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Investigación

Aviones, minería, narcotráfico y presidentes


Un ciudadano argentino propietario de una mina en Guatemala fue acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico por el Gobierno de Estados Unidos. Este empresario habría financiado y proporcionado aeronaves a varios candidatos presidenciales.

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El nombre de Federico Andrés Machado salió a relucir el 27 de enero pasado durante una citación en el Congreso de la República como presunto responsable de la explotación de una mina ilegal en  Camotán, Chiquimula, donde estarían extrayendo oro y plata.

Pero este ciudadano argentino con inversiones en minería, construcción y desarrollo de proyectos turísticos en Guatemala, tiene problemas más graves y urgentes que atender: el 24 de febrero pasado fue acusado por el Gobierno de Estados Unidos junto con otras siete personas de integrar una organización que entre 2012 y el 18 de diciembre de 2020 conspiró con narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México para enviar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos. 

Los acusados son Federico Andrés Machado, dueño de South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing con sede en Fort Lauderdale, Florida; Debbie Mercer-Erwin propietaria de Aircraft Guaranty Corporation (AGC) fundada en Onalaska, Texas, y Wright Brothers Aircraft Title (WBAT); su hija Kayleigh Moffett, ejecutiva de AGC y WBAT; Guillermo García Méndez de GM Aviation, una filial de AGC en México; Carlos Rocha Villaurrutia, dueño de Texton Enterprises LLC, TWA International Inc., y Ford Electric Co., con sede en Cheyenne, Wyoming; Michael Assad Marcos, dueño de Global Jets LLC, Jetnet LLC y Projects Inc; Alban Gerardo Azofeifa Chacón, un expolicía y piloto aviador costarricense, y Aaron Bello-Millian, un piloto aviador mexicano, estos dos últimos fueron capturados por el Ejército de Guatemala el 17 de diciembre de 2019, luego de aterrizar un jet Gulfstream III cargado con 2 mil 572 kilos de cocaína en el Parque Nacional Laguna del Tigre, San Andrés, Petén.

Además Machado, Debbie Mercer-Ewin y su hija Kayleigh Moffett, habrían lavado al menos US$350 millones de 2016 a diciembre de 2020, según las investigaciones de la fiscalía estadounidense. Por esto son acusados de cinco delitos: conspiración para manufacturar y distribuir cocaína, conspiración para fabricar y distribuir cocaína sabiendo que esta iba a ser llevada de manera ilegal a Estados Unidos, manufactura y distribución de cocaína con el conocimiento de que esta sería ingresada de manera ilegal a Estados Unidos, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico.

La investigación de la fiscalía inició tras una publicación de la cadena de televisión WFAA en 2019, la cual reveló que Aircraft Guaranty Corp., (AGC) tenía registrados más de 1 mil aviones en Onalaska, Texas, un pueblo de apenas 3 mil habitantes, que no tiene aeropuerto.

La investigación documentó que varios aviones que se habían estrellado con cocaína en distintos países de latinoamérica, eran resguardados por AGC bajo la figura de un fideicomiso para poder mantener la matrícula estadounidense, mientras sus propietarios eran extranjeros a quienes era casi imposible identificar aún para las autoridades, debido a los vacíos legales existentes y la forma de resguardar las aeronaves bajo un fideicomiso.

Machado aparece en escena

Con la investigación de la fiscalía, además de AGC y las dueñas de la empresa que la habían adquirido en 2015, entró en el radar de las autoridades Federico Andrés Machado, propietario de  South Aviation Inc., y Pampa Aircraft Financing, empresas asentadas en Florida y dedicadas a la renta, compraventa e intermediación para la compra de aeronaves.

Para entonces, el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (DHS) también estaba indagando sobre las múltiples aeronaves vinculadas al narcotráfico que se encontraban registradas bajo el fideicomiso de AGC.

Machado ya había estado vinculado al narcotráfico desde 2011 cuando un avión de su empresa supuestamente arrendó a los hermanos Juliá en Argentina, sirvió para transportar 944.5 kilogramos de cocaína a España. Machado salió indemne de esta investigación porque presentó documentación que mostraba que el avión había sido arrendado. 

