Boca Ancha es una pequeña aldea ubicada a la orilla del lago de Izabal, un lugar caluroso y olvidado, donde sus habitantes sobreviven de la pesca y la agricultura. Sin embargo, tienen un vecino famoso: el presidente Otto Pérez Molina, quien desde hace varias décadas tiene allí una casa de descanso.

Los vecinos aún esperan que el Presidente cumpla las promesas que les hizo la pasada campaña: asfaltar el camino de terracería que los conecta a la carretera a Puerto Barrios, construir un centro de salud y ampliar la pequeña escuela primaria. De lo que sí han sido testigos es del enriquecimiento del mandatario, quien ha ampliado su finca en Boca Ancha hasta colindarla con la aldea vecina de Pueblo Nuevo.

En octubre de 2012, el mandatario empezó a comprar las parcelas vecinas (que eran tierras estatales) mediante dos sociedades de las que es accionista: Plantas de Exportación y Vista Servicios Electrónicos, esta última dueña de su finca en Zaragoza, Chimaltenango.

PROMESAS SIN CUMPLIR: El mandatario se comprometió con los vecinos a construir un centro de salud en Boca Ancha. En las fotos se observa la construcción iniciada, la cual está abandonada.

La finca del narco Paredes

Una de las fincas adquiridas por el mandatario fue un terreno de 758 mil metros cuadrados (75 hectáreas, que equivalen a unos cien campos de fútbol) que era propiedad  de  Gloria  Hermelinda  Matta Gallegos viuda de Barrientos.

Como este inmueble aún no había sido adjudicado por el Fondo de Tierras (Fontierras) a la vendedora, el abogado del presidente, Luis FernandoMontiel Dávila, presentó el expediente de Matta a Fontierras el 7 de marzo de 2013. El contrato de adjudicación fue firmado por Mario Eddy Díaz, gerente de Fontierras, el 29 de abril de 2013, menos de dos meses después de su ingreso a la entidad.

Este inmueble fue adquirido en Q46 mil por Plantas de Exportación, S.A., representada por  su  gerente  general Ana Beatriz Lemus Pellecer, el 28 de junio de 2013, según la escritura número 14 faccionada por el notario Montiel Dávila.

Foto satelital de la propiedad del mandatario en Boca Ancha; en rojo se observan las tierras adquiridas y sembradas con árboles de hule.

Este inmueble le perteneció al narcotraficante Arturo Paredes Córdova, según adjudicación realizada por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) el 28 de septiembre de 1993. Arturo era hermano de Jorge Mario el Gordo Paredes Córdova, extraditado a EE. UU., donde en abril de 2010 fue condenado a 31 años de prisión por enviar toneladas de cocaína a dicho país.

En mayo de 2005, Mario René Barrientos Pinto, esposo de Matta Gallegos, solicitó a Fontierras que le adjudicara dicha finca, argumentando que estaba en posesión de ella desde hacía 14 años. En junio de ese año, Fontierras declaró la pérdida de los derechos de la parcela de Paredes Córdova y en noviembre de ese año se la adjudica a Barrientos Pinto y a su cónyuge, previo pago de Q45 mil 480.

El 17 de junio de 2008, Barrientos Pinto fue asesinado con arma de fuego en circunstancias ignoradas; el 20 de noviembre de 2010 fue asesinado Arturo Paredes Córdova cuando retornaba de una de sus fincas ubicada en Río Dulce. La viuda de Barrientos Pinto solicitó a Fontierras que la finca le fuera adjudicada a su persona el 29 de diciembre de 2011 y canceló la suma acordada.

El 27 de febrero de 2013, Plantas de Exportación le compró los derechos de posesión de una finca de 350 mil 870 metros cuadrados (50 manzanas) a Matta por Q2 mil, según la escritura número 3 faccionada por Montiel Dávila.

Plantas de Exportación, S.A. fue constituida el 20 de febrero de 1996, como socios  fundadores  comparecen  la esposa e hijos del mandatario.

Otras compras anómalas

El 5 de noviembre de 2014, Díaz, en representación de Fontierras, le adjudica una finca de 81 mil 316 metros cuadrados a Gregorio Vargas Zacarías (un agricultor de 86 años que padece una enfermedad mental que lo priva de discernimiento, según un informe del mismo Fontierras) previo pago de Q5 mil 944.87 que canceló el 22 de octubre de ese mismo año, según la escritura número 19 faccionada por el notario Montiel Dávila.

El 9 de febrero de 2015, Vargas Zacarías  le  vende la parcela a Vista Servicios Electrónicos, S.A. representada  por Víctor Hugo Hernández, por Q6 mil 500,  según la escritura número 1 del notario Montiel Dávila.

La escritura de compraventa tiene la huella digital que, según el notario, le corresponde a Vargas Zacarías.

