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Investigación

El constructor favorito del exministro Benito obtiene un contrato por Q477.9 millones


La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) adjudicó un millonario contrato para la construcción del rompeolas a la empresa SCM de Alejandro Matheu Escamilla, amigo de José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones y ahora prófugo de la justicia, quien se convirtió en uno de los mayores constructores de obra pública del país con el pasado gobierno.

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Alejandro Matheu Escamilla pasó de ser un pequeño constructor que de 2005 a 2017 recibió modestas adjudicaciones, que oscilaban entre Q1 millón y Q10 millones anuales, a convertirse en uno de los constructores favoritos de obra pública del gobierno pasado y el actual con contratos que superan los Q400 millones en 2018 y 2021.

De 2004 a 2017 la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S. A. (SCM) de Matheu Escamilla fue beneficiada con Q65.7 millones en contratos de obra pública, según el sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado Guatecompras. Sin embargo, su suerte cambió cuando el presidente Jimmy Morales nombró a José Luis Benito Ruiz como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en abril de 2018. 

En 2018 SCM recibió seis contratos por Q401 millones 331 mil 754.80 del Ministerio de Comunicaciones; en 2019 el CIV le benefició con cuatro contratos por Q248 millones 646 mil 415.98; en 2020 le adjudicó cuatro contratos por Q306 millones 684 mil 468.37; y en 2021 acaba de obtener su primer contrato con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) por Q477 millones 947 mil 452.40 para construir el rompeolas este y oeste, a pesar que carece de experiencia en infraestructura portuaria, nunca ha construido una obra de estas características.

La licitación le fue adjudicado a SCM el pasado tres de marzo, sin embargo, en círculos políticos el ganador se conocía desde enero pasado como lo evidencian varias publicaciones de elPeriódico, todo esto a pesar de que no se habían presentado las ofertas y únicamente se realizó una visita técnica por las instalaciones de la EPQ, desde donde varios de los interesados fueron descartados y dejaron constancia en sus inconformidades.

De las tres empresas participantes, solo una de ellas había participado antes para hacer trabajos relacionados con puertos, según los datos del portal electrónico de Guatecompras, la de Matheu no muestra ningún contrato relacionado a infraestructura portuaria o con alguna de las empresas portuarias del país. A pesar de esto, la Junta de Licitación decidió adjudicar el concurso a SCM.

Una licitación plagada de inconformidades

En algunos concursos publicados en el portal electrónico de Guatecompras se presentan una o dos inconformidades por parte de las empresas que consideran que ha existido algo inusual o anormal dentro del proceso en el que participan, sin embargo, el concurso adjudicado a la constructora de Matheu ha recibido hasta el momento 10 inconformidades.

La primera de ellas presentada el pasado 16 de enero por el representante de la empresa Rega Sociedad Anónima, la cual pidió explicaciones sobre la razón por la que habían sido descalificados luego de realizar la visita técnica, la cual era obligatoria para poder concursar.

La visita técnica a Puerto Quetzal se realizó el 14 de enero de 2021 y, según explicó la empresa inconforme, transcurrió sin problemas, sin embargo, al finalizar la misma se les requirió la documentación estipulada en las bases de licitación la cual fue revisada por los encargados fuera de la vista de los participantes, al regresar estos, les indicaron que únicamente podían continuar en el proceso tres de las diez empresas interesadas, sin indicarles las razones por las que las otras habían sido descalificadas.

“En el Detalle del Concurso en la página de Guatecompras, el mismo aparece como ¿Adquisición Competitiva? (SIC), sin embargo, al permitir únicamente y de manera arbitraria, la participación de solo las tres empresas que recibieron la constancia, la competitividad se desvanece y de forma ilegal lo transforman en un concurso restringido, violentando así, la forma en que fue constituido. Reiteramos, que a la visita acudimos más de 10 empresas y a más del 70 por ciento se nos eliminó de una manera que estamos seguros, no tiene sustento legal.”, señaló Rega en su inconformidad

De igual manera presentó su inconformidad la Constructora Ortiz, que levantó un acta notarial señalando las anomalías del proceso, entre estas que la revisión de la documentación se hizo en “secreto” sin la presencia de las partes interesadas, por lo que consideraban que era un proceso anómalo.

