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Investigación

La otra línea de Juan Carlos Monzón


El ex Secretario Privado de la Vicepresidencia tenía una red de colaboradores contratados en la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal, que ayudaban a gestionar cobros, compras y contrataciones en ambos puertos.

Después de cuatro meses de estar oculto, Juan Carlos Monzón, el exsecretario vicepresidencial acusado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) de liderar una banda de defraudación aduanera denominada la Línea, decidió entregarse y colaborar.

Monzón tenía una novela entera qué contar. Pudo narrar dónde había estado oculto, quién lo escondió o detalles de la estructura de defraudación aduanera La Línea. En vez de eso, sus palabras fueron breves y puntuales.

Entre disculpas y acusaciones, el ex Secretario hizo una afirmación que dibujó signos de interrogación en el rostro de los presentes: “La cantidad defraudada (en La Línea) no supera los Q15 millones”. La cifra era una incoherencia, en especial si se piensa en el apresurado crecimiento de su patrimonio en los años que laboró para la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Sin embargo, la afirmación puede no ser tan irreal.

La fiscalía los acusó de haber recibido al menos Q28 millones 556 mil que debió repartir entre los integrantes de La Línea, con este monto las cuentas siguen sin cuadrar. Esto se debe a que la red de defraudación no era su única fuente de ingresos.

Apenas una semana después de que se giró la orden de captura contra Monzón, el 23 de abril pasado, Erwin Fernando Guzmán Ovalle, entonces interventor de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac), recibió instrucciones tajantes directas desde el Ejecutivo: debía despedir a una lista de asesores vinculados con Juan Carlos Monzón Rojas.

El Secretario Privado de la Vicepresidencia, además de las comisiones que cobraba a los importadores para La Línea, tuvo el control durante los últimos tres años de las compras y negocios en los puertos del país. Para lograrlo, armó una red de colaboradores estratégicamente ubicados en ambas portuarias.

Pero cuando se convirtió en un perseguido de la CICIG, fue necesario eliminar cualquier relación del gobierno con él.

El encargado de ejecutar la orden fue Hugo Artemio Rodríguez Murcia, subinterventor de la Empornac, quien firmó la rescisión unilateral de los contratos de 14 trabajadores de la empresa portuaria vinculados a Monzón.

Red 1: Abogados millonarios

El primer nombre de la lista de despidos fue el de Alex Ricardo Girón Martínez. Un amigo de Monzón que manejaba una camioneta blindada y tenía una oficina frente a la del Interventor de la Empornac. La ubicación de su despacho no era casualidad, desde allí podía vigilar quién llegaba a entrevistarse con el Interventor, controlar a los empleados y los negocios en la empresa portuaria.

Además, Monzón se encargó de incluir también un grupo de abogados, seis en total, que fueron contratados por la Empornac con onerosos contratos para supuestamente litigar casos laborales de la Portuaria. Esto, a pesar que esta tiene su propio equipo jurídico.

Entre estos figuran los abogados Silvia Guisela Marchena Figueroa, Vernon Eduardo González Portillo, Wilson Joel López González, Werner Francisco Herrera Alvarado, Luis Gustavo Montoya García y Luis Alfonso Yoc Toj.

El primero en ser contratado fue González Portillo, un abogado del Partido Patriota cercano a Roxana Baldetti y Monzón, actualmente acusado de presionar a la magistrada Claudia Escobar para votar en la Corte Suprema de Justicia en favor de un amparo que beneficiaría a la entonces Vicepresidenta.

En noviembre de 2012, a Vernon González se le extendió un contrato por Q1 millón 450 mil para tramitar 117 casos laborales, esto a pesar de tener un contrato como Director Ejecutivo V en el Registro de la Propiedad, donde era la mano derecha de la registradora Anabella de León. Pese al alto costo de sus servicios, no ganó un solo caso laboral para los que fue contratado, indicaron fuentes de la empresa portuaria.

Marchena Figueroa fue notaria de las empresas de Juan Carlos Monzón y escrituró la compra de una vivienda en la zona 5 para la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Fue contratada en marzo de 2014 por Q1 millón 540 mil para llevar casos laborales pero tampoco ganó ninguno. Cuando fue contratada, la abogada tenía otros dos contratos 0-29 vigentes: uno con el Registro de Información Catastral (RIC) como asesora jurídica, y otro por Q15 mil mensuales por servicios profesionales prestados a la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).

En septiembre de 2014, la Empornac contrató a Montoya García por un monto de Q984 mil y en enero de 2015 le otorgó otro contrato por Q2 millones 460 mil. Montoya laboraba como especialista I técnico legal en el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades) en el cual formó parte de la junta licitadora para la adquisición de fertilizantes en 2014. Monzón era directivo de Fonades.

Los últimos contratados fueron López González y Herrera Alvarado, a quienes la Empornac les otorgó un contrato por Q4 millones 3 mil 800 y Q1 millón 540 mil respectivamente, suscritos el 16 de marzo de 2015.

Ese mismo día, Yoc Toj firmó un contrato por Q3 millones 23 mil, a pesar de que prestaba sus servicios profesionales como asesor de despacho del Ministro de Gobernación y se graduó como abogado en junio de 2012.

Estos últimos contratos de los abogados allegados de Monzón fueron rescindidos el 24 de abril.

Red dos: Parientes en la Empornac

La red de plazas de Monzón en la Empornac no se limitaba solo a los anteriores nombres, también figuran su hijastra Michelle Mora, y su suegro Carlos Roberto Mora Furlán, así como la suegra de Alex Girón. Estos tres aún laboran en la portuaria estatal.

Red tres: Puerto Quetzal

Los tentáculos de Monzón alcanzaban de océano a océano. En la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), también laboraron varios de sus allegados, como Rocío Esmeralda Sagastume Pérez, esposa de Alex Girón, quien laboró para el RIC en 2013;  Edwin Jacobo Morales López, asesor de la Unidad Ejecutora de Proyectos, quien trabajó para la empresa Ingeniería M.C. de Monzón, y anteriormente fue asesor de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, una entidad adscrita a la Vicepresidencia de la República; y Edgar Ranferí Recinos Reyes, quien desde 2013 se desempeñaba como asesor de adquisiciones del Interventor, pero en la práctica era quien controlaba las compras y negocios en la Portuaria.

Anteriormente, Recinos Reyes laboró en Fonades, una entidad en donde era director Monzón Rojas y en la que participó en varias juntas de licitaciones, entre ellas la contratación de servicios de seguridad y la compra de fertilizantes.

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