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Investigación

Los constructores allegados al presidente del Congreso


La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y el Fondo para la Vivienda (Fopavi) beneficiaron a una docena de empresas constructoras vinculadas a Alma Lucrecia González Lemus, exsocia del diputado Allan Rodríguez, presidente del Congreso, que han obtenido contratos por más de Q141 millones con el Ministerio de Comunicaciones durante 2020.

Los diputados Allan Rodríguez y Shirley Rivera mantienen una amistad de muchos años. Rivera tiene dos constructoras de vivienda (Grupo Dicon y Promomaya) que obtuvieron contratos con Fopavi.

Para muchos políticos y constructores es un secreto a voces que la  alianza oficialista y la presidencia del Congreso de la República dependen directamente del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Aunque muchos ingenieros y empresas compiten sin éxito por obtener un contrato con el Estado, pareciera que los diputados de la alianza oficial tuvieran una cuota de obras asignada para sus constructoras favoritas en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), la Dirección General de Caminos o el Fondo para la Vivienda (Fopavi) a cambio de su voto. 

Un caso que pareciera confirmar la hipótesis anterior es la relación entre el diputado Allan Rodríguez, presidente del Congreso, y su “exsocia” Alma Lucrecia González Lemus, quien tiene vínculos directos con más de una docena de constructoras que en 2020, el primer año del actual gobierno, se beneficiaron con contratos por más de Q141 millones con Covial y el Fopavi.

La socia del Sport Bar

Ninguna de las fuentes consultadas recuerda cómo y en qué fecha se conocieron Allan Rodríguez y la constructora Alma Lucrecia González, de lo que sí existe evidencia es cuándo se hicieron socios de negocios.

El 11 de mayo de 2010, Allan Estuardo Rodríguez Reyes y Alma Lucrecia González Lemus se presentaron al Registro Mercantil para constituir la empresa Concha y Toro Sport Bar, un restaurante y expendio de licores ubicado en la colonia Bosques de San Nicolás, zona 4 de Mixco. Como dirección del propietario reportaron la vivienda de Rodríguez en San Cristóbal.

En ese entonces Rodríguez se encontraba sin empleo y se dedicaba a pintar canchas deportivas para el Ministerio de Educación, (por los que consiguió dos contratos por Q179 mil 700 en 2010) mientras que González y su empresa Construalma era una pequeña contratista de Covial (en 2010 solo obtuvo un contrato de Q1 millón 348 mil 362.04 para dar mantenimiento a un tramo de 40.87 kilómetros de terracería en el departamento de Quiché).

Rodríguez se incomoda y evade a la prensa cuando le preguntan por Alma Lucrecia González. “El sport bar funcionó por corto tiempo y Allan y Alma ya no son socios”, asegura una fuente cercana a Rodríguez, pero legalmente lo seguían siendo hasta su llegada al Congreso en 2020.

Contratos millonarios en Covial

Entre los contratistas de Covial llama la atención el surgimiento de dos constructores emergentes que en 2020 obtuvieron contratos por más de Q115 millones. Algunos contratistas envidian que tienen la puerta abierta en Covial y murmuran que son “amigos o socios o están apadrinados” por un diputado del partido oficial, debido a la facilidad con que obtienen los contratos.

Alma González Lemus y Luis Alberto Hernández Pérez, un constructor de San Felipe, Retalhuleu, pasaron de ser pequeños contratistas de mantenimiento vial a manejar una red de empresas que trabajan para municipalidades de Retalhuleu y Escuintla, Covial y el Fopavi.

De acuerdo con una investigación cruzada entre las bases de datos del Registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, el portal Guatecompras, el registro de Patronos y Trabajadores  del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), González y Hernández crearon un conglomerado de 13 empresas vinculadas entre sí: algunas comparten domicilios, teléfonos, los mismos contadores y los representantes legales trabajan para ella o para una de sus empresas (ver infografía), con el objetivo de lograr la mayor cantidad de contratos en Covial.

Ocho de esas constructoras no habían tenido contratos con Covial entre 2012 y 2016 y otras cuatro apenas obtuvieron contratos por  Q2 millones 105 mil 819.80 en 2016. En 2017, siete de esas constructoras obtuvieron contratos por Q11 millones 800 mil; en 2018, seis de esas constructoras se beneficiaron con contratos en Covial por Q28 millones 415 mil; en 2019, nueve de esas empresas obtuvieron contratos por Q65 millones 801 mil y en 2020, el primer año de gobierno de Alejandro Giammattei y con Allan Rodríguez en la presidencia del Congreso, las 13 constructoras identificadas obtuvieron contratos en Covial por Q115 millones 801 mil 994.92, según los registros del portal electrónico de compras estatales Guatecompras.