Según la acusación de la fiscalía estadounidense, la estructura integrada por Machado, Mercer-Erwin y Assad, permitió que decenas de aviones fueran adquiridas por narcotraficantes de distintos países entre ellos César Gastelum Serrano, un narcotraficante colombiano condenado en Estados Unidos, que junto a su hermano fue en algún momento el máximo proveedor de drogas para el Cartel de Sinaloa y a quien Marllory Chacón Rossell ayudó a lavar decenas de millones de dólares y al final también contribuyó a condenarlo en Estados Unidos con sus declaraciones.

Gastelum, según una investigación de la organización Insight Crime, financió la campaña del expresidente Álvaro Colom por medio de un emisario que envió desde Honduras, en donde tenía su centro de operaciones hasta antes de ser detenido en 2015 en México.

El avión con matrícula N311BD cuyo dueño real era Gastelum, estaba resguardado bajo el fideicomiso de AGC, y fue localizado en Belice con 2 mil 320 kilos de cocaína en febrero de 2020.

De igual manera sucedió con un avión localizado en Petén a finales de enero de 2020, cuya matrícula real era N305AG y estaba registrado en AGC. Días después de que se conoció la incautación de la aeronave, una de las propietarias de AGC transfirió el avión a Arrendadora THH S.A. de C.V. tras hacerse viral un video en donde el avión despegaba en medio de la selva. AGC llenó un formulario para fingir la venta de la aeronave y pedir que se cancelara el registro de la Oficina Federal de Aviación (FAA).

El esquema Ponzi y la mina en Guatemala

La fiscalía también acusa a Machado de planificar un “Esquema Ponzi”, que es un sofisticado esquema de estafas consistente en conseguir inversionistas haciéndoles creer que los recursos se invertirán en actividades lícitas, cuando en realidad el nuevo dinero se usa para pagar ganancias a inversores anteriores, mientras tanto, los fondos sirven a la estructura para diversos propósitos ajenos a lo establecido en la inversión que se ofrece.

En ese caso Machado y Mercer-Erwin hacían creer a los inversionistas que estaban por comprar un avión que en la mayoría de ocasiones no estaba en venta o simplemente no existía.

En componenda con los otros actores, Machado recibía los depósitos en garantía de distintos interesados y utilizaba los recursos para otros propósitos.

Según explicó el fiscal federal que investigó el caso, Ernest González, a la WFAA, “Los investigadores encontraron que se enviaron millones de dólares a Machado, quien estaba canalizando parte del dinero hacia una mina de minerales en Guatemala”.

En Guatemala, Machado tiene vínculos con las empresas mineras Atlas Universal, S. A., Minas del Pueblo, S. A., Agregados La Montaña, S. A., y la cantera El Porvenir; además de empresas de alimentos, construcción y desarrollos inmobiliarios en Izabal.

Amigo y financista de políticos

Políticos guatemaltecos confiaron a elPeriódico que Federico Machado había estado detrás del financiamiento de varios candidatos a la Presidencia como a diputaciones; uno de estos candidatos habría sido el exmandatario Jimmy Morales, a quien Machado le habría prestado uno de sus aviones para concluir un viaje, esto luego de que el avión en el que viajaba sufrió desperfectos mecánicos.

Carlos Barreda, jefe de bancada de la UNE, que fiscaliza el caso de la explotación minera ilegal en Chiquimula, declaró en una conferencia de prensa el 28 de enero, que Machado le prestó en varias ocasiones su helicóptero privado al expresidente Jimmy Morales, además de un jet.

Las fuentes también aseguran que el mismo Machado se ufanó en distintas ocasiones, que él había apoyado financieramente tanto a la excandidata a la Presidencia Sandra Torres, como al actual presidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, ni Machado ni sus empresas aparecen oficialmente en los listados de financistas de ninguno de los dos políticos, aunque ambos omitieron reportar el financiamiento pese a lo establecido en la ley.

Estas no habrían sido las primeras veces que Machado financió una candidatura de un político, según el medio argentino El Político, Machado era el mecenas de José Luis Espert, un político argentino de ideología liberal que buscó la Presidencia en las elecciones de 2019, en donde quedó en sexto lugar con apenas el 1.47 por ciento de los votos.

