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Investigación

Caminos precalifica a empresas cuestionadas para obra de US$110 millones


Entre las empresas figura Topsa, vinculada al caso Cooptación del Estado, así como la constructora brasileña Odebrecht, señalada de pagar sobornos en su país en el caso Petrobras.

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La Dirección General de Caminos eligió el pasado 3 de agosto a ocho empresas para concursar por el proyecto “Programa de Mejoramiento de Carreteras en Zonapaz II”, que consiste en la construcción de cuatro tramos entre los municipios de Chicamán-Playa Grande, Quiché, y el mejoramiento del tramo Lanquín-Cahabón, Alta Verapaz, para lo cual se adquirió un préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por US$110 millones.

Con la lista corta se limita que otras empresas puedan competir en la próxima licitación y se reducen las posibilidades a solo las ocho precalificadas. Para algunos constructores que no participaron en el evento, la licitación debió ser abierta a todos para mejorar la oferta y ampliarla a nivel internacional, además que al precalificar a empresas cuestionadas y que están bajo investigación por casos de corrupción, el concurso se vuelve opaco, manifestaron.

En el oficio número 0687 del director general de Caminos dirigido a la Junta de Calificación se les informó: “Recientemente se tuvo conocimiento público sobre la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público y la CICIG por presuntos actos dolosos o deshonestos cometidos por varias empresas que están participando del proceso”, por lo que recomendó “dejar en suspenso la precalificación de las empresas involucradas en tanto se dilucida su situación legal”.

Sin embargo, la Junta calificadora dejó en acta que “No existe fundamento legal para que los miembros de la junta calificadora dejen en suspenso la precalificación de las empresas involucradas en presuntos actos dolosos o deshonestos”.

Así, dentro de las ocho empresas precalificadas por la Junta, al menos tres han sido vinculadas con anomalías.

Topsa, en TCQ y Cooptación

 

Entre las empresas precalificadas, la junta calificó a Topsa, Sociedad Anónima, vinculada a Raúl Osoy, prófugo de la justicia y acusado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de financiamiento ilícito, lavado de dinero y cohecho activo, en el caso “cooptación del Estado”, que se sigue en contra Otto Pérez, Roxana Baldetti, además de empresarios y exministros que participaron en los actos de corrupción.

Osoy Penados fue representante legal de la constructora Topsa hasta hace unos meses de que el MP y la CICIG revelaran el caso y según los detalles de la documentación incautada en distintos allanamientos, la mayoría de proyectos que le fueron adjudicados a sus empresas fueron hechos a través de acuerdos con el exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón a quién pagaba una comisión por cada proyecto adjudicado.

En los cuadros incautados en los allanamientos, se nombra a Osoy como ROP por las iniciales de su nombre Raúl Osoy Penados, quien está implicado también en el caso TCQ, en donde facilitó el pago de comisiones a sindicatos de la Empresa Portuaria Quetzal a través de sus empresas según las investigaciones.

TOPSA ha obtenido adjudicaciones de obras públicas por Q917 millones 799 mil 143.56 entre 2004 y 2015 según los detalles del portal electrónico de Guatecompras. De estos Q323 millones 894 mil 890.09 fueron entregados durante el gobierno del Partido Patriota (PP).

Obedrecht, corrupción en Brasil

Norberto Odebrecht es la mayor empresa constructora en Brasil y de Latinoamérica; su presidente, Marcelo Odebrecht, heredero de la firma, fue sentenciado recientemente a 19 años de prisión por haber participado en una red de corrupción con la petrolera estatal Petrobras.

Según las investigaciones, Odebrecht pagó al menos US$30 millones en sobornos a funcionarios y directivos de la petrolera para que la favorecieran con contratos sobrevalorados.

En Guatemala, Odebrecht fue adjudicada con la construcción y ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente, del tramo de Cocales a Tecún Umán, San Marcos, debido a que el préstamo contratado con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) obligaba a que una empresa brasileña fuera la que desarrollara la obra de US$384 millones.

Destacado pie de foto, pie de foto texto pie de foto la creación de una nueva fuerza especial para combatir.

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Sin embargo Odebrecht paralizó los trabajos recientemente. A la fecha ha construido apenas 46 de los 140 kilómetros contratados a un costo de US$275 millones; es decir que ha ejecutado apenas el 32 por ciento de la obra y ha cobrado el 71 por ciento de los fondos, a un costo que equivale a US$7.6 millones por kilómetro construido, casi el doble que otras obras similares.

Odebrecht ha sido señalada de haber pagado varios viajes a Brasil para el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y su viceministro, Rubén Mejía, lo cual fue cuestionado por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que lo calificó como un tráfico de influencias; los viajes se realizaron previo a la adjudicación del proyecto.

Sin respuesta

 

Se intentó conocer la razón por la cual las autoridades de la Dirección General de Caminos no objetaron la precalificación de las empresas con cuestionamientos pese a que en su nota a la Junta Calificadora manifiesta que dentro las políticas de JICA, se exige a los licitantes y contratistas las más altas normas de ética durante la adquisición y ejecución de los recursos otorgados, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Constructoras precalificadas

 

Constructora Meco, S. A.

Odebrecht Internacional

Sinohidro Corporation Ltd.

Concay, S. A.

Constructora Codico, S. A.

Constructora Nacional, S. A. (Conasa).

SBI International Holding (Solel Boneh)

Topsa Construciones, S. A.

FUENTE: CIV

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