Por considerar que hubo una sobrevaloración estimada en Q190 millones 676 mil 870, en el “arrendamiento con opción a compra de instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de transmisión de video en tiempo real para la vigilancia de la zona 18 y áreas adyacentes para uso de la PNC”, la Controlaría General de Cuentas (CGC) presentó ante el Ministerio Público (MP) una denuncia penal en contra del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, del ex viceministro Manfredo Vinicio Pacheco, el exdirector de la Policía Nacional Civil Telémaco Pérez y de la Junta de Cotización.

El contrato aprobado el 11 de diciembre de 2013 habría sobrepasado el precio de mercado, pues Construcciones y Telecomunicaciones, S.A. (Grupo CTCI), vinculada a Mario Leal, candidato vicepresidencial de la UNE, presentó una oferta de Q262 millones 507 mil 968, en comparación con Internet Telecomunication Company de Guatemala, S.A. (Intertelco)que ofertó en Q71 millones 831 mil 98 por el mismo equipo y servicio.

“Esta denuncia surge a partir de evaluaciones técnicas que identificaron sobrevaloración del contrato. La denuncia se trasladó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que se declare lesivo y a su vez se traslade al Presidente para que él lo ratifique en un acuerdo gubernativo”, explicó el contralor, Carlos Mencos. La denuncia fue presentada el 15 de julio pasado ante el  MP por los auditores de la CGC.

Mario leal, el prestamista

Construcciones y Telecomunicaciones, S.A. es la empresa que por poco más de un año se ha encargado de vigilar y grabar los hechos delincuenciales en la zona 18. Ganadora del contrato que por excepción le fue adjudicado, según la Contraloría, por un precio sobrevalorado. Aunque esta suspicacia de anomalía en su contratación no es la única.

Para funcionar adecuadamente, CTCI obtuvo un préstamo de la empresa Málaga, de la cual es socio Mario Leal Castillo, candidato vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y que al momento de la contratación era el Secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia.

En el perfil de Facebook de Construcciones y Telecomunicaciones, S.A. (Grupo CTCI),  se indica que tienen el respaldo de un consorcio guatemalteco que opera uno de los ingenios azucareros más grandes, la segunda cadena más importante de supermercados en el país, y de una inmobiliaria con más de 150 manzanas de desarrollo, entre otros negocios que identifican a la Corporación Leal de la cual fue director Mario Leal Castillo.

El centro de monitoreo con las 1 mil 18 cámaras ha vigilado la zona 18 desde junio del año pasado. Según los datos de la empresa CTCI, el índice delincuencial ha bajado en 60 por ciento.

Leal indicó que su empresa (Málaga) sí le otorgó un préstamo a CTCI para capitalizarse, aunque aseguró que no influyó en su contratación, ni tiene participación accionaria en la compañía.

Reineri Lemus, gerente general de CTCI, no supo responder porqué publicaron tener el respaldo de la Corporación Leal en su perfil de Facebook, a pesar de que Leal aceptó que esas descripciones hacían pensar que eran las empresas de su familia las que respaldaban a CTCI y que iba a solicitar que lo borraran.

“No hay ninguna relación con el señor Leal, el único dueño y socio de CTCI es Marco Bolaños”, agregó Lemus.

El exministro López Bonilla aseguró que del vínculo entre Leal Castillo y  CTCI se enteró meses después de que fuera adjudicado el proyecto, por lo que indicó que no existió tráfico de influencias al momento de la contratación.

Las anomalías

En la denuncia, los auditores de la Contraloría explican que según el acta de adjudicación de la Junta de Cotización firmada el 2 de mayo de 2013, cumplieron con presentar los documentos fundamentales requeridos, sin embargo, las dos entidades que ofertaron incumplieron con los no fundamentales..

Siete días antes, el 24 de abril, la Junta de Cotización les autorizó una prórroga a las dos sociedades para que presentaran la papelería no fundamental que debían entregar el 26 de abril con límite hasta las 15:30 horas en la Subdirección de Compras de la Subdirección General de Apoyo y Logística de la PNC, en la zona 6. La ganadora, CTCI, se presentó a las 14:30 horas.