Espert según El Político, agradeció a “Fred Machado” por el excelente vuelo que tuvo, luego de viajar en un avión de este a la presentación de su libro en una provincia argentina, previo a las elecciones presidenciales. Machado habría prestado además vehículos al excandidato presidencial argentino por medio de un familiar, de acuerdo a la publicación.

Algunos medios argentinos vinculan además a Machado con el Kirchnerismo.

Por ahora en el país, los únicos que han mencionado al argentino son los diputados de la UNE, mientras en el Ministerio de Energía y Minas se hablaba solo en voz baja de Fred Machado, el minero acusado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

Los vínculos con la extracción ilegal de minerales

La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) denunció la extracción ilegal de minerales en Chiquimula desde enero pasado, en donde según la denuncia de los diputados, el argentino Federico Andrés Machado estaba detrás de la explotación ilegal por medio de dos de las empresas con las que está vinculado en el país.

Machado, acompañado de hombres armados habría llegado en varias ocasiones a Chiquimula a regalar bolsas de alimentos a los vecinos de la mina para tratar de evitar que presentaran denuncias.

elPeriódico, pudo documentar que al menos uno de los trabajadores detenidos, así como dos camiones que sacaron ilegalmente minerales del caserío El Pato, Chiquimula, estaban vinculados directamente con Minas del Pueblo S.A., propiedad de Machado.

elPeriódico logró documentar que el camión placas C-130BHL detenido por las autoridades en Chiquimula, así como el de placas C-029BLK se encuentran a nombre de Minas del Pueblo S.A. Mientras que César Rolando Tubaj Chó, uno de los capturados vinculados a la extracción ilegal de minerales estaba contratado por la empresas Minas del Pueblo, según los registros públicos a los que tuvo acceso elPeriódico.

El avión de Baldetti adquirido bajo AGC

Los narcos no son los únicos clientes de Aircraft Guaranty Corp., también existen empresarios honorables, y políticos como la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

De acuerdo con los registros de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el jet N371CF conocido como la balita que utilizaba Roxana Baldetti, estaba registrado a nombre de Aircraft Guaranty Corp., Trustee desde el 24 de diciembre de 2010; la empresa que según su página web ayudaba a registrar aviones ante la FAA a clientes que no podían cumplir con los requisitos de la ciudadanía estadounidense. 

El jet que sirvió a Baldetti para realizar decenas de viajes por Estados Unidos, México, Centroamérica, e incluso llevó a Otto Pérez Molina en varios viajes presidenciales entre ellos a Nueva York, Colombia y Honduras, fue vendido el 11 de septiembre de 2015 luego de que se conociera que el aparato había sido comprado por Baldetti con dinero obtenido de sobornos. 

En la transacción realizada en la República de Panamá; se desconoce quienes fueron las partes que comparecieron en la operación.

La tarde del 24 de noviembre de 2015, el avión realizó un vuelo de 42 minutos, despegando del Aeropuerto William P. Hobby y recorrió la bahía de Texas para aterrizar en la misma terminal de Houston.

Tres días después, la aeronave fue vendida a Integra Aircraft Sales, LLC., creada el 17 de junio de 2015.

Integra Aircraft Sales, LLC era representada por Mark B. Goldstein representante legal en otras 90 empresas y por Terry R. Johnson que figuraba en 13 sociedades más.

Menos de un mes después, el 25 de diciembre de 2015 la aeronave volvió a ser vendida. La fiscalía guatemalteca nunca volvió a tener noticias sobre el avión, que en la actualidad opera en Estados Unidos bajo la empresa Beech Transportation Inc., con sede en Minnesota, Estados Unidos.

Los narcoaviones que aterrizaron en Guatemala

El Gobierno de Estados Unidos acusa a Debbie Mercer-Erwin, dueña de Aircraft Guaranty Corp., (AGC), a Carlos Rocha Villaurrutia, propietario de Texton Enterprises y TWA International, y a Federico Machado, de liderar una red que ayudó a narcotraficantes a comprar y registrar aviones en EE. UU., para traficar drogas desde 2012 a diciembre de 2020 desde Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Belice, Honduras, Guatemala y México hacia EE. UU.