El crecimiento por empresa es exponencial, en 2016 Construalma, de Alma González, obtuvo solo un contrato por Q252 mil 715, pero creció hasta alcanzar tres contratos por Q29 millones 755 mil 554 en 2019 y dos contratos por Q17 millones 874 mil 380 en 2020. Otra empresa con un crecimiento similar es Negocios e Inversiones Keyli, S.A. (NIKSA) que en 2017 y 2018 no obtuvo contratos en Covial, pero en 2020 obtuvo dos contratos por Q26 millones 328 mil 457.  

Otra de las empresas de la red González-Hernández es Proyectos Viales Yacky que, de no obtener contratos con Covial de 2016 a 2018, obtuvo tres contratos por Q17 millones 194 mil 14.60 en 2020. Construservicios Champel, S.A. y Constructora DISA, S.A., que no habían tenido contratos de mantenimiento vial durante muchos años, en 2020 lograron sendos contratos por Q7 millones 425 mil 110 y Q10 millones 598 mil 964, respectivamente.

Mientras que Luis Alberto Hernández Pérez y Construcciones y Servicios Champel que, de 2014 a 2017 no había tenido contratos con Covial, consiguió dos contratos por Q19 millones 696 mil 996.30 en 2019 y tres contratos por Q23 millones 928 mil 899.70 en 2020.

También el 21 de abril de 2020, se creó la empresa Corporación Josheliza, S. A. para prestar servicios de planificación, construcción, ejecución y supervisión de proyectos de obra civil, arrendamiento de maquinaria y la venta de cemento chino y turco a otros constructores.

Coincidencia o no, la fortuna de González y Hernández cambió y más con la llegada de Vamos al Gobierno y de Allan Rodríguez a la presidencia del Congreso.

De Foguavi a Fopavi 

No se ve, pero en el Fondo para la Vivienda (Fopavi), una entidad financiera de segundo piso adscrita al Ministerio de Comunicaciones que otorga subsidios a familias pobres para compra de lote o construir o mejorar su vivienda por medio de constructoras calificadas, nada se agiliza o contrata sin el permiso de Allan Rodríguez. “Es su cuota de poder”, afirma una fuente interna.

La relación de Allan con la vivienda popular data de 2004, cuando Rodríguez se inició en la política y la administración pública.  Entonces Allan trabajaba como reportero en una revista política y se incorporó al ala juvenil del Partido de Avanzada Nacional (PAN). Cuando Óscar Berger se deslinda del PAN para competir con la Gran Alianza Nacional (Gana), Rodríguez y otros jóvenes le siguen y con la llegada a la Presidencia de Berger logran un cargo público.

Muchos de esos jóvenes fueron colocados en el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve), pero Allan, que había sido apartado por estos, fue colocado en el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (Foguavi), el antecesor del Fopavi que fue cerrado por corrupción en 2012.

Allan empezó a cargo de la Comunicación y entrega de viviendas, pero fue aprendiendo el funcionamiento de Foguavi hasta ser alto funcionario en 2007 en el último año de la Gana. Allí hizo amistad y contactos con muchos constructores de vivienda como Ángel Chocoj, Luis y Francisco Vásquez Porres y Shirley Joanna Rivera Zaldaña, quien tiene dos constructoras, Grupo Dicon, S.A. y Promomaya, S.A., ambas fundadas en 2005.

Rivera Zaldaña fue nombrada presidente y representante legal de Grupo Dicon en 2005 y esta empresa le pagó sus cuotas patronales al IGSS de enero de 2017 a enero de 2018. Se desconoce cuántos contratos lograron Grupo Dicon y Promomaya con Foguavi (este fue cerrado en 2012 y la documentación no está disponible), pero Dicon y Promomaya, en menor nivel, se han convertido en grandes desarrolladores con más de mil viviendas construidas y contratos que superan los Q40 millones en los últimos años, afirma una fuente de Fopavi.

Según el portal de Guatecompras, Grupo Dicon registra de 2005 a 2018 ventas al Estado por Q18 millones 942 mil 897.97, de los cuáles Q14 millones 658 mil 673 son para el Ministerio de Agricultura; y en 2018 Promomaya mejoró sistemas de riego por Q10 millones 981 mil 472.23 para el Ministerio de Agricultura y construyó canchas deportivas para el Ministerio de Cultura y Deportes por Q2 millones 379 mil 801.50, para un total de Q13 millones 361 mil 273.73, estos negocios se gestaron luego que Allan Rodríguez fuera asesor del diputado Fernando García Gudiel en el Congreso y cuando su sobrino, Mario Renato Monterroso García, era el viceministro de Deportes.

