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Investigación

Instituto de la Víctima, agencia de empleos para familiares de políticos


La hija de Sandra Torres, la hermana del exdiputado Juan Manuel Giordano y la esposa del juez Mynor Moto son algunos familiares de políticos contratados por el Instituto de la Víctima.

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Cada institución de Gobierno es utilizada por los políticos de turno como una agencia de empleos para sus familiares, partidarios y amigos, el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito dirigido por la excongresista del Partido Patriota, Alejandra Carrillo, no ha sido la excepción.

Aunque apenas acaba de iniciar su función en septiembre pasado (fue creado por el Congreso en marzo de 2016, pero hasta en diciembre de 2019 el presidente Jimmy Morales nombró a Alejandra Carrillo como su primera directora) por sus pasillos desfilan diputados y políticos de todas las agrupaciones quienes llegan a presentar a sus recomendados, muchos de ellos no cuentan con experiencia en el área en la que se les contrata. 

Con un presupuesto de Q40 millones en 2020, el Instituto solo ejecutó Q20 millones de los cuales, más de Q14 millones fueron para salarios, bonificaciones y pago de prestaciones al personal contratado.

En enero de 2020 la institución contaba con apenas 11 trabajadores, sin embargo, cerró el año con una planilla de 114 empleados fijos y 10 asesores bajo renglón 029, la mayoría de ellos recomendados por políticos de distintas corrientes, entre ellos Miguel Martínez, quien aseguró a elPeriódico que un empleado vio como varios expedientes de trabajadores recomendados por el exdirector del Centro de Gobierno eran recibidos por Carrillo.

Personal de la institución señaló que pese al incremento de contrataciones, la atención para las víctimas es mínima. “Tenemos personal pero no se atienden los casos, es raro que se atienda a la gente, el trabajo que se hace es mínimo, el presupuesto debieron haberlo gastado en poner a funcionar esos programas, prestarle servicio psicológico a las víctimas, brindarles atención médica, etcétera, pero con más de cien empleados hay días que no se atiende a nadie, no llega nadie y cuando llegan son pocos”, indicó un trabajador que pidió no ser citado para no entrar en conflicto con Carrillo.

Entre la política y las Cortes

Carillo fue durante muchos años una de las favoritas de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien durante el Gobierno Patriota (2012-2015) la colocó a cargo del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) el que era utilizado por la ex vicepresidenta para llenar de jóvenes los lugares a los que iba. Carrillo estuvo los cuatro años del gobierno del PP en dicha dependencia y en septiembre de 2015 fue electa diputada de esa agrupación política.

Sin embargo, en enero de 2016 luego de asumir su curul, migró al partido Movimiento Reformador (MR), según los archivos entregados por Anelisesse Herrera, exasistente del ministro de Comunicaciones del partido patriota, Alejandro Sinibaldi a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público como  parte de su colaboración eficaz en el Caso Construcción y Corrupción, Carrillo habría recibido un sobresueldo por cambiarse de partido político.

En 2018 Carrillo renunció al MR y se declaró diputada independiente; permaneció en el Congreso hasta noviembre de 2019 cuando renunció a su curul sabiendo que sería nombrada a las pocas semanas como la directora del Instituto de la Víctima.

En diciembre de 2019, el presidente Jimmy Morales la nombró como directora del Instituto de la Víctima, pese a no tener experiencia en el tema. Las negociaciones con Morales para su nombramiento, según explicaron diputados en su momento, incluyeron los votos para aprobar el paquete de aceptación de cargos y las reformas al Código Procesal Penal. 

Gracias a su cargo, explicaron tres fuentes distintas, entre ellos un diputado, un trabajador del Instituto y una persona que en su momento fue cercana a Carrillo, ha podido incidir y gestionar en el proceso de elección de los Magistrados a Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La exdiputada además de recibir la visita de diputados que le piden puestos para sus conocidos y familiares, sostuvo durante 2020 reuniones con distintos actores políticos que buscaban influir a favor de sus candidatos para  la elección de las Cortes.

El puesto que ocupa, le permite mantener contacto directo con magistrados, políticos y diputados y fue así como se convirtió en una bisagra, que en silencio era parte también de la componenda de las Cortes, aseguran las tres fuentes.

La directora Carrillo, aseguran las fuentes, ha logrado mantener vigente las negociaciones, sin embargo, el Congreso de la República tiene desde hace un año detenida la elección de los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones.

Los parientes de políticos en el Instituto

La hija de Sandra Torres

Dentro del selecto grupo de trabajadores del Instituto de Atención a la Víctima figura una de las hijas de la excandidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres Casanova.
Sandra Raquel de León Torres está contratada en el Instituto de la Víctima por servicios técnicos a cargo de la Secretaría General con un salario mensual de Q18 mil. La hija de la excandidata uneista fue contratada desde abril pasado y firmó un contrato por Q162 mil anuales.

De León Torres según sus informes, brinda asesoría en temas relacionados con la comunicación de la institución. La hija de Sandra Torres es licenciada en Diseño Gráfico.

La esposa del juez Moto

Yesica Magaly Ramírez Díaz de Moto es esposa del juez Mynor Mauricio Moto Morataya que busca llegar a la Corte de Constitucionalidad y sobre quien el Gobierno de Estados Unidos ha mostrado preocupación por sus vínculos con personajes señalados de corrupción, varios de los cuales fueron beneficiados por Moto, entre ellos el exministro de Comunicaciones y ahora prófugo de la justicia José Luis Benito. 

Ramírez es abogada y trabajó al menos desde 2014 en el Ministerio Público, no obstante, en abril de 2019 dejó de laborar en esa institución.

