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Investigación

El nuevo proyecto económico de los militares


El presidente Alejandro Giammattei le cedió y transfirió de manera gratuita (sin pago alguno) al Instituto de Previsión Militar (IPM) una finca de 592 mil 591 metros cuadrados ubicada a un costado de la pista aérea del Aeropuerto de San José, Escuintla, para que invierta en una Zona de Desarrollo Económico Especial Pública, un área extra-aduanal para el desarrollo de bienes y servicios industriales y comerciales, y construir una carretera para el paso de vehículos que transportan combustibles. Analistas ven con desconfianza la participación del IPM en el proyecto debido a su oscuro pasado de corrupción y malas inversiones de los recursos de sus jubilados.

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Desde que asumió la Presidencia, Alejandro Giammattei ha impulsado que el Aeropuerto del Puerto de San José, Escuintla se transforme en una terminal aérea especializada de carga.

El 19 de enero de 2020, cuatro días después de haber asumido la Presidencia, Alejandro Giammattei, anunció con bombos y platillos la construcción de un Aeropuerto Internacional de Carga en Puerto de San José, Escuintla, el primero de su tipo en Centroamérica.

“Queremos inaugurar, este año, el primer aeropuerto de carga en todo el Istmo. No existe un aeropuerto especializado de carga, y queremos que haya una zona franca… para poder generar más empleo y aumentar los niveles de inversión y exportación del país”, comentó Giammattei a varios medios de comunicación que lo entrevistaron en esa oportunidad.

El proyecto es una de las acciones estratégicas del Plan General de Gobierno 2020-2024, que impulsa las zonas francas, zonas económicas industriales, recintos aduaneros. El mandatario agregó que con este “vamos a trasladar todo el tema de carga que viene por el Aeropuerto Internacional La Aurora y que se irá al Aeropuerto del Puerto de San José.

El proyecto avanza a paso firme. El 9 de mayo de 2020, el mandatario visitó la  Base Aérea Militar del Puerto de San José para aprobar los planes e iniciar la primera fase de trabajos para convertir la vieja pista de aterrizaje en un aeropuerto de carga internacional.

A Giammattei lo acompañaron su ministro de Economía, Antonio Malouf; el ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus; el ministro de la Defensa, Juan Carlos Alemán;  el director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta; y el jefe de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, Luis Miguel Martínez, quienes alabaron que entre los beneficios económicos del proyecto se contará con una zona franca para empresas extranjeras. 

Lo que el gobernante y sus funcionarios omitieron mencionar es que el principal socio del proyecto sería el Instituto de Previsión Militar (IPM), el fondo de jubilaciones de los militares, que acumula un pasado cuestionable por escándalos de corrupción y malas inversiones de sus recursos, el que se encargará de invertir y administrar la Zona de Desarrollo Económico Especial Pública.

Transferencia del terreno sin pago alguno: ¿un regalo del Presidente?

El  29 de abril pasado, el mandatario Giammattei firmó el Acuerdo Gubernativo 95-2021 el cual acuerda “ceder y transferir la propiedad sin pago a favor del Instituto de Previsión Militar de una fracción de terreno de 592 mil 591.073 metros cuadrados”.

Dicha propiedad se ubica entre la pista aérea del Puerto de San José y la carretera CA-9A específicamente en el kilómetro 105 ruta CA-9A del municipio de San José en Escuintla.

Además de Giammattei, el acuerdo es firmado por Juan Carlos Alemán Soto, ministro de la Defensa; Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas Públicas; y María Consuelo Ramírez Scaglia, secretaria general de la Presidencia.

La Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (Dicabi) del Ministerio de Finanzas Públicas estimó que el bien inmueble transferido al IPM tiene un valor fiscal de Q14 millones 484 mil 422.77, aunque su valor de mercado podría superar con creces dicha cifra.

Los planes del IPM y la rentabilidad del proyecto

De acuerdo con el Acuerdo Gubernativo 95-2021 firmado por el presidente Giammattei, el IPM tiene previsto utilizar la propiedad para desarrollar dos proyectos de inversión: una Zona de Desarrollo Económico Especial Públicas (ZDEEP), un área extra aduanal para el desarrollo de bienes y servicios industriales o actividades comerciales, con tarifas especiales, régimen aduanero temporal y comercio exterior “la cual generaría desarrollo económico y social en el país”.