Las fincas adquiridas por el mandatario fueron sembradas con miles de árboles de hule lo que cambió el paisaje de Boca Ancha, además, mandó a construir un camino interno de acceso a una montaña donde se extendió la plantación; estimaciones de agrónomos señalan que una plantación de dicho tamaño representa una inversión de al menos US$1.5 millones.

Exigen investigación

El 28 de abril pasado, elPeriódico publicó un reportaje en el que revelaba que el mandatario habría evadido impuestos en la compra de las dos fincas a Matta Gallegos, al declararlas en Q46 mil y Q2 mil respectivamente. De acuerdo con varios portales inmobiliarios, el valor de una manzana de tierra en Izabal oscila entre Q48 mil y Q250 mil, según su ubicación, topografía y vocación. Las fincas adquiridas por Plantas de Exportación miden 75 hectáreas y 50 manzanas respectivamente.

A raíz de dicha publicación, el 26 de mayo, durante una sesión del Consejo Directivo de Fontierras, varios directores solicitaron a Auditoría Interna una revisión e investigación de campo de 14 fincas que fueron adjudicadas por el Fondo en Boca Ancha y Pueblo Nuevo, Los Amates, Izabal, y que “hoy son propiedad de un alto funcionario de Gobierno”, se lee en el acta de dicha reunión. Estas fincas incluían las compradas por el mandatario a Matta Gallegos.

Auditoría reporta anomalías

El 23 de junio pasado, Edwin Alvarado, auditor interno de Fontierras, presentó al Consejo Directivo un informe con el resultado de las investigaciones realizadas a los 14 expedientes del Programa de Regularización de Fincas de Izabal.

El informe detalla múltiples inconsistencias en los procesos de adjudicación de los fincas, entre estos: que en los expedientes no figuraban los documentos que demostraran los derechos de posesión de los terrenos; que varios de ellos no tenían posesión de los inmuebles; falta de documentación legal; que los estudios, boletas y solicitudes de los adjudicatarios no están firmadas por los mismos; y que no se tenía dictamen de la gerencia general si es procedente la adjudicación por parte del Fondo de dos o más fincas a una misma persona.

Auditoría recomendó realizar de nuevo todos los estudios socioeconómicos, reales y físicos para determinar si las personas que le vendieron al mandatario tienen posesión real de las tierras adjudicadas (las visitas revelaban que varios beneficiarios no residian en las mismas o tenían su domicilio en otro departamento) y, de encontrar anomalías y falsedad de información, tomar acciones administrativas contra el personal que realizó los estudios anteriores.

El Departamento de Asuntos Jurídicos del Fondo también emitió un dictamen en el que señaló las inconsistencias de los 14 expedientes analizados y determinó que no se dio cumplimiento a las disposiciones aplicables para ser los solicitantes beneficiarios del Fondo de Tierras: entre estas que los adjudicados no podían ser considerados campesinos sin tierra o con tierra insuficiente o en situación de pobreza, a quienes debe atender el Fondo.

También señaló que muchos de los  adjudicados no calificaban porque no eran campesinos sino amas de casa o labradores. Agrega que, a pesar de que los expedientes  no cumplían las normas legales aplicables para obtener tierras estatales, estos se adjudicaron. Y que el Artículo 20 de la Ley del Fondo de Tierras establece que no puede darse un doble beneficio (adjudicar dos o más parcelas a una misma persona como sucedió).

El informe concluye que de los 14 expedientes deberán presentarse denuncias penales, determinar las acciones administrativas y laborales contra los empleados responsables de avalar los estudios y adjudicaciones, entre ellos Patsy Chavarría, directora de Regularización y Jurídica, que emitió resoluciones sin establecer si el solicitante cumplía los criterios para ser beneficiarios de Fontierras.  Esta denuncia fue presentada al Ministerio Público (MP) el 21 de julio pasado.

Promesas  sin cumplir

>El mandatario se comprometió con los vecinos a construir un centro de salud en Boca Ancha. En las fotos se observa la construcción iniciada, la cual está abandonad

Los  hombres del Presidente

Luis Fernando Montiel Dávila, abogado y notario que ha escriturado la compra de las fincas del Presidente en Zaragoza, Chimaltenango. En 2013 fue contratado como Asesor Jurídico de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.

Ana Beatriz Lemus Pellecer, gerente general y representante legal de Plantas de Exportación, S.A. desde noviembre de 2012. Labora como especialista en mercados en la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP).

Víctor Hugo
Hernández trabaja para una empresa de Juan Carlos Monzón. También es representante legal de Sistemas Avanzados en Informática Aguilar Alvarado, S.A., que en octubre de 2011 compró la propiedad en Los Eucaliptos donde reside la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Además es accionista de Inversiones y Proyectos Profesionales Marbella, S.A. y de Arrendamientos, Servicios y Proyectos, S.A. que compraron el 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, S.A., casa editora de Siglo 21 y Al Día.

Auditoría Interna concluyó que los 14 expedientes no cumplieron las disposiciones para ser beneficiarios de Fontierras