Ambas inconformidades fueron rechazadas y se señaló que no habían cumplido con los requisitos, aunque ambas empresas cuestionan a qué requisitos se referían si nunca fueron claros con ellos.

Los vínculos de las tres empresas

Las tres empresas “elegidas” para presentar oferta tienen antecedentes. SCM y Matheu fueron beneficiados por el ahora prófugo José Luis Benito cuando fue ministro de Comunicaciones con contratos por Q649 millones 978 mil 170.78, durante su gestión de abril de 2018 a enero de 2020, a pesar del conflicto de interés que representaba su amistad.

La empresa Tecuntrac, S. A. que ofertó el precio más bajo de las tres que permitieron competir con Q461.5 millones, está vinculada a la familia Osoy Penados. Uno de sus miembros quien no figura dentro de la empresa Tecuntrac es Raúl Osoy Penados, financista del desaparecido Partido Patriota (PP) y vinculado a varios casos de corrupción por haber pagado millonarios sobornos a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y su secretario privado, Juan Carlos Monzón, a cambio de obtener millonarios contratos de infraestructura, entre ellos varios relacionados con las portuarias.

Construcciones Integrales Avanzadas, S. A. (Ciansa), que ofertó Q477.9 millones por la construcción del rompeolas, está vinculada al empresario Gustavo Alejos, ex secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, y actualmente en prisión por varios casos de corrupción. Ciansa se benefició de millonarios contratos de obra pública durante las administraciones de Álvaro Colom y Jimmy Morales. 

Una de las grandes interrogantes de la licitación del rompeolas este y oeste es si en Guatemala no hay empresas con experiencia en este tipo de infraestructura portuarias, ¿porque la EPQ no invitó a empresas extranjeras calificadas y/o porque se descalificó a las que estaban interesadas en participar en el concurso?

Los puertos bajo control de Ruben Mejía y Guillermo Sosa

Aunque no desempeñan ningún cargo público, Rubén Mejía y Guillermo Sosa, los exdiputados y ex viceministros de Comunicaciones durante el gobierno patriota, se han convertido en dos importantes operadores de negocios del gobierno de Alejandro Giammattei. Mejía y Sosa frecuentan los distintos ministerios y secretarías, según confirmaron varios políticos y empresarios que los han visto participar en dichas reuniones.

Entre los ministerios y entidades públicas que controlan y operan negocios figuran el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto de Fomento Municipal (Infom) donde lograron colocar a sus amigos y antiguos asesores Óscar Martín Molliner y José David Talé como presidente de la Junta Directiva y gerente general del Infom, respectivamente. y ahora la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), donde colocaron a uno de sus alfiles.

Entre los cuadros relacionados con Ruben Mejía y Guillermo Sosa se encuentra José Javier Mondal Contreras, quien fue contratado en septiembre de 2020 como gerente administrativo de la EPQ, quien controla el Departamento de Compras, que es la Unidad Compradora que gestiona la licitación para la construcción del rompeolas.  Mondal se encargó de rechazar las inconformidades presentadas por las empresas descalificadas. 

Mondal tiene un pasado vinculado a sus exjefes Mejía y Sosa. Antes de ser nombrado como gerente administrativo de la EPQ, Mondal estuvo contratado como asesor jurídico del Infom del 4 de mayo al 31 de agosto de 2020; y del 5 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2015 estuvo contratado en la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Caminos durante la gestión de Mejía y Sosa como viceministros de Comunicaciones.

Los amigos de Luis Miguel

Mejía y Sosa tienen un amigo especial en el círculo cercano a Giammattei, quien a pesar de no estar más como funcionario tras el cierre la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno del cual era director, continúa participando de las decisiones del Estado y atiende a personas en oficinas asignadas al gobierno, según denuncias de contratistas y políticos.

Luis Miguel Martínez, ex director del Centro de Gobierno, tiene una especial amistad con Mejía y Sosa, a quien considera como una especie de mentor político por su habilidad de negociación. Durante el gobierno patriota, Guillermo Sosa fue nombrado como viceministro de Transportes, pero su función era mantener alineados a todos los diputados para evitar interpelaciones y negociar obras, según las declaraciones de Anelisse Herrera, secretaria del ex-Ministro de Comunicaciones, quien colabora en el caso Construcción y Corrupción.

