Expertos de Naciones Unidas urgieron este viernes a Canadá y al Vaticano a realizar investigaciones rápidas y exhaustivas tras el descubrimiento de tumbas sin nombre en un pensionado religioso para niños indígenas en el oeste de Canadá.

“Instamos a las autoridades a realizar investigaciones rápidas y exhaustivas sobre las circunstancias y responsabilidades de las muertes, inclusive análisis forenses de los restos encontrados, y proceder a la identificación y registro de los niños desaparecidos”, indicaron los nueve expertos.

Las tumbas sin nombres de 215 niños fueron descubiertas en Kamloops la semana pasada, usando radares.

Los expertos pidieron a Ottawa hacer investigaciones similares en todos los pensionados para indígenas en Canadá, al indicar que las víctimas tienen derecho a conocer la magnitud de todas las violaciones ocurridas.

“La justicia debe hacer investigaciones criminales sobre todas las muertes sospechosas y acusaciones de tortura y violencia sexual contra niños llevados a los pensionados, y procesar y sancionar a quienes perpetraron los delitos y quienes los ocultaron y estén aún vivos”, añadieron.

Entre los expertos figuran los relatores especiales  para los derechos de los pueblos indígenas, la explotación de niños, los malos tratos, y el presidente del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas.

“Es inconcebible que Canadá y la Santa Sede dejen esos crímenes odiosos sin castigo y reparación total”, señalaron.

El ex pensionado de Kamloops en Colombia Británica era uno de los 139 establecimientos de ese tipo instalados en el país a fines del siglo XIX, y existieron hasta los años 1990. 

En 2018, los diputados canadienses adoptaron una  moción para pedir al papa Francisco excusas personales a nombre de la Iglesia católica canadiense, tras un primer rechazo del pontífice, que causó la decepción del primer ministro Justin Trudeau.

En 2009, el papa Benedicto XVI había expresado su pena por los abusos de que fueron víctimas los niños autóctonos canadienses — indios, mestizos e inuits — por parte de la Iglesia católica, y denunció la conducta “deplorable” de algunos miembros del clero.

Unos 150.000 niños autóctonos fueron enrolados por la fuerza, separados de sus familias, sus lenguas y su cultura. En 2015, una comisión nacional de investigación calificó ese sistema de “genocidio cultural”.