Rivera Zaldaña también cuenta con una organización no gubernamental llamada Asociación Integral de Desarrollo de Sacatepéquez (Aidsa), la cual fue presidida y representada legalmente por Osmán Enrique López López, exesposo de Rivera Zaldaña, la cual está aprobada como entidad intermediaria por la Junta Directiva de Fopavi, para realizar estudios socioeconómicos y emitir declaraciones de elegibilidad a las familias que soliciten ser beneficiarias de un subsidio, por lo cual cobran una cuota de Q350 por cada estudio realizado.

Aidsa suscribió en 2008 un convenio con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia para administrar un proyecto de construcción de aulas, sanitarios, remozamiento y equipamiento de escuelas públicas por Q11 millones 72 mil 650 en los departamentos de El Progreso y Sacatepéquez. Una de las cinco empresas contratadas por Aidsa para ejecutar el proyecto fue Grupo Dicon, con un monto adjudicado de Q3 millones 603 mil 850.

Aunque Promaya y Grupo Dicon reportan diferentes direcciones y representantes legales, los vínculos son evidentes. Su abogado y asesor jurídico es Kevin Danilo Rivera Zaldaña, hermano de Shirley, quien también es el coordinador jurídico de Aidsa (el 2 de marzo de 2020 fue contratado como asesor del despacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, por lo que devengó honorarios por Q25 mil hasta abril de ese año). 

Y los representantes legales de Promomaya: Jeremías Jacob Musus Ávila y su primo José Arturo Asbal Ávila, según los registros del IGSS laboran para Grupo Dicon. Mientras que uno de los representantes legales de Dicon fue Ramiro Asbal Ávila, hermano y primo de los representantes de Promomaya. Otro hermano, Nery Asbal Ávila fue contratado en 2020 como asesor del presidente del Congreso, Allan Rodríguez, aunque se desempeña como su piloto.

Shirley Rivera y Eleuterio Boc Chitay (segundo de izquierda a derecha), presidente de AIDSA, entidad intermediaria de Fopavi, durante un mitin en 2019. Boc fue empleado de Promomaya y candidato a concejal a la Municipalidad de San Raymundo por el Partido Vamos.

Otra empresa registrada ante el Fopavi, precalificadas para ejecución de obras, es Construcciones GMZ, S.A., representada legalmente por Mercedes Zaldaña Escobar, madre de Shirley Rivera Zaldaña, quien trabajaba para Grupo Dicon en 2015, según los registros del IGSS.

Otro detalle de la influencia de Allan en Fopavi se dio el 8 de enero de 2018 cuando logró que el entonces ministro de Comunicaciones, Aldo García, ordenará la contratación de su hermano Javier Antonio Rodríguez Reyes, un bachiller en computación de 19 años, para prestar servicios técnicos en la Unidad de Tecnología del Fondo para la Vivienda. El hermano de Allan estuvo contratado en Fopavi hasta el 25 de mayo de 2018 devengando honorarios de Q10 mil mensuales. Luego fue contratado en el Ministerio de Cultura y Deportes.

La relación entre Allan Rodríguez y Shirley Rivera Zaldaña derivó en una amistad que trascendió a la política. En 2015 ambos se postularon para diputados por Sololá con la alianza Creo-Unionista, pero no resultaron electos. En 2019 se incorporaron al partido  Vamos y Rodríguez fue electo diputado por Sololá y Rivera por el Distrito de Guatemala. Rivera es actualmente la mano derecha de Allan en el Congreso y a quien le encarga los temas administrativos y dirige sus reuniones y su agenda.

Nuevo constructor en Fopavi

El 3 de diciembre de 2019, un nuevo constructor se registró ante el Área Técnica del Fopavi. Se trata de Negocios e Inversiones Keyli, S. A. (NIKSA), representada por Edgar Baldomero Pérez.

Y después de eso, muy pronto empezaron a llegar los contratos para NIKSA. El 14 de enero de 2020 fueron aprobados cuatro contratos para adquisición de lotes con servicios por Q3 millones 570 mil, Q4 millones 60 mil, Q5 millones 915 mil y Q6 millones 440 mil.

Y el 31 de marzo le fue aprobado otro contrato para adquisición de lotes con servicios por Q6 millones 90 mil, para un total de Q26 millones 75 mil en cinco contratos con Fopavi.