CASO 1

 

El 6 de junio de 2019 el Ejército encontró un avión Piper Navajo con matrícula N454SC abandonada en el Parque Nacional Laguna del Tigre, San Andrés, Petén. La aeronave cuya matrícula real era N35531 era propiedad de Texton Enterprises LLC, con sede en Cheyenne, Wyoming, EE. UU. que la compró el 14 de diciembre de 2019 pero nunca la registró ante la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) por lo que no tenía permiso de volar. El 15 de febrero de 2019 el avión presentó un plan de vuelo de Fort Worth, Texas a Tampico, México. Texton no presentó a la FAA una licencia de exportación de la aeronave.

CASO 2

 

El 25 de octubre de 2019 un jet Rockwell Sabreliner con matrícula N465BC se accidentó en Sipacate, Escuintla, con 1,522 kilos de cocaína y armamento a bordo. El jet fue comprado el 16 de agosto de 2019 por TWA International Inc., con sede en Cheyenne, Wyoming, EE. UU. que lo registró a su nombre en la FAA. El 19 de agosto de 2019 TWA presentó un plan para volar de Memphis, Tennessee a Mérida, México. El mismo día que el avión se accidentó en Guatemala, TWA presentó una solicitud a la FAA para dar de baja la aeronave y exportarla a México.

CASO 3

El 27 de enero de 2020 el Ejército persiguió a un jet Raytheon Hawker 800 con matrícula N305GA que aterrizó en el Parque Nacional Laguna del Tigre, San Andrés, Petén. Tras un enfrentamiento con un grupo de narcotraficantes que huyeron, decomisaron el avión con 1,700 kilos de cocaína a bordo, valorados en Q200 millones. El avión estaba registrado desde el 5 de mayo de 2012 por Aircraft Guaranty Corp., con sede en Onalaska, Texas, EE. UU. el 31 de enero de 2020. Kayleigh Moffett, directora de AGC, transfirió la propiedad del avión a la Arrendadora THH. El 20 de enero de 2020 Moffett presentó una factura de venta a la FAA y solicitó cancelar el registro. Era la tercera vez que usaban el avión para transportar drogas (había aparecido en abril de 2018 en Belice y en noviembre de 2019 en Venezuela).

CASO 4

 

El 27 de octubre de 2018 un lujoso jet Gulfstream II con matrícula N530GA aterrizó en Vista Hermosa, Ixcán, Quiché, cerca de la frontera con México. Cuando el Ejército llegó la aeronave ya había sido consumida por las llamas. Estaba acondicionada para transportar drogas. El avión fue comprado por TWA International y registrado bajo su nombre en la FAA. El 6 de junio de 2018 Carlos Rocha Villaurrutia presentó un plan de vuelo de Chino, California, a Tijuana, México. Al 11 de diciembre de 2020 el avión aún estaba registrado a nombre de TWA.

CASO 5

 

El 17 de diciembre de 2019 un lujoso jet Gulfstream III con matrícula N939RR ingresó a cielo guatemalteco y aterrizó en el Parque Nacional Laguna del Tigre. El Ejército lo siguió y encontró a un grupo descargando la aeronave. Tras un enfrentamiento capturaron a siete personas, entre ellos, los pilotos aviadores Aaron Bello-Millán, mexicano, y Albán Azofeifa Chacón, costarricense, quien resultó herido en el tiroteo. El Ejército decomisó 2 mil 572 kilos de cocaína, valorados en US$40 millones. El avión fue comprado el 11 de enero de 2017 por Texton Enterprises y registrado ante la FAA a su nombre. El 29 de mayo de 2018 Carlos Rocha Villaurrutia, propietario de Texton, canceló el registro del avión para exportarlo a México, pero no hizo ningún expediente de exportación.

Azofeifa trabajó en el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica entre febrero de 2008 y marzo de 2010, pero fue despedido por ausentismo. En febrero de 2019 Azofeifa fue capturado por la Policía costarricense en las playas de Guanacaste, junto a un mexicano, un colombiano y otros cinco costarricenses cuando transportaban droga en un vehículo, que estaba a poca distancia de una pista clandestina, pero se desconoce por qué motivo fue liberado. Azofeifa residía en México. Su esposa fue cónsul de Costa Rica en Houston, EE. UU.

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