El segundo proyecto que tiene previsto el IPM es la construcción de una carretera para el paso de vehículos pesados que transportan combustibles “lo cual coadyuvará a descongestionar el tráfico que pasa por el casco urbano del municipio de San José”.

Los militares no van a desembolsar ningún dinero por el inmueble de 592 mil 591.073 metros cuadrados. Pero de acuerdo con el reglamento de cobro de tarifas de las ZDEEP, el IPM como propietario del terreno va a captar entre el 54 por ciento y el 70 por ciento de lo que se le cobre a cada empresa que funcione dentro de la zona extra aduanal.

Dicho porcentaje de ingresos podría verse incrementado si el IPM también solicita ser el administrador de la ZDEEP que va a operar en el terreno que recientemente el Estado le “regaló” a la seguridad social de los militares por orden del presidente Giammattei. El reglamento de tarifas contempla que el administrador de una ZDEEP obtenga un 20 por ciento de la tarifa que cobre a cada empresa que se instale en la zona de desarrollo.

 “Hay un montón de empresas mexicanas que ya están interesadas”

elPeriódico entrevistó al coronel Javier Humberto Robles Arrivillaga, gerente del IPM, quien dejó más dudas que respuestas sobre el proyecto que el IPM pretende desarrollar en San José, Escuintla. 

El funcionario se excusó en no poder dar todas las respuestas porque aún hay estudios de prefactibilidad pendientes de realizar, pero dijo que la idea de todo el proyecto es del gobernante Alejandro Giammattei. 

“El señor Presidente de la República en apoyo del IPM, y que IPM es una institución del Estado solo que descentralizada, y que los terrenos a la hora de pasar a ser de IPM siguen siendo del Estado, y como nuestra ley nos permite arrendar, bueno pasemoselos a ellos para que ellos coadyuven al desarrollo de esta área”, indicó Robles Arrivillaga.

Agregó que él se enteró del proyecto cuando vio al mandatario anunciarlo por televisión “Él lo dijo en el video, ahí me enteré yo. Ahí empecé a trabajar en todo. Inicialmente el señor Ministro (de la Defensa) solo me había comentado y realmente me confirman cuando el (Presidente) sale en la televisión diciendo esa parte”.

El gerente del IPM ratificó haber sostenido reuniones con Giammattei para discutir sobre el proyecto. “Lo que sí nos dijo el señor Presidente de la República es que hay un montón de empresas mexicanas que ya están interesadas y se han acercado al gobierno y que esto va a funcionar”. 

El coronel Javier Humberto Robles Arrivillaga es el actual gerente del Instituto de Previsión Militar (IPM).

Explicó que Rolando Paiz (coordinador general del Programa Nacional de Competitividad –Pronacom–) y los funcionarios de Zolic (Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla) son los que “han estado en reuniones con empresarios y sí hay un abanico de gente que está interesada y más mexicanos por la situación que están viviendo en México se quieren venir a Guatemala”.

Javier Robles manifestó que inicialmente se tiene previsto habilitar únicamente 12 mil metros cuadrados de los 592 mil 591.073 metros cuadrados que el Estado les está cediendo.

Señaló que aunque hace falta que se realicen los estudios de prefactibilidad considera que la inversión inicial sería aproximadamente de Q6 millones (en bodegas, alumbrado y servicios) y que esperan que en cuatro años exista un retorno del financiamiento.

“La cuestión es armar la infraestructura, más por lo que pide la SAT, cámaras de seguridad y toda la cuestión para controlar los impuestos y todo. Tenemos la capacidad porque generamos fondos propios. No tocaríamos ni un centavo de las jubilaciones porque el dinero que da el Estado es completo para pagar jubilaciones”.

Robles Arrivillaga declaró que aún no hay una decisión sobre si el IPM buscará inversionistas privados dentro del proyecto de ZDEEP. “También se ha visualizado como algo de capital mixto. Podría ser, pero todo depende de los estudios”, agregó. 

Sobre el proyecto de la carretera privada, el gerente del IPM fue más cauto. “Ahí si lo tenemos que ver y estudiar. Ahora no puedo responder eso. La idea del gobierno es que todo el transporte pesado de carga de combustible ya no pase por el pueblo sino que pase por esta área. Tenemos que estudiarlo y sentarnos con ellos a dialogar”, declaró.

