a empresa vinculada con casos de corrupción

 En junio del año pasado, el entonces director de Caminos, Fredy Chojolán Duarte, avaló la adjudicación de un proyecto de Q91 millones a favor de la empresa Opción Técnica, S. A. cuyo representante legal Nicolás de Jesús Acevedo Sandoval, se encuentra procesado al estar vinculado al caso Asalto al Ministerio de Salud.

7. Gobierno adjudica obra a constructora vinculada a caso de corrupción

 En julio del año pasado el Ministerio de Comunicaciones avaló la adjudicación de un proyecto de Q79 millones a favor de la empresa Constructora e Inversiones Insol, la cual pertenece a Patricio Estanislao Ralón Ordóñez, a quien la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalaron en el caso Asalto al Ministerio de Salud y le imputaron los delitos de testaferrato y cohecho activo, al haber pagado soborno a cambio de un millonario contrato por excepción en esa cartera.

8. Contratos entre amigos

En octubre una nueva investigación publicada por elPeriódico dio a conocer que José Luis León Fajardo y su esposa Ericka Azucena Schwartz de León son una pareja de contratistas que fue beneficiada con contratos en 2020 por Q272.1 millones por parte de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y de la Dirección General de Caminos (DGC) del Ministerio de Comunicaciones, una cifra que nunca antes habían recibido gracias, en parte, a su amistad con los directores de Covial y Caminos; y con familiares del ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus Cifuentes.

9. Covial adjudica contratos a empresas de exdiputado

 Durante 2020 las empresas del Consorcio H del exdiputado Carlos Humberto Herrera Quezada, acusado de abuso de autoridad y peculado en el caso Plazas Fantasma en el Congreso, fueron favorecidas por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) del Ministerio de Comunicaciones con contratos por Q56 millones.

10. El financiero “ad honórem”: primo del Ministro administra los fondos de Caminos

 En enero pasado elPeriódico documentó que Gerson Alexis Morales Hernández, primo del ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus Cifuentes, coordina la División Financiera de la Dirección General de Caminos (DGC) desde 2020, pese a no estar contratado por carecer de finiquito. Según fuentes de la DGC, se reúne con contratistas y toma decisiones de a quiénes pagar con la venia de su socio Nery Alfonso Ramírez Revolorio, subdirector administrativo de Caminos.

11. Los constructores allegados al presidente del Congreso

 Durante 2020 la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y el Fondo para la Vivienda (Fopavi) beneficiaron a una docena de empresas constructoras vinculadas a Alma Lucrecia González Lemus, exsocia del diputado Allan Rodríguez, presidente del Congreso. elPeriódico contabilizó que dichas compañías obtuvieron más de Q141 millones en el Ministerio de Comunicaciones durante el año pasado.

12. La constructora vinculada al diputado Lainfiesta

 Maya Pav, una constructora que pertenece al diputado de la bancada de la Unión del Cambio Nacional (UCN) Julio Lainfiesta Rímola, fue beneficiada durante 2020 con tres contratos de mantenimiento de carreteras por Q18 millones 327 mil 778, por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) del Ministerio de Comunicaciones. Además, Caminos le asignó un contrato por procedimiento de excepción de Q10 millones 4 mil 140, por alquiler de maquinaria durante la emergencia de las tormentas Eta y Iota.

Un Contralor electo por el “Pacto de Corruptos”

Edwin Humberto Salazar Jerez fue electo en abril de 2019 como contralor general de Cuentas por el Congreso de la República.

Durante la votación el funcionario recibió 103 votos a favor provenientes de los diputados que formaban parte de las bancadas Todos, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Movimiento Reformador (MR), Alianza Ciudadana (AC), Independientes, Union del Cambio Nacional (UCN), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Visión con Valores (Viva), Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y dos representantes de los bloques de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Previo y durante el proceso de elección del nuevo Contralor de Cuentas se mencionó que el entonces diputado Edgar Tomás Córdova Molina habría ofrecido prebendas a otros legisladores a cambio del voto a favor de Salazar Jerez.

De acuerdo con las denuncias de los diputados de la UNE, Córdova Molina operó –entre otros congresistas– para que cada legislador que votará a favor de Edwin Salazar recibiera a cambio Q100 mil.

Según las mismas denuncias, Felipe Alejos y José Ubico, de Todos; Alejandra Carrillo, independiente; y Javier Hernández, de FCN-Nación, contribuyeron al cabildeo para favorecer a Salazar Jerez.

Suspicazmente durante el primer cuatrimestre de 2019 el gobierno concedió Q123.9 millones en contratos de obra pública a la empresa Constructora y Transportes San Francisco, propiedad de Francisco Alejandro Córdova Molina, hermano del entonces legislador que fue acusado de ofrecer dinero a cambio de votos a favor del Contralor.

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