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Internacionales

Nicaragua: Policía deja a Cristiana Chamorro bajo arresto domiciliar


La OEA advierte que el país se dirige a las “peores elecciones posibles”. La SIP alerta sobre el acoso a las voces críticas contra el gobierno de Daniel Ortega.

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La opositora nicaragüense Cristiana María Chamorro Barrios, contra quien se dictó una orden de detención por un caso de presunto lavado de dinero, fue inhabilitada ayer para participar en los comicios de noviembre, en los que el mandatario Daniel Ortega busca una nueva reelección.

El Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias Circunscripción Managua resolvió “ha lugar a las medidas precautelares solicitadas por el Ministerio Publico” en contra de Chamorro Barrios, acusada por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

El fallo judicial contra la hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) se sustenta en el Artículo 35 de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, explicó el Poder Judicial en una nota divulgada por el Ejecutivo sandinista.

La fiscalía solicitó a la Justicia la inhabilitación para cargos públicos a Chamorro Barrios, quien es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, según una encuesta de la firma CID Gallup. Además, solicitó la retención migratoria, y la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, según el fallo judicial, “deberá abstenerse de asistir a cualquier tipo de reuniones o actividades por la gravedad de los delitos investigados”.

“Asimismo, se inhabilita a la ciudadana Cristiana María Chamorro Barrios para ejercer cargos institucionales y públicos por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo”, según la nota.

Chamorro, de 67 años, anunció el martes su intención de inscribirse en la competencia interna de la Alianza Ciudadanos por la Libertad para participar junto con otros siete precandidatos –Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Noel Vidaurre y Américo Treminio, ya inscritos; y Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Luis Fley, en proceso de inscripción– para elegir al candidato único de la oposición. 

Allanamiento y orden de detención

La jueza Karen Chavarría Morales, titular del Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, giró ayer una orden de allanamiento y detención contra Chamorro Barrios, que dirigió la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro hasta febrero pasado cuando cerró.

La jueza también ordenó radicar las diligencias y dar el trámite de ley al proceso judicial. “Una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le realizará la respectiva audiencia”, indicó.

Cristiana Chamorro Barrios tenía prevista una conferencia de prensa virtual para responder a la acusación en su contra, pero minutos antes los oficiales entraron a su vivienda y comenzaron la requisa. 

El perímetro de la residencia permanece rodeado por la Policía quienes quitaron a empujones a periodistas, familiares y opositores, que llegaron para tratar de conocer la situación. Al lugar también se presentaron civiles armados que aparentemente colaboran con la Policía, quienes tomaron fotos, golpearon y amenazaron a los presentes para que se retiraran de la zona.

Al cierre de esta edición no se tenía información aún si fue detenida.

El gobierno la acusa de irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre, dedicada a la promoción de la libertad de expresión. La opositora ha rechazado esas acusaciones, las que considera una “farsa” para evitar su participación en las elecciones.

Contra voces críticas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó ayer al mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, a “terminar con el acoso y acorralamiento de las voces críticas”, el mismo día en que fue inhabilitada Chamorro.

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del Organismo, adelantaron en el comunicado que la institución se mantiene en estado de alerta ante la “violencia gubernamental y la ausencia de debido proceso judicial”.

“La falta de independencia judicial en Nicaragua permite al Gobierno mantener un alto nivel de persecución contra Chamorro y los periodistas independientes”, alertaron Canahuati y Jornet. “No existen garantías ni debido proceso en el país, por lo que tememos que todavía no hayamos visto lo peor de este régimen”, auguraron.

Atentado a la democracia

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó ayer la “inhabilitación política” de Chamorro, algo que calificó como “un atentado a la democracia” y advirtió que Nicaragua se encamina a las “peores elecciones posibles”.

“Acciones como esta restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral”, agregó en su comunicado. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, rechazó la persecución penal e inhabilitación en contra de la precandidata.

“No puede haber elecciones libres y creíbles sin garantizar los Derechos Humanos de todos los candidatos y votantes” señaló la oficina.

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