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Internacionales

Nicaragua: crece presión contra medios y periodistas críticos al gobierno de Ortega


Fiscales amenazaron con imputar a los comunicadores porque insistieron en ser asistidos por sus abogados.

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Tres periodistas nicaragüenses comparecieron este martes ante el Ministerio Público por un caso de presunto lavado de dinero en perjuicio del Estado de Nicaragua, por el que se investiga a la aspirante opositora a la Presidencia, Cristina Chamorro Barrios.

Los periodistas que acudieron a la fiscalía fueron la corresponsal de la cadena hispana ‘Univisión’ en Nicaragua, María Lilly Delgado; Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, ambos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró en febrero pasado.

Los comunicadores explicaron al salir del Ministerio Público que se abstuvieron de brindar su declaración amparados en el Artículo 34 de la Constitución Política, bajo el argumento de que los fiscales les impidieron ser asistidos por sus abogados.

Según la versión de los periodistas, los fiscales les explicaron que estaban citados en calidad de testigos y no requerían abogados, y como insistieron en ser amparados legalmente, los amenazaron con investigarlos como imputados.

Situación irregular

“Reciben una cita como testigos y cuando invocan un derecho constitucional, les dicen: bueno, van a cambiar a imputados, es una situación completamente irregular”, señaló la abogada Eyling Cruz Rojas. La letrada cuestionó, además, que en esa nueva condición de inculpados, los fiscales no informaron a sus defendidos sobre qué hechos en particular los investigarán.

“Se desconoce por completo cuál es el señalamiento que ahora, en una nueva condición, le estarían haciendo a cada uno de los citados”, dijo la abogada, quien explicó que hicieron uso de la ley apegados “al sagrado derecho constitucional de no declarar, de no autoincriminarse y de abstenerse de declarar, porque así lo establece la ley, sin que eso signifique ningún tipo de perjuicio”.

Los periodistas fueron obligados a firmar una declaración en la que se comprometen a colaborar con las autoridades. “Siempre y cuando esté un abogado presente en el proceso, porque nosotros, como ciudadanos, necesitamos garantía jurídica”, aclaró Delgado, corresponsal de la cadena hispana ‘Univisión’.

Arróliga explicó que no aceptaron declarar porque los fiscales no autorizaron la presencia de un abogado, “cuando sabemos cómo funciona el sistema jurídico en Nicaragua, sin ninguna garantía”, y observó, incluso, que los fiscales y los oficiales policiales se negaron a identificarse.

A preguntas de los comunicadores, Delgado expresó “tengo más de 28 años de ser periodista independiente y de trabajar por el periodismo independiente de mi país. No sé de qué me pueden acusar (…), no sé de qué lavado de dinero hablan”, agregó.

Delgado presume que la cita a periodistas a la fiscalía “está dentro de un plan para silenciar y para intimidar realmente todo tipo de voz crítica, que denuncie la crisis que vive Nicaragua, la crisis sistemática de violaciones de derechos humanos que lo dicen organismos humanitarios internacionales”.

“Esto no es más que una arremetida principalmente en contra de la libertad de prensa y de la libertad de expresión”, señaló, por su lado, Guillermo Medrano.

La fiscalía también ha citado a declarar por ese mismo caso al empresario de radio, Fabio Gadea Mantilla, de 89 años, a la periodista Verónica Chávez, del portal ‘100% Noticias’, y al comunicador Roberto Mora.

Señalamientos

La fiscalía, que dirige la expolicía Ana Julia Guido, a solicitud del Ministerio de Gobernación, investiga a Cristina Chamorro Barrios, por el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado nicaragüense y la sociedad, en su calidad de directora ejecutiva y representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia,  que cerró operaciones en febrero afectada por una ley que exigía reportar la recepción de fondos recibidos del exterior y declararse como agente extranjero. Las autoridades congelaron las cuentas bancarias y levantaron el sigilo bancario a Chamorro Barrios. La aspirante presidencial tiene un 13.3 por ciento de respaldo ciudadano, según un sondeo en enero de la firma Cid Gallup, y se perfila como contrincante de Ortega.- EFE/AFP

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