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Investigación

La Línea: Detalles de la estructura que ganó Q37.8 millones


Un expediente al que tuvo acceso “elPeriódico” muestra la compilación final de todos los documentos analizados por el MP y la CICIG. El informe detalla el funcionamiento de la estructura desde las bases.

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El resultado final de la investigación realizada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) muestra los pormenores de la estructura de defraudación y cómo, desde los supervisores de contenedores hacia los mandos altos, lograron esta millonaria recaudación.

La información fue extraída de cinco fuentes, la principal y más ordenada de ellas, la computadora de Estuardo González, alias Eco. El economista fue contratado inicialmente por la ex vicepresidenta Roxana Baldetti para poner en orden sus empresas y posteriormente para organizar las finanzas de la estructura de defraudación fiscal.

La oficina de la Boutique Emilio, propiedad del prófugo Luis Mendizábal, proveyó 1 mil 187 documentos. El resto de las 3 mil 290 pruebas compiladas en este informe fueron encontradas en el computador de Julio Aldana, operador externo de La Línea; un correo electrónico y lo analizado en base a las escuchas telefónicas.

Los documentos incautados incluían pólizas de los furgones que autorizaron el ingreso a cambio de una “cola”, término que acotó González en su contabilidad para especificar el soborno exigido a los importadores.

Desde abajo

Además de los importadores que ya fueron llamados a declarar, el expediente incluye el nombre de los Técnicos de aduanas o Vistas y los tramitadores que colaboraron para los defraudadores. Las vinculaciones hechas por el ente investigador muestran, al lado de cada personal de aduana, la cantidad de furgones que se supone supervisaron para constatar que lo declarado coincidía con lo que ingresaban.

Aunque entre el listado de Vistas hay algunos que vieron solo un contenedor, resaltan otros que llegaron a dar autorización a más de 500.

Las tres épocas de La Línea

Según el expediente, la estructura de defraudación operó al menos por un año. Este periodo se divide en tres etapas, cada una con un operador mayor distinto.

Bajo el mando de Osama Aranki, el primer operador externo contratado en mayo de 2014, la estructura recibió Q11.8 millones por “cola”. Estuvo al frente de las operaciones solamente por tres meses debido a que los otros miembros de La Línea se percataron que no entregaba cuentas exactas y se apropiaba de los faltantes.

A partir de agosto de 2014 Aranki fue sustituido por Byron Izquierdo. En menos de un mes el nuevo operador recaudó la mitad que su antecesor, un total de Q5.7 millones, pero dejó el cargo para dar paso a otro líder con mayor experiencia en el tema: Javier Ortiz, también conocido como el Teniente Jerez.

Ortiz perteneció en la década de los noventa a la estructura denominada Red Moreno, comandada por Francisco Ortega Menaldo y otros militares de la vieja guardia. Esta estructura fue la que creó los lineamientos sobre los que operó La Línea. La experiencia de el Teniente logró subir la recaudación de sobornos a Q20.3 millones.

Según determinó el MP y la CICIG, la mitad de este fondo final era repartido entre el expresidente Otto Pérez, la ex Vicepresidenta y su secretario privado, Juan Carlos Monzón. En el compilado final del expediente este último figura como el operador máximo.

Monzón permaneció prófugo durante seis meses después que se realizaron las primeras capturas. A su regreso, en octubre de 2015, declaró que su ganancia final no fue de más de Q15 millones; que el verdadero negocio era otro; y que él era la pieza clave para terminar de entender cómo funcionaba en realidad La Línea.

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