Además, rápidamente el Fopavi le desembolsó a NIKSA la mitad de los contratos por Q13 millones 37 mil 500, según los reportes de adquisiciones y contrataciones de bienes del fideicomiso del Fondo para la Vivienda, una celeridad poco vista con otros constructores.

Se desconoce si el Fopavi le ha otorgado más contratos a NIKSA, ya que la información en su página web no está actualizada a la fecha.

¿Fin de la sociedad?

El 23 de octubre pasado, el Registro Mercantil publicó un edicto de clausura de empresa, donde informó que el día previo se presentaron Allan Estuardo Rodríguez Reyes y Alma Lucrecia González Lemus, copropietarios, solicitando la clausura de la empresa mercantil denominada Concha y Toro Sport Bar.

Diez años después, Allan y Alma ponían fin, al menos legalmente, a su sociedad mercantil, en lo que se refiere al restaurante y sport bar, de la red de constructoras favorecidas con contratos millonarios en Covial y el Fopavi, las dudas persisten.

¿Posible caso de colusión?

El 7 de agosto de 2020, la Municipalidad de San José, Escuintla, publicó en el portal de Guatecompras un concurso para contratar a una empresa para el mejoramiento de un camino rural que conecta al aeropuerto de Carga con la autopista al Puerto Quetzal. A la presentación de ofertas realizada el 17 de septiembre pasado  se presentaron solo dos constructores.

Alma Lucrecia González Lemus y su empresa Construalma, que ofertó Q25 millones 1,450 y José Efraín Mateo Matías y su empresa Multiservicios Carlitos, que ofertó Q25 millones 102.

Cuatro días después, la Junta de Licitación, conformada por tres empleados municipales nombrados por el alcalde Marco Vinicio Najarro Cruz y su Concejo, resolvieron que González Lemus no cumplió con presentar la fianza original ni presentó constancia vigente de estar inscrita y precalificada en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y procedió a adjudicar la licitación a Mateo Matías y su empresa Multiservicios Carlitos, quien cumplió con todos los requisitos y su oferta fue calificada con cien puntos en precio, calidad y respaldo y plazo y forma de entrega.  

Esta adjudicación fue aprobada por el alcalde Najarro Cruz y su Concejo Municipal el 30 de septiembre. El contrato entre la Municipalidad de San José y Mateo Matías se firmó el 21 de octubre y su copia fue enviada a la Contraloría General de Cuentas el 1 de diciembre.

Lo que la Junta de Licitación, ni el Alcalde Municipal y su Concejo ni la Contraloría General de Cuentas detectaron fue que, según los registros de cuotas patronales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Mateo Matías labora para la empresa Negocios e Inversiones Keyli, S.A. (NIKSA) desde mayo de 2016, otra constructora cuyo representante legal, Edgar Baldomero Pérez, trabaja para Alma Lucrecia González Lemus desde noviembre de 2018. La relación entre Mateo Matías y González Lemus es evidente y sus ofertas similares.

El Artículo 25 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que: Comete el delito de pacto colusorio en las adquisiciones públicas, quien realice un convenio, acuerdo, decisión, recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, en la presentación de ofertas en procesos de adquisición pública, que tenga por objeto o produzca el efecto de impedir, restringir o afectar la libre competencia en un determinado proceso o acto.

También se entenderá que existe pacto colusorio, cuando dos o más sociedades que formen parte de un mismo grupo empresarial o corporativo, según la definición de partes relacionadas, contenida en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, participen en el mismo proceso de adquisición pública. Los responsables de este delito serán sancionados con prisión de uno a cuatro años y con multa de Q5 mil a Q25 mil.

Las personas individuales o jurídicas que hayan participado o se hayan beneficiado del pacto colusorio, ya sea de manera directa o por medio de sus accionistas o representantes, serán sancionadas con la cancelación de su inscripción en el Registro General de Adquisiciones Públicas, la que deberá efectuarse a la mayor brevedad posible.

Los miembros de la Junta que tengan conocimiento de indicios de pacto colusorio están obligados a realizar la denuncia a las autoridades correspondientes. Y si se determinare la existencia de colusión entre oferentes, serán rechazadas las ofertas involucradas, sin perjuicio de la adopción de las medidas que determine el reglamento de la Ley de Contrataciones (inhabilitación en Guatecompras para ser proveedor o contratista del Estado, compensación a la entidad afectada por los daños causados así como la inhabilitación en el RGAE).

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