La recepción de la documentación cerró a las 15:30 horas como se había estipulado, e Intertelco no se presentó, según la Junta de Cotización.

En el punto sexto del acta de adjudicación se lee: “la Junta de Cotización, caso excepción, rechaza sin responsabilidad de su parte, la oferta presentada por la entidad Internet Telecomunication Company de Guatemala, S.A. en virtud de que no se recibieron los documentos que subsanen los requisitos no fundamentales incompletos y aclaraciones solicitadas”.

La Junta  rechazó la oferta aunque cumplieron con los requisitos fundamentales.  Ante esto, el gerente de la firma perdedora presentó un recurso de revocatoria en donde establece que la empresa sí se presentó a la dirección identificada, pero no fue recibida por la Junta de Cotización.

La conclusión de la CGC en los hechos del proceso de contratación explica que: “La no suscripción del acta correspondiente al 26 de abril de 2013 evidencia que existió incumplimiento por parte de la Junta de Cotización, al no darle recepción formal a la documentación… y las aclaraciones solicitadas a los oferentes, el día y en el lugar indicado en las notificaciones entregadas a las dos oferentes, repercutiendo en la adjudicación del contrato al oferente con el precio más alto, siendo esto lesivo a los intereses del Estado, ya que se pagarían Q190 millones 676 mil 870 más por el servicio contratado”.

La Contraloría presentó la denuncia contra las autoridades de Gobernación por la supuesta sobrevaloración de las cámaras por un monto de Q190 millones.

Defienden el proceso

Los representantes de Grupo CTCI señalaron que cumplieron con los requisitos al momento de presentar su oferta y que las 1 mil 18 cámaras instaladas no han dejado de prestar el servicio pese al atraso de más de 10 meses en los pagos por parte del Mingob.

“La Contraloría conocía del tema desde que se inició el concurso, ellos acompañaron el proceso y se hizo una auditoría concurrente”, manifestó el abogado Julio Vielman, asesor legal de la empresa.

Consultado al respecto de las denuncias en su contra, el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, explicó que existieron tres aspectos que determinaron el rechazo de la oferta de Intertelco.

El sistema de almacenamiento y transmisión de video no cumplía con la cantidad de fotogramas por segundo establecido en las bases de cotización, la oferta no cumplió con la cantidad de días de almacenamiento solicitados, y no contaba con un contrato de distribución y/o representación que lo ligara al fabricante de cámaras de seguridad ofertados.

Además, el proyecto de videovigilancia surge a partir de una consultoría realizada por la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) en apoyo a la optimización de los fondos del gobierno, comentó López.

Es así como recomiendan que el precio por cada cámara oscile entre US$300 y US$500, mientras que el valor unitario que ofrecía Intertelco era de US$170 y CTCI presentó US$460 aproximadamente.

“Lo que no se ve es que Intertelco tiene un contrato para el proyecto de seguridad de las dos fases del Transurbano y de Escuelas Seguras autorizados en el gobierno pasado por un precio unitario de US$648. Entonces lo que vimos desde el inicio es que había una intención, o de bajarse el proyecto, o de que tenían un mal sistema, porque la consultoría nos insistió en que si alguien presentaba una oferta por debajo del piso recomendado, habría que sospechar de la calidad”, indicó López Bonilla.

Aunque las declaraciones del exministro contradicen el acta de adjudicación en la que se valora solamente la falta de entrega de los requisitos no fundamentales a la que hace referencia la Contraloría.

López Bonilla dijo, además, que es lógico que la CGC lo vincule con el caso para responsabilizarlo de alguna anomalía por ser la cabeza del Ministerio al momento del contrato, pero se deslindó de la total responsabilidad, pues enfatizó que no estaba al tanto de todos los procesos y de cada paso que se daba en estos.

También insistió en que la referencia para determinar si hubo sobrevaloración no es la comparación entre las dos ofertas, sino un estudio de mercado que lo establezca correctamente.