Desde el “28 de abril y hasta el 28 de junio se han reportado 83 homicidios”, y miles de “detenciones arbitrarias”, señaló en un comunicado la red de organizaciones colombianas e internacionales, que también pidió al órgano internacional condenar la “brutal represión” de la fuerza pública.

Las denuncias hacen parte de un informe que será presentado en Ginebra, donde se reúne el Consejo de Derechos Humanos entre el 21 de junio y el 13 de julio.

De acuerdo con el texto, 27 de los fallecidos fueron “víctimas” del escuadrón antidisturbios. Otras muertes fueron provocadas por “civiles armados sin identificar, que a menudo actúan con la complicidad de los agentes de las fuerzas armadas del Estado”.

El gobierno asegura que grupos dedicados al narcotráfico y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida del país, se camuflan entre los manifestantes para generar caos. Dos uniformados han muerto durante las movilizaciones y otros dos recibieron disparos, según la policía y el Ministerio de Defensa.

Desde el pasado 28 de abril personas inconformes con el gobierno del conservador Iván Duque se toman las calles con protestas mayoritariamente pacíficas que, al caer la noche, conducen a choques con la policía en las principales ciudades.

Más de 60 personas han muerto durante la crisis, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y autoridades civiles. Estados Unidos Unidos y la Unión Europea han condenado abusos de la fuerza pública en medio de las confrontaciones.

La embajadora del gobierno ante la ONU, Alicia Arango, cuestiona estas cifras y sostiene que 24 personas han muerto por la crisis.

Sin rastro

“Un hecho particularmente preocupante es la práctica de la desaparición forzada (…). A la fecha, 327 personas continúan desaparecidas”, enfatiza la denuncia.

Además, unos “3.200 manifestantes han sido detenidos arbitrariamente sin garantías a su derecho a un debido proceso, lo que los ha expuesto a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Los abusos incluyen “golpizas, puñetazos con objetos contundentes, descargas eléctricas, amenazas de desaparición forzada, desnudez forzada y violencia sexual y de género, incluida la violación” y han sido dirigidos “especialmente” contra grupos indígenas, miembros de la comunidad LGTBIQ, defensores de derechos humanos, personal médico y periodistas, agrega el informe.

Aunque el frente más visible de las movilizaciones suspendió las convocatorias hasta el 20 de julio, parte de los manifestantes siguen saliendo a las calles.

La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de la Presidencia adelanta 127 investigaciones “por presuntas faltas disciplinarias” de la policía.

El martes, tres policías fueron suspendidos de sus cargos por agredir a dos periodistas y un joven en una protesta en Bogotá.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), firmante del documento, acusó “crueldad” y “uso sistemático de armas de fuego” por parte de la policía, en una rueda de prensa virtual concedida por su subdirectora, Ana María Rodríguez, y otros miembros de la red.

La ONG Human Rights Watch, por su parte, acusa a la fuerza pública de estar implicada en al menos 20 homicidios, y asegura que 16 de las víctimas recibieron tiros disparados por agentes con intención de “matar”.