La poetisa y escritora nicaragüense Gioconda Belli denunció este sábado el «horror» vivido en la casa de su hermano Humberto, dos días después de que la vivienda fuese registrada por la Policía como parte de una investigación del Gobierno de Nicaragua contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

«Ingenua, pensé que después del allanamiento de casa de mi hermano no pasaría nada peor. Anoche (por la madrugada del viernes), vestidos como ladrones, a las 3.00 a.m. (09.00 GMT) entraron y se llevaron absolutamente todo de la casa. Amenazaron a mi cuñada y a mi sobrina. No sé ni cómo calificar este horror», denunció Belli en su cuenta de Twitter.

La Policía Nacional, cuyos agentes ocuparon la vivienda, hasta ahora no se ha pronunciado sobre el asalto.

En el momento de los hechos únicamente se encontraban allí las dos mujeres, ya que Humberto Belli, que fue ministro de Educación en el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y quien es buscado por las autoridades nicaragüenses, se había exiliado en Miami (EE.UU.) antes del allanamiento.

“Entraron diez hombres con pasamontañas, amarraron a mi cuñada y a mi sobrina, que la estaba acompañando, se robaron todo lo que pudieron de la casa, entraron con cuchillos, y amenazaron con violar a mi sobrina”, dijo posteriormente la escritora, en un vídeo compartido en redes sociales.

“Dijeron que era una segunda operación, entre ellos lo dijeron, no se sabe exactamente si esta está vinculada a lo que pasó el día anterior, pero ciertamente da que pensar. Yo hago esta denuncia porque estas son acciones realmente preocupantes, y lo más triste es que en Nicaragua no se puede llamar a la Policía”, continuó Gioconda Belli.

“Mi cuñada y mi sobrina, que les robaron todo, a quién van a llamar, estamos en la más absoluta indefensión en este país, y apelamos a que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en Nicaragua”, agregó.

ACUSACIÓN BAJO NUEVAS LEYES

El hermano de la escritora fue involucrado por las autoridades en el caso de Funides, supuestamente «por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras» y «por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo», según el Ministerio Público.

Recibir fondos del extranjero y opinar públicamente sobre temas políticos no era delito en Nicaragua hasta octubre pasado, cuando empezaron a entrar en vigor una serie de leyes que la oposición tilda de «restrictivas».

El establecimiento de esas leyes y su aplicación se da en el marco de las elecciones generales previstas para noviembre próximo, en las que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, busca una tercera reelección consecutiva, para un cuarto periodo de cinco años y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

El exilio del exministro de Educación, el registro de su casa en una lujosa área de Managua y el asalto con amenazas se dio en medio de una ola de arrestos contra opositores, que ha llevado a prisión a varios candidatos a la Presidencia del país y a líderes disidentes desde el pasado día 4.

Los aspirantes presidenciales opositores detenidos, por supuesta traición a la patria, son Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, y Juan Sebastián Chamorro.

También fueron capturados dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos excolaboradores de una ONG.

Todos ellos han coincidido en calificar de dictador a Ortega, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado de crímenes de lesa humanidad.

En las elecciones del 7 de noviembre Ortega se jugará 42 años de primacía casi total sobre la política en Nicaragua.