Además el gerente general de la Portuaria Quetzal desde enero de 2020 es David Berganza Alburez, un viejo amigo de Luis Miguel Martínez, ambos originarios de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Una portuaria opaca

En diciembre pasado, la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) declaró en reserva la información relacionada con esa institución durante siete años, bajo el argumento de que la liberación de información amenaza la seguridad del comercio marítimo internacional.

Tras la publicación del acuerdo, las protestas de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos y de otras instituciones que señalaban que reservar la información era poco transparente y amenazaron con presentar recursos legales, hicieron que la institución diera marcha atrás a su idea de impedir el acceso a la información por medio de declarar la información bajo reserva.

Las protecciones costeras de Raúl Osoy

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) descubrió cómo Raúl Osoy Penados, financista del Partido Patriota y quien remodeló la Casa del Maestro en la zona 1 a cambio de que Joviel Acevedo apoyara al Partido Patriota, se benefició con sendos contratos en la portuaria, por los cuales daba una comisión a Juan Carlos Monzón y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Según las investigaciones, Osoy recibió contratos para la “Construcción de Infraestructura Portuaria protección costera lado este”, por un monto total de Q96.7 millones, de los cuales pagó en sobornos a Baldetti y a Monzón el 15 por ciento del total de los contratos adjudicados.

Osoy fue uno de los principales financistas del PP y recibió millonarios contratos tanto en infraestructura portuaria como en carreteras, para pagar las coimas, Osoy le entregó a Baldetti la Sociedad Anónima Representaciones Alliance, la cual le sirvió a la ex vicepresidenta para adquirir millonarias propiedades y apartamentos.

Rubén Mejía junto a Guillermo Sosa no tienen puesto en el gobierno, sin embargo, son los encargados externos de los negocios en las portuarias. Ambos son íntimos amigos de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno.

¿Quién es el amigo del prófugo Benito?

José Luis Benito se encuentra prófugo de la justicia guatemalteca desde diciembre pasado, cuando las autoridades lo declararon en rebeldía, luego de que se girara una orden de captura en su contra por el caso de los más de Q122 millones que fueron encontrados en una vivienda alquilada por el ex ministro en La Antigua Guatemala. El dinero, según las investigaciones, habría sido entregado a Benito como sobornos por distintos constructores mientras este fungía como ministro de Comunicaciones en el gobierno de Jimmy Morales.

Una investigación publicada por elPeriódico el 5 de agosto de 2018 documentó que Matheu Escamilla y el ex ministro Benito Ruiz son amigos desde hace varios años. Ambos comparten la pasión por la crianza de caballos Pura Raza Española. Constructor y ex-Ministro pertenecen a la Asociación Guatemalteca de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce). 

José Luis Benito es dueño de la Ganadería Benito Ruiz, que compite en España, México y Centroamérica; mientras que Matheu Escamilla es fundador y propietario de Yeguada San Nicolás, que ha ido adquiriendo una selecta colección de sementales y ejemplares que compiten en España y Guatemala, donde han obtenido varios premios.

Antes de la gestión de Benito, la constructora SCM apenas recibió contratos por Q1 millón 186 mil en 2016 y Q9 millones 685 mil en 2017. Mientras que durante los dos años que el prófugo Benito estuvo al frente del Ministerio, recibió contratos por Q649 millones 978 mil 170.78.

En 2018, el Ministerio de Comunicaciones le entregó Q401 millones 331 mil 754.80 mediante seis contratos. Dos de ellos adjudicados a dedo aprovechando el Estado de Calamidad Pública impuesto por el gobierno tras la erupción del volcán de Fuego. En 2019, SCM fue beneficiada con cuatro contratos por Q248 millones 646 mil 415.98, según Guatecompras.

Siacsa, una empresa hermana de SCM, ha recibido Q70.4 millones del Estado, más de Q48 millones de estos en los últimos cuatro años. Mientras tanto el representante legal de esta empresa, Nery Marivel Chavarría Estrada, quien también ha laborado para SCM, según los registros públicos, ha recibido Q3.7 millones en seis años.

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