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Investigación

Delegado del Centro de Gobierno y socio de empresa proveedora del Estado


Pablo Antonio Ramírez Leal, delegado de Prioridades Presidenciales para el Ministerio de Salud Pública, es accionista mayoritario de la Empresa Mundial de Servicios, S.A., la cual le provee servicios de repuestos y mantenimiento de maquinaria pesada a los ministerios de la Defensa Nacional, de Comunicaciones, de Gobernación, de Relaciones Exteriores, así como las portuarias y varias municipalidades. Pablo Antonio es hermano de Salvador Ramírez Leal, comisionado presidencial de Infraestructura Estratégica, amigo y financista del mandatario Alejandro Giammattei durante sus últimas dos campañas.

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La Comisión Presidencial del Centro de Gobierno será recordada por ser “el poder detrás del trono” durante el primer año de la administración de Alejandro Giammattei. Fue por medio de esta instancia que se delegó la supervisión de los proyectos prioritarios del mandatario.

Con un presupuesto de Q8.5 millones provenientes de la Secretaría General de la Presidencia, su director ejecutivo, Luis Miguel Martínez Morales, dispuso de fondos suficientes para armar un equipo de trabajo que sirviera de “enlace” con los ministerios y secretarías del Organismo Ejecutivo, aunque para algunos su función era pedir cuentas.

Entre las contrataciones realizadas por Martínez figura Pablo Antonio Ramírez Leal, quien fue contratado desde el pasado 17 de febrero en la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno como delegado de las Prioridades Presidenciales para el Ministerio de Salud Pública, según el acta 47-2020 de la Secretaría General de la Presidencia.

Ramírez devengaba un salario base mensual de Q15 mil más un bono de Q5 mil por formar parte del Centro de Gobierno y una bonificación de Q250 para un total de Q20 mil 250. Su contratación fue bajo el renglón presupuestario 021 (personal supernumerario, contratado para labores temporales de corta duración, pero con derecho a bono 14 y aguinaldo).

Pero además de ser un delegado de las prioridades presidenciales bien remunerado, Pablo Ramírez también es accionista mayoritario de la sociedad anónima Empresa Mundial de Servicios, que a la fecha ha obtenido Q53 millones 61 mil 433.48 en contratos con el Estado desde 2009, de acuerdo con el portal de transparencia Guatecompras.

De ese monto existen Q1 millón 62 mil 765.59 obtenidos durante 2020, lapso durante el que Ramírez Leal también se desempeñó como empleado público.

Proveedor del Estado

En 2020 el giro de negocios de la Empresa Mundial de Servicios, S. A. con las entidades públicas consistió en vender repuestos y mano de obra para darle mantenimiento a la maquinaria pesada propiedad de ministerios, portuarias y municipalidades.

Por ejemplo, el Ministerio de la Defensa (Mindef) realizó seis contrataciones durante 2020 a la Empresa Mundial de Servicios que suman Q297 mil 240. Todas por mantenimiento para la maquinaria de construcción que está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

La Municipalidad de Jacaltenango, Huehuetenango, fue el segundo mejor cliente de Empresa Mundial de Servicios. En total facturó Q283 mil 615.59 a la comuna. Las compras fueron por la adquisición de repuestos para retroexcavadora  y pago de mano de obra.

La Municipalidad de Guatemala también requirió compras de filtros de diésel, aceite y aire para vehículos y maquinaria a cargo de la comuna y también contrató a la empresa de Pablo Ramírez Leal para realizar servicios de reparación y mantenimiento de motocicletas. En total la Empresa Mundial de Servicios facturó Q127 mil 219 a la comuna capitalina.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) también realizó durante el pasado año tres compras de repuestos para maquinaria pesada a cargo de la Dirección General de Caminos. En total el CIV pagó Q126 mil 247 a la Empresa Mundial de Servicios.

Otras dependencias que contrataron a la empresa de Pablo Ramírez fueron los ministerios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la Secretaría de 

Bienestar Social de la Presidencia, la Municipalidad de San Andrés Sajcabajá y la Portuaria Champerico y Santo Tomás de Castilla. 