La esposa de Moto fue contratada desde el año pasado en el Instituto de la Víctima, como “abogada de planta III” con un salario líquido mensual de Q18 mil 353.90.

La hija del eterno alcalde de Barberena

María José Recinos Chavarría es hija de Rubelio Recinos, alcalde de Barberena, Santa Rosa, y de la exdiputada Aracely Chavarría de Recinos. La familia Recinos Chavarría ha pasado por la mayoría de partidos políticos con tal de mantenerse vigentes. Recinos ha estado al frente de la Municipalidad de Barberena desde el 2000 y solo interrumpió el cargo de 2016 a 2020 cuando volvió a obtener la alcaldía de la mano del Partido Unionista de Álvaro Arzú Escobar, aunque su esposa perdió su segunda reelección como diputada.

Recinos Chavarría quien compitió en 2019 como candidata a diputada al Parlamento Centroamericano por el Partido Unionista, está contratada como “orientadora” en el Instituto de la Víctima, con un salario líquido de Q11 mil 626.37.

La hija del alcalde y la exdiputada fungía en 2014 como la encargada del restaurante El Puente, propiedad de los Recinos Chavarría y el cual le vendía comida al Estado por medio de un testaferro, de acuerdo a una investigación efectuada por el medio digital Ojoconmipisto.com.

Recinos Chavarría trabajó además en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y en el Ministerio de Agricultura.

La hermana del exlegislador

Mariel Giordano Grajeda es otra de las familiares de políticos que consiguieron plaza en el Instituto de la Víctima en donde pese al número de empleados, son pocas las personas que reciben atención.

Mariel es hermana del polémico exdiputado, Juan Manuel Giordano, quien no logró la reelección con el partido 

FCN-Nación pero consiguió ser contratado como asesor en el Congreso.

Mariel es arquitecta y fue contratada desde mayo del año pasado por servicios profesionales para la Dirección Administrativa con un salario de alrededor de Q15 mil. Este año ya fue recontratada por un total de Q178 mil 64.52 anuales.

Además de ser asesora del Instituto de la Víctima en donde tiene contacto directo con los magistrados de la Corte Suprema, Mariel vendió el año pasado diversos productos al Organismo Judicial, además de remodelar el despacho de Silvia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia todo por un monto de Q145 mil 900, lo cual fue fraccionado para poder hacerlo de manera directa.

El hijo del Magistrado

Nery Oswaldo Medina Ricco es hijo del magistrado Nery Medina Méndez y fue candidato a diputado al Congreso con el partido Todos en las elecciones pasadas pero no fue electo.

En 2019 Medina Ricco logró tres contratos con distintas instituciones del Estado. El Ministerio de Gobernación, la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio y (Senabed) y el Registro de Información Catastral (RIC) fueron sus empleadores con los cuales logró percibir del Estado Q566 mil 612, al mismo tiempo que competía por una curul con el partido Todos.

Medina Ricco es abogado y notario. Y desde 2017 tuvo contratos en el RIC que durante muchos años fue el bastión del exdiputado Armando Escribá, señalado de beneficiar a sus constructoras cuando fue director de Covial y del Fondo Social de Solidaridad (FSS) durante el gobierno de Álvaro Colom. Según una publicación del diario digital Nómada, Medina Ricco se refirió a Escribá (acusado por el Ministerio Público y la CICIG de concusión y fraude) como su amigo. Además, el hijo del magistrado auxilió como notario al exparlamentario Escribá para constituir la empresa Eco Led Technology.

Medina Ricco fue empleado de Montañas Nacionales, S.A. entre 2015 y 2016. según pudo documentar elPeriódico. Esta empresa constructora es propiedad de Armando Escribá.

Entre 2011 y 2019 la empresa recibió contratos del Estado por Q255.3 millones, al menos Q169 millones recibidos durante el gobierno de la UNE, mientras Escribá fungía como funcionario de ese gobierno, uno de los contratos fue con el Fondo Social de Solidaridad adjudicado por el propio Escribá cuando dirigió dicha institución. 

Medina Ricco ha recibido del Estado contratos por Q2.4 millones entre 2017 y 2020.

Otros trabajadores del Instituto

Juan Carlos Quan Téllez fue viceministro de Trabajo durante el gobierno del Partido Patriota, funge como director Financiero con un salario líquido mensual de Q27 mil 281.53

Edgar Joel Marroquín García, exaspirante a diputado por la alianza PAN-Podemos en las elecciones pasadas, y exasesor del Congreso, trabaja como asistente administrativo con un salario de Q11 mil 267

Astrid Paola Gómez Girón, trabajó al menos desde 2015 en el bufete de Moisés Galindo, participó en la defensa técnica de personajes como Pedro García Arredondo y del mismo Galindo. 

Dos sillas de Q19 mil 

Dentro de las compras realizadas el año pasado por el Instituto de la Víctima, según el inventario de bienes, se encuentran dos sillas tipo butaca con un valor de Q19 mil 60, es decir Q9 mil 530 cada una. Aunque las sillas fueron adquiridas en mayo de 2020, la factura y los datos de la compra no aparecen dentro de los registros públicos ni fueron reportadas a Guatecompras. Las dos sillas que son como pequeños sofás para una persona fueron adquiridas a una exclusiva tienda de muebles, señaló un empleado familiarizado con el inventario.

Al intentar revisar en el numeral 11 del apartado de información pública referente a las compras efectuadas en mayo, la página de información pública muestra un informe financiero y no el listado de compras de bienes elaborado ese mes como sí aparece en el resto de meses.

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