El ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre, presentó este martes una denuncia penal ante la Fiscalía General en contra de los responsables de un centro de vacunación clandestina contra el covid-19 que operaba en un barrio exclusivo.

“Hemos presentado una denuncia penal ante el procurador para que se inicie una investigación en la brevedad con el objetivo de dar repuesta sobre la realidad de los hechos y quiénes son los responsables”, dijo el ministro Sucre en declaraciones a la prensa.

La denuncia se presentó luego de que el diario La Prensa revelara la existencia de un centro clandestino de vacunación contra el COVID-19, ubicado en la exclusiva zona de Coco del Mar en la capital panameña, y se señala a dos laboratorios privados como los responsables de aplicar las dosis, presuntamente de la farmacéutica Pfizer.

De acuerdo a las revelaciones del diario, los pacientes pagaban por recibir la vacuna y luego obtenían un certificado aparentemente similar al que suele entregar el Ministerio de Salud a los pacientes regulares.

Las empresas implicadas, Vidatec y Cordón de Vida, señalaron en un comunicado que “la junta directiva no tenía ningún conocimiento ni aprueba este tipo de conducta, que riñen con nuestros principios y valores de nuestra cultura empresarial”. Además, separaron del cargo a todos los implicados en el caso.

Dijeron que están a la “completa disposición” de las autoridades para colaborar en todas las investigaciones.

La Fiscalía allanó este martes inmuebles relacionados con la vacunación irregular.

“La Fiscalía General no va a descansar hasta que estos hechos se esclarezcan y las personas responsables sean llevadas a las autoridades correspondientes”, dijo su titular, Javier Caraballo.

Dijo que no se ha otorgado aún ningún permiso a ninguna empresa privada para que traiga vacunas. “Hay posibilidades de que [las vacunas] no sean reales (…) Esto es tan peligroso que no sabemos siquiera qué se estaba inyectando (…) pudiera ser una estafa”, dijo el ministro Sucre. Hasta el momento, aseguró, se desconoce si hay implicados trabajadores del ministerio.

En tanto, visiblemente enojado, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo que “ese riesgo [de vacunarse en centros clandestinos] lo toman gentes tontas y brutas que no se quieren y que no quieren a sus seres queridos”.

“A partir de este momento estamos investigando lo que pasó en esa vacunación clandestina”, aseguró el gobernante.

Panamá, con 4,5 millones de habitantes, ha aplicado más de 1 millón de dosis, y espera inmunizar a la mayor parte de su población este año.