“Es un acto de expoliación al Estado”

Para el analista político Renzo Rosal el traslado gratuito de un terreno propiedad del Estado a manos del IPM “es un negoción por donde se quiera ver”.

“Esto es un acto de expoliación al Estado porque el IPM no invierte nada por ese terreno pero ahora va a obtener jugosos dividendos por el uso que se le dará a dicha propiedad”, indicó Rosal.

El politólogo también indicó que la sociedad debe seguir de cerca este proceso porque en determinado momento “podría tratarse de un negocio de salida del presidente Giammattei y su grupo”. “Creo que la actividad económica en ese ZDEEP va a generar bastantes ingresos y con eso el presidente y sus financistas de campaña podrían tener para entretenerse ellos y sus siguientes generaciones”, comentó.

Por su parte, el economista Miguel Guitiérrez también manifestó su preocupación porque el IPM administre una ZDEEP. “Por décadas se ha vinculado al Ejército con el contrabando y el rompimiento de las reglas aduaneras”, declaró.

“El Ejército fue creado para resguardar las fronteras y no administrar zonas económicas especiales, además no tiene ningún expertiz sobre ese tema. Además el IPM ha sido una institución plagada de señalamientos de corrupción que la ha vuelto totalmente insolvente. Están haciendo una melcocha que genera dudas y suspicacias”, concluyó Gutiérrez.

El funcionamiento de las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (ZDEEP) son aprobadas por Zolic.

De las ZDEEP

Las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (ZDEEP) fueron creadas dentro de las reformas que en 2018 hizo el Congreso de la República a la Ley Orgánica de Zolic.

El concepto de los legisladores fue considerar una ZDEEP al “área física vigilada por la Zolic donde se permite ingresar a una parte delimitada del territorio nacional, mercancías que se consideran como si no estuviesen en el territorio aduanero con respecto a los derechos e impuestos de importación”.

Dentro de la ZDEEP se pueden instalar empresas  industriales, de comercio y de servicios, así como desarrollar actividades de producción, fabricación, transformación, ensamblaje, comercialización, distribución, almacenamiento, conservación, fraccionamiento, empaque, reempaque, embalaje, manipulación, clasificación y cualquier otra operación de mercancías de su propiedad o importación y exportación.

Las empresas que se instalen dentro de las ZDEEP gozan de una exención del cien por ciento del pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 10 años. Tienen una suspensión temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), derechos arancelarios y demás cargos en la importación de mercancías que ingresen a la zona (materias primas, insumos, materiales, productos intermedios, maquinaria, equipo, repuestos y accesorios) hasta que sea importada la mercancía al territorio aduanero nacional.

Otro beneficio para las empresas es la exención del IVA por los hechos y actos grabados realizados dentro de la zona libre cuando sean exportados al comercio exterior. También hay una exención de timbres fiscales, sobre los documentos que contienen actos o contratos sobre bienes y negocios en la zona.

IPM: una historia de malos manejos

El Instituto de Previsión Militar (IPM) ha sido centro de numerosos escándalos de corrupción que ha permitido a algunos militares salir del anonimato financiero

El Instituto de Previsión Militar (IPM) fue creado en 1966. Es una entidad descentralizada que tiene por objeto brindar seguridad social a los oficiales del Ejército y sus familias.

A lo largo de su historia el IPM ha estado envuelto en escándalos de corrupción, pérdidas millonarias por fracasos empresariales y malas inversiones de los recursos de sus jubilados. 

En la década de los setenta durante los gobiernos militares el IPM invirtió cientos de millones de quetzales en diversas empresas como el Banco del Ejército (fundado en 1971) y el cual quebró en 2002 debido a malos manejos financieros y la concesión de millonarios créditos a empresas relacionadas a militares que nunca pagaron, por lo que el Banejer empezó a acumular pérdidas millonarias y por orden del presidente Alfonso Portillo debió ser absorbido por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) a fin de evitar una crisis del sistema bancario; en dicho salvataje, el IPM que era su principal accionista vio desaparecer su inversión en el banco de casi Q300 millones y el Estado le transfirió al Instituto Q35 millones de los contribuyentes para pagar los pasivos laborales de los empleados del banco.

