[theme-my-login default_action="register" show_links="0"]

¿Perdiste tu contrseña? Ingresa tu correo electrónico. Recibirás un correo para crear una nueva contrseña.

[theme-my-login default_action="lostpassword" show_links="0"]

Regresar

Cerrar

Publicidad

Investigación

Cronología de cómo se gestó el anómalo negocio del sistema de control migratorio


Esta línea del tiempo muestra, con pruebas y documentos, cómo, pese a que el contrato por US$109.8 millones para la implementación de un sobrevalorado sistema de control migratorio ha sido rescindido en dos oportunidades por vicios, la empresa SAG impugna la decisión y busca reactivarlo.

El concurso para implementar un sistema de registro y control migratorio biométrico para la Dirección General de Migración (DGM) ha sido, desde hace tres años, como un cadáver que la empresa Security Assistance Group S.A. (SAG) se niega a dejar en paz, aunque antes de morir ese cuerpo (todo el proceso de licitación esta plagado de ejemplos de anomalías y tráfico de influencias) ya olía muy mal.

En las últimas semanas la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) se unieron a esta cruzada para resucitar el contrato. Detrás de este rito están varios actores con un perfil muy discreto: la empresa de consultoría Diestra, propiedad de Rodolfo Mendoza Yaquián y asesorada por el presentador y generador de opinión español Pedro Trujillo.

El sistema  de control migratorio biométrico que SAG ofrece implementar afirma que es capaz de captar y comparar las huellas dactilares y fotografías de rostros de todas las personas que ingresen o salgan del país. Este cruce de datos en tiempo real ayudaría a detectar la presencia de personas con orden de captura internacional o que representen una amenaza para la seguridad nacional, pero a un costo elevado para el país.

La utilidad del proyecto es algo que nadie discute, pero las anomalías radican en la forma cómo se le adjudicó a dicha empresa y su costo. Para la empresa SAG, el paquete de ‘software’ y el equipo tendrá un costo de US$22 millones (Q170.2 millones) que pagará a la firma mexicana-japonesa NEC para su implementación. Para el Estado tendrá un costo de US$109.8 millones (Q849.8 millones) que pagarán los turistas que visiten el país. La ganancia neta, o sobrevaloración del contrato, dependiendo de cómo quiera analizarse está diferencia, alcanzaría los Q679.6 millones.

Esta línea del tiempo muestra el génesis, el primer ocaso, el segundo ocaso y los insistentes esfuerzos de resurrección del anómalo contrato realizados por SAG y Diestra durante los últimos meses.

Publicidad


Esto te puede interesar

noticia AFP
Ministro de Sri Lanka hospitalizado con covid-19 pese a haber ingerido supuesta poción “milagrosa”
noticia Geldi Muñoz
Guatemala sigue pendiente de reanudar negociaciones del TLC con Corea del Sur

Con la entrada en vigor del acuerdo con Panamá, el país podría solicitar adherirse, pero antes debe cerrar las negociaciones.

noticia AFP
Francia usa perros para detectar el COVID-19 a través de la transpiración humana

Los perros miembros de brigadas caninas de la gendarmería y de los bomberos, se entrenan en su nuevo “juego” de detectar apósitos de transpiración tomados durante 10 minutos bajo las axilas de personas positivas al COVID-19 al comienzo de la infección.



Más en esta sección

OJ oficializa creación de un juzgado que conocerá casos de violencia contra la mujer

otras-noticias

La CSJ entrevista a candidatos a magistrados de la CC

otras-noticias

El palmarés de la 71ª edición de la Berlinale

otras-noticias

Publicidad