La Fiscalía brasileña solicitó ayer al Tribunal Supremo la apertura de una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro para esclarecer si cometió un delito de prevaricato en la compra de vacunas contra el COVID-19.

La Fiscalía se pronunció después de que un grupo de senadores brasileños pidiera el lunes a la Corte Suprema el inicio de una investigación sobre los supuestos delitos en que pudo incurrir el Presidente en la negociación para la compra de unas inmunizaciones anticovid indias.

Tras el pedido presentado por los senadores, la magistrada de la máxima Corte, Rosa Weber, solicitó un posicionamiento de la Fiscalía brasileña, que ayer se mostró favorable a la apertura de una investigación contra el jefe de Estado.

El objetivo de la investigación es esclarecer si se cometieron supuestas irregularidades en el contrato de intención de compra firmado entre el Gobierno y la empresa india Bharat Biotech para la adquisición de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin.

Algunas de esas supuestas irregularidades fueron reveladas la semana pasada por el diputado Luis Miranda a una comisión del Senado que investiga la errática gestión del gobierno de Bolsonaro ante una pandemia que ya ha matado a casi 520 mil brasileños.

Según documentos presentados por el diputado Miranda, de la base que respalda a Bolsonaro, y su hermano Ricardo Miranda, jefe de importaciones del Ministerio de Salud, en la negociación con Bharat Biotech se había acordado que parte del pago por las vacunas sería depositado a una empresa que no figuraba en el contrato.

Cada dosis de la vacuna fue negociada a US$15, un precio muy superior al de otras vacunas disponibles en el mercado, como las de Pfizer, por ejemplo, que fueron ignoradas durante meses por el Gobierno.

Las prisas y las presiones dentro del Ministerio de Salud para firmar el contrato fueron denunciadas por los hermanos Miranda, quienes se reunieron con Bolsonaro el pasado 20 de marzo para alertarle de lo que estaba ocurriendo dentro del Ministerio, según los funcionarios, el gobernante les aseguró que comunicaría esas sospechas a la Policía Federal, algo que aparentemente nunca hizo.

Pasos pendientes

Si la Fiscalía encuentra pruebas contra Bolsonaro, pedirá al Supremo Tribunal Federal (STF) que abra una causa contra el mandatario. Pero para hacerlo, el STF deberá obtener la aprobación de dos tercios de la Cámara de Diputados. En ese caso, Bolsonaro sería separado de sus funciones durante seis meses, mientras se realiza su juicio.

Pero esa hipótesis parece hoy poco probable, dado que el gobernante de ultraderecha cuenta con una base de apoyo consistente en el Congreso. El posible delito de prevaricación cometido por Bolsonaro se incluyó esta semana en una “superpetición” de impeachment contra el Presidente presentada por varios partidos y decenas de organizaciones sociales.