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Investigación

Q600 millones para los diputados aliados


La alianza de diputados que apoya al Gobierno desde el Congreso, está recibiendo réditos al permitirles distribuir como mejor les parezca los recursos asignados en el Decreto 20-2020.

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El Decreto 20-2020, que amplió el Presupuesto en Q5 mil 138.9 millones, incluyó una partida de Q600 millones que sería destinada a los Consejos Departamentales de Desarrollo con el fin de “visibilizar obras nuevas para la reactivación económica” de los distintos municipios del país, todo esto en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Sin embargo, dichos fondos han sido asignados en su mayoría a las municipalidades de los partidos aliados en el Congreso que votan al lado del partido oficial en varias iniciativas.

Algunos alcaldes y diputados hablan de la asignación de obras por Q5 millones para cada uno de los  legisladores que votaron junto a la alianza oficialista. Estos a su vez, han llevado dichos recursos a los jefes ediles afines, con la intención de beneficiar a empresas constructoras de amigos y financistas de campaña.

Esta distribución, sin que se hayan establecido parámetros para decidir por qué otorgar recursos a determinado municipio y no a otros, mantiene una aireada disputada entre los alcaldes, además de haber provocado roces entre el Ejecutivo y algunos diputados, quienes ante las declaraciones del Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y la forma en la que se repartieron los recursos, creen que no se cumplirá con asignarles “su cuota”, la cual ellos mismos se otorgaron al aprobar la ampliación presupuestaria.

Una repartición sin criterios técnicos

Algunas de las actas dan muestra de la forma en la que se han repartido las obras, con reuniones previas a las que no han invitado a todos los alcaldes del departamento o reuniones donde han sido los diputados quienes han decidido las adjudicaciones de obras.

Los Q600 millones se repartieron de forma discriminada en los distintos departamentos del país, sin que se refleje en esta repartición el número de habitantes, las condiciones de pobreza o el número de municipios con que cuenta cada uno.

Siete departamentos se repartieron cerca de Q500 millones: Quiché, con Q160.2 millones, fue el mayor beneficiado; seguido por Quetzaltenango, con Q94.6 millones; Petén, con Q89.9 millones; Escuintla, con Q51 millones; Suchitepéquez, con Q41.5 millones; Chimaltenango, con Q40 millones, y El Progreso, con Q20 millones.

Carlos Barreda, diputado de la fracción de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) opuesta a Sandra Torres y sus diputados (entre ellos el hijo del prófugo Carlos López), presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad señalando que la repartición de los recursos se hizo sin tomar en cuenta criterios técnicos como niveles de pobreza, población, entre otros, una fórmula similar a la del situado constitucional con la que el Ejecutivo le adjudica los fondos anuales a las municipalidades del país.

Según Barreda, la repartición hecha por los Codede, viola el principio de igualdad que establece la Constitución, al dejar afuera a más de 120 municipalidades.

La adjudicación de los proyectos para El Progreso habría sido hecha en una finca de los diputados de ese departamento, en la reunión no participó ni el Gobernador, ni los representantes de la Scep.

“El Gobernador está mintiendo”

El Acta 04-2020 del Consejo Departamental de Desarrollo de Escuintla, a la que elPeriódico tuvo acceso, muestra la forma en la que se repartieron los recursos en donde municipios con la población más grande, como la cabecera de Escuintla, no recibió recursos para proyectos, mientras el municipio Puerto San José, cuyo alcalde, Vinicio Najarro de la UNE, ha sido cercano al grupo de Sandra Torres, quien ha votado al lado del partido oficial, recibió Q30 millones.

Durante la reunión del Codede realizada el pasado 12 de junio, luego de los reclamos de los alcaldes que no recibieron nada de los Q600 millones del Decreto Q20-20202, entre ellos Abraham Rivera, del partido Victoria, cuyo agrupación en el Congreso ha criticado al actual gobierno y no ha apoyado la aprobación de sus proyectos, el gobernador Luis Chen, dijo según el acta, que “fue la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP)”, presidida por Camilo Dedet, “la que hizo a distribución para el departamento de Escuintla”.

Sin embargo, en una citación con la bancada Victoria, Dedet inició su intervención señalando que el Gobernador (Luis Chen) estaba mintiendo. “Concisamente quiero decirle que el Gobernador está mintiendo. Dos, en este momento no hay solo quetzal de los recursos extraordinario que se haya distribuido a ninguna parte”, señaló Dedet.

¿Recursos para obras de arrastre o comisión para congresistas?

Dedet dijo además en su intervención frente a los diputados del partido Victoria, que los recursos que se habían solicitado al Congreso eran para cubrir obras de arrastre de las distintas municipalidades, pero que se sorprendieron al ver que el Congreso lo había destinado para infraestructura nueva.

Esta afirmación de Dedet confirma las críticas de las bancadas de oposición así como de varios alcaldes, que han señalado que los diputados se repartieron las obras para que las ejecutaran los constructores de su confianza y fue por esto que las distribuyeron con las alcaldías, en donde podían tener influencia para decidir a qué empresa adjudicar la obra.

El alcalde de Nueva Santa Rosa, Enrique Arredondo, afirmó que lo que hicieron los diputados que votaron a favor del Ejecutivo fue repartirse los Q5 millones en obras.

Así se distribuyeron las obras

Durante la reunión del Codede de El Progreso, Jorge Orellana Pinto, alcalde de Guastatoya, levantó la voz y criticó no haber recibido recursos para su municipio en igualdad de condiciones que el resto de municipios del departamento.

En dicha reunión, Orellana señaló que él y el alcalde de El Jícaro no habían recibido obras para sus municipios, debido a que no habían sido invitados a la reunión convocada por los diputados de dicho departamento, en donde se decidió el reparto de las obras, sin ningún criterio técnico.

Orellana señaló además que en dicha reunión tampoco participaron representantes de la SCEP ni de los Codede.

“El procedimiento se tenía que convocar a un Codede, de ahí nacía el Comude –Consejo Municipal de Desarrollo–, en el Comude se debía priorizar proyectos, se subían, se reunía la UTD –Unidad Técnica Departamental– y se aprobaban. Aquí no se hizo así, aquí vinieron y mandaron un mensaje de texto informal, a un chat informal, y dijeron que en tal finca se reunían, no llegó el Gobernador, no llegó Segeplan, ni el director de Consejos de Desarrollo y ahí se repartieron las obras”, señaló Orellana.

La reunión se habría realizado en el Rancho Guadalupe, propiedad de Víctor Guerra, quien fue patrono de Félix Palencia, el otro legislador del departamento. Ambos diputados de El Progreso pertenecen al partido UNE y a la facción leal a Sandra Torres.

De los Q20 millones asignados al Departamento de El Progreso, unos Q3 millones 199 mil se asignaron a la Municipalidad de Sanarate que dirige Víctor Israel Guerra Zavala, hijo del diputado Guerra.

Por su parte, la Contraloría General de Cuentas ha empezado a indagar sobre la forma en la que se repartieron las obras, mientras la Corte de Constitucionalidad define si suspende las acciones de los Codede de forma provisional, ante el amparo planteado por la UNE.

Los municipios con los montos más altos

> Dentro de los municipios con los montos más altos se encuentran varios de la UNE, todos estos vinculados a Sandra Torres y los diputados plegados a esta, entre ellos los de El Progreso, Carlos López de Quiché; Santiago Najera, entre otros. La UCN de Mario Estrada, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, tiene varios municipios beneficiados también, además partidos como Valor, de Zury Ríos y Prosperidad Ciudadana.

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