Una sociedad familiar

Empresa Mundial de Servicios, S.A. fue creada el 29 de noviembre de 1999. Sus socios fundadores fueron Hugo Leonel Pérez de Paz y Manuel Alberto Monroy Ducuron.

Sin embargo, en un acta notarial de asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 18 de junio de 2013, elaborado por la notaria Vivian Moralejo Aycinena, se hace constar que Pablo Antonio Ramírez Leal posee ocho acciones nominativas (es el accionista mayoritario), su hija Ana Paola Ramírez Letona posee una acción nominativa y su hijo Pablo Antonio Ramírez Letona es poseedor de una acción nominativa.

Hasta el 3 de enero de 2020 Pablo Antonio Ramírez Leal fungió como representante legal de Empresa Mundial de Servicios cuando fue sustituido por Lucrecia del Carmen Muñoz Morales.

Hermano es Comisionado Presidencial

Pablo Antonio es hermano de Salvador Francisco Ramírez Leal, amigo y financista del presidente Alejandro Giammattei Falla, a quien ha apoyado durante sus últimas dos campañas presidenciales.  En 2015, su hijo Salvador Humberto Ramírez Díaz fue candidato a diputado por Listado Nacional del Partido Fuerza, cuyo candidato presidencial fue Alejandro Giammattei.

Actualmente, Salvador Ramírez Leal se desempeña como comisionado presidencial de Infraestructura Estratégica, nombrado por el presidente Giammattei y ha trabajado muy de cerca con la Agencia Nacional de Alianzas de Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), también se le menciona como posible sustituto de Josué Edmundo Lemus Cifuentes, si deja el cargo de ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para ocupar su curul como diputado en el Congreso de la República.

Salvador Francisco, hermano de Pablo Antonio Ramírez Leal, es financista y amigo personal de Alejandro Giammattei. Actualmente se desempeña como Comisionado Presidencial de Infraestructura Estratégica.

El 27 de julio de 2017, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal condenó a dos años de prisión y el pago de una multa de Q300 mil a Salvador Ramírez Leal por el delito de defraudación tributaria.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público (MP) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la empresa Dragados y Construcciones, S.A. (Draco) simuló gastos y evadió el pago de Q779 mil 645 en impuestos por medio de cuatro facturas con dos proveedores en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 30 de junio de 2001.

En ese periodo Salvador Ramírez era el representante legal de Dragados y Construcciones.

Además Salvador Ramírez Leal es administrador único y representante legal de Petro Energy, 

S. A., que opera los campos petroleros Chocop y Yalpemech  y que desde 2015 le adeuda al Estado de Guatemala un total de US$108 mil 579.85 por concepto de regalías y participaciones en la producción que se ha negado a pagar al Ministerio de Energía y Minas (MEM), según se dio a conocer durante una citación realizada por el diputado Carlos Barreda, quien requirió a las autoridades del MEM realizar los cobros inmediatamente.

“Hay una violación a la Ley de Probidad”

De acuerdo con Manfredo Marroquín, socio fundador de Acción Ciudadana (AC), existe “un claro y típico caso de conflicto de interés, puesto que un empleado público no puede ser proveedor del Estado y eso viola lo establecido en la Ley de Probidad”.

“Él (Pablo Antonio Ramírez Leal) tiene una doble posición de privilegio para lograr contratos para su empresa al ser hermano del Comisionado de Infraestructura Estratégica, un puesto concedido por el Presidente y al ser empleado de una comisión que responde al colaborador más cercano e influyente del mandatario (Luis Miguel Martínez)”, comentó el analista en temas de transparencia.

Marroquín añadió que “es lamentable que la Comisión Presidencial de Transparencia ejecute un trabajo tan pobre para prevenir que funcionarios y empleados públicos beneficien a empresas con las que tienen relación”.

“Realmente la Comisión de Transparencia debería anticiparse a situaciones como esta. Considero que el caso es grave y la Contraloría General de Cuentas debería de intervenir de inmediato para indagar si existen otras anomalías”, concluyó.

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