En el 2000 la Junta Directiva del IPM aprobó invertir US$36 millones 377 mil 659 en Pension Fund of America (PFA), una empresa con sede en Coral Gables, Florida, Estados Unidos; en marzo de 2005 la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) demandó a PFA por fraude generalizado por robarse unos US$127 millones de más de 3 mil 400 inversionistas (el mayor inversor era el IPM) mediante el ofrecimiento de planes de retiro con altos rendimientos. La SEC congeló los fondos de PFA y tras demandarla el IPM pudo recuperar US$25 millones quedando pendientes de rescatar US$11 millones 283 mil 125 (alrededor de Q102 millones) que el IPM ya provisionó como una cuenta incobrable.

 De acuerdo con un cable filtrado por WikiLeaks y elaborado el 29 de septiembre de 2003 por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala relata que el “IPM junto con su subsidiaria Inverma, transfirieron aproximadamente US$37 millones al Pension Fund of America (PFA), con sede en Miami. El dinero se transfirió en varias transacciones más pequeñas a PFA desde agosto hasta noviembre de 2001 con la intención declarada de invertir en acciones y bonos negociados en Nueva York”.

Dicho cable relata la conversación que tuvo el entonces embajador estadounidense John Hamilton con el general Alfredo González, quien fue presidente del IPM después de la estafa en Estados Unidos.

En la conversación, “Gonzalez inmediatamente se retractó de las afirmaciones que había hecho de que el IPM era simplemente víctima de malas decisiones financieras y un grupo de estafadores en Miami. Admitió que la junta directiva anterior del IPM recibió sobornos de PFA por aceptar transferir los fondos mediante cuentas de PFA. Afirmó que varios miembros (no identificados) de esa junta directiva recibieron cheques por US$50 mil”, detalla el cable.

De acuerdo con la filtración el embajador cree que “González no abordó la historia de corrupción dentro del IPM e instituciones relacionadas, como el Banco del Ejército, lo que arroja dudas sobre la salud financiera del fondo. Se sabe que el fondo concede préstamos en condiciones favorables a los miembros de la junta y a los oficiales militares y del MOD de alto rango sin intención de cobrarlos nunca. El fondo también ha estado involucrado en acuerdos inmobiliarios incompletos en los que se compró una propiedad de poco valor a amigos del fondo por sumas infladas. Es probable que la evaluación positiva de González del IPM de salud a mediano plazo se base en parte en activos sobrevaluados y fuera de lugar en la administración de fondos actual y futura. Una ventaja potencial para las perspectivas financieras del fondo es la propiedad del 40 por ciento de muchas de sus inversiones por parte de militares y exmilitares influyentes, que probablemente tengan los medios para garantizar la rentabilidad de sus inversiones. Se sabe que las empresas vinculadas con militares actuales y anteriores utilizan medios ilícitos para apoyar sus negocios, como el mantenimiento de monopolios mediante la intimidación y manipulación del sistema legal, así como el acceso a favores políticos y tratos amigables financiados por el gobierno. Sin embargo, estas inversiones están sujetas a los mismos riesgos de fraude y robo que agotaron las inversiones estadounidenses de IPM. Podría volver a suceder”.

En otra parte del cable, Hamilton, también agrega que en la estafa “existe la posibilidad de que se haya involucrado un lavado de dinero más extenso dado el secreto de las transacciones financieras del IPM y los vínculos conocidos de los militares con el crimen organizado”.

El IPM también invirtió US$500 mil (unos Q3 millones 849 mil 420) en una póliza de seguro con la firma Mutual Benefits Corporation con sede en Florida, Estados Unidos, la cual fue intervenida por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). La póliza venció el 22 de enero de 2016 y no existen probabilidades de recuperar la inversión a partir de esa fecha.

En 2012, el medio digital Plaza Pública reportó que el gobierno del Partido Patriota cedió al IPM propiedades en Cayalá zona 16, Campo de Marte y en una zona adyacente al Puerto Quetzal en Escuintla para amortiguar la deuda del Estado al IPM que en esa fecha ascendía a Q216 millones 605 mil 003.

En 2016, el IPM firmó un contrato para la construcción de un nuevo estadio del Ejército con la empresa Futeca, S. A., a cambio la empresa iba a administrar la instalación deportiva por un plazo de 52 años. Sin embargo, la Contraloría General de Cuentas (CGC) consideró lesivo el contrato y el IPM decidió cancelar el acuerdo. La semana pasada el IPM sacó a licitación en Guatecompras la demolición del viejo estadio para lo cual presupuestó  Q3 millones, pero se desconoce quién construirá el nuevo estadio y bajo qué condiciones.

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