Tras más de 18 meses de disputa legal el Ministerio de Comunicaciones aprobó el 28 de junio pasado otorgarle el contrato por Q310 millones 844 mil 182.15 a Constructora y Transportes San Francisco propiedad de Francisco Alejandro Córdova Molina.

La constructora deberá realizar trabajos de mejoramiento de la Ruta Nacional 7W, Tramo: San Cristóbal, Alta Verapaz-Río Chixoy-Chicamán, Quiché, con una longitud de 45.71 kilómetros y “proporcionar una capa de rodadura de pavimento con el fin de prolongar su vida de servicio en 15 años”.

Además, Constructora y Transportes San Francisco deberá ejecutar trabajos de mejoramiento y ampliación del sistema de drenajes, la realización de bóvedas o puentes a lo largo del tramo así como la reparación de los daños presentados en la pavimentación realizada del sub-tramo Río Chixoy-Chicamán y los trabajos de prevención y recuperación de la sección típica en el hundimiento presentado entre los kilómetros 208.8 al 209.6.

La oferta de la Constructora y Transportes San Francisco se impuso en diciembre de 2018 a las de H3 Guatemala, S.A. (Q312 millones 002 mil 543.56), SBI International Holdings AG (Q313 millones 609 mil 124) y Asfaltos y Petróleos, S.A. (Q345 millones 494 mil 246.58).

Resurrección de un evento anulado

La licitación pública de este tramo carretero fue lanzada en agosto de 2018, sin embargo, el proceso fue accidentado desde que se recibieron hasta que se calificaron las ofertas.

La recepción de ofertas se realizó el 23 de noviembre de 2018. El 27 de noviembre la Junta de Calificación solicitó una prórroga de cinco días hábiles para resolver. El 28 de noviembre el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz, autoriza la prórroga.

El 13 de diciembre la Junta de Licitación resuelve adjudicar el proyecto a Córdova Molina. Sin embargo, el 4 de enero de 2019, el ministro Benito Ruiz resuelve improbar lo actuado por la Junta de Calificación “por no obrar dentro de las actuaciones la certificación de disponibilidad presupuestaria”.

El 17 de enero de 2019 la Junta de Licitación se reúne nuevamente y ratifica la adjudicación a favor de Constructora y Transportes San Francisco y solicita a la Coordinadora de la División Financiera de la Dirección General de Caminos del Ministerio emitir la constancia de disponibilidad financiera y remite el expediente al despacho superior para su aprobación.

Sin embargo, el 28 de enero de 2019, el ministro José Luis Benito Ruiz, vuelve a improbar lo actuado por la Junta de Licitación al no contar dicho proyecto con los respectivos saldos presupuestarios y el status del proyecto en Guatecompras pasa a ser de finalizado anulado.

El 11 de marzo de 2019, Francisco Alejandro Córdova Molina interpone un Recurso de Reposición en contra de la resolución de anulación dictada por el ministro Benito Ruiz.

El proyecto permaneció dormido hasta que el 20 de julio pasado, el ministro Josué Edmundo Lemus resolvió declarar con lugar al Recurso de Reposición que había planteado Córdova Molina, debido a que el 14 de julio de 2020, se emitieron órdenes para que la Dirección General de Caminos activara el SNIP del proyecto y se adjuntara la certificación de Constancia de Disponibilidad Presupuestaria que tiene fecha 15 de julio de 2020.

Posteriormente, el 28 de julio, el ministro Lemus emitió una nueva resolución en la que aprueba lo actuado por la Junta Calificadora por lo que el status del proyecto en Guatecompras pasó de finalizado anulado a en evaluación y minutos después a finalizado adjudicado.

El pasado 28 de julio, el ministro de Comunicaciones, Josué Lemus Cifuentes, autorizó el contrato de Q310. 8 millones para la Constructora y Transportes San Francisco propiedad de Francisco Alejandro Córdova Molina.

El poder de los Córdova Molina

Francisco Alejandro Córdova Molina, dueño de la Constructora y Transportes San Francisco, es hermano del ex diputado Edgar Tomás Córdova Molina, un prominente miembro del denominado “Pacto de Corruptos”.

La empresa Constructora y Transportes Camtrac, propiedad del ex diputado Edgar Tomás Córdova Molina, se ubica en la 11 avenida 4-26, zona 2 de la ciudad de Cobán. Coincidentemente en ese mismo domicilio se reporta que también tiene su sede la empresa Constructora y Transportes San Francisco, propiedad de Francisco Alejandro Córdova Molina, que este año ya fue beneficiada con dos proyectos: uno de Q310 millones 844 mil 182.15 con la Dirección General de Caminos y otro con la Unidad de Conservación Vial (Covial) por Q4 millones 775 mil 766 para dar mantenimiento vial a varios tramos de Alta Verapaz.

Edgar Tomás Córdova Molina es oriundo de Alta Verapaz y logró una diputación por ese departamento en las elecciones generales de 2015 al ser postulado por el ya desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Lider). Al tomar posesión de su curul renunció a dicha agrupación y se declaró independiente.

Durante la anterior legislatura, Córdova Molina manejó un bajo perfil pero siempre brindó su apoyo incondicional al presidente Jimmy Morales y sus aliados. Esa lealtad se tradujo en contratos de obra pública para las empresas de sus familiares.

Fue de esa forma que la Constructora y Transportes San Francisco, de Francisco Alejandro Córdova Molina (hermano) y la empresa Maya-Mix, de Shellder Alexander Córdova Catalán (sobrino), tuvieron un crecimiento considerable en la adjudicación de contratos de obra pública por parte del Estado.

De acuerdo con el portal de Guatecompras, durante los cuatro años que Jimmy Morales fue gobernante las dos constructoras obtuvieron Q659 millones 109 mil 574.47 en adjudicaciones de obra pública.

De ese monto Q562 millones 752 mil 340.46 corresponden a Constructora San Francisco y Q96 millones 357 mil 234.01 a Maya-Mix.

Del “Pacto de Corruptos”

Pese a ser un legislador de bajo perfil, Edgar Tomás Córdova Molina siempre participó en las sesiones plenarias en las que se aprobaron decretos polémicos o se eligieron funcionarios en puestos claves.

Por ejemplo, participó en la sesión plenaria del 13 de septiembre de 2017. Ese día el Congreso aprobó, de urgencia nacional, dos decretos para modificar el delito de financiamiento electoral ilícito y hacer cambios a la conmutación de penas, actos a los que la población denominó “Pacto de Corruptos”, porque permitían que personas condenadas por extorsión, homicidio, trata de personas, entre otros delitos, evitaran la pena de cárcel. Además, eximían a los secretarios generales de partidos políticos de su responsabilidad por financiación ilícita, entre ellos el presidente Jimmy Morales, el diputado de la UNE Orlando Blanco y de Lider, Roberto Villate.

Córdova Molina votó también a favor de las reformas al delito del financiamiento electoral ilícito en la sesión plenaria del 18 de octubre y también participó y votó a favor de la Ley de Aceptación de Cargos en la sesión plenaria del 12 de noviembre de 2019, la cual fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad (CC) a principios de este año.

Otro señalamiento que se le hizo al hoy exdiputado fue el de ser operador de una estructura de diputados que habrían ofrecido prebendas a otros legisladores a cambio del voto a favor del nuevo funcionario.

Según denuncias de los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en 2019 Córdova operó –entre otros congresistas– para que cada diputado que votara a favor del candidato a Contralor elegido recibiera a cambio Q100 mil.

Edwin Humberto Salazar Jerez fue electo como nuevo Contralor con 103 votos, los mismos fueron dados por los diputados de las bancadas Todos, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Movimiento Reformador (MR), Alianza Ciudadana (AC), Independientes, Unión del Cambio Nacional (UCN), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Visión con Valores (Viva), dos representantes de los bloques de la UNE y Compromiso, Renovación y Orden (Creo). Encuentro por Guatemala (EG) decidió no darle el apoyo a ninguno de los seis candidatos.

Intermediación presidencial

Dos fuentes legislativas indicaron que los Córdova Molina son bien vistos por las actuales autoridades debido a que durante la pasada segunda vuelta electoral brindaron su apoyo al entonces candidato presidencial Alejandro Giammattei para el desarrollo de la logística del día de la votación, sin embargo elPeriódico no pudo confirmar esta versión.

Se buscó un comentario del ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, pero no respondió a las llamadas realizadas. Sin embargo, el pasado 31 de julio, el Ministerio de Comunicaciones publicó en redes sociales un mensaje en el que agradece al presidente Giammattei por el apoyo para sacar adelante el proyecto de mejoramiento de la carretera Ruta Nacional 7W, Tramo: San Cristóbal, Alta Verapaz-Río Chixoy-Chicamán, Quiché.