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Internacionales

La Fiscalía de Nicaragua ha citado a trece periodistas por lavado de dinero


Los periodistas consideraron que el trasfondo del caso es acallar las voces críticas y afectar a Chamorro Barrios, la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre.

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Al menos trece periodistas críticos con el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega han sido citados por la Fiscalía de Nicaragua hasta este miércoles para declarar en un caso de supuesto lavado de dinero por el que se investiga a la aspirante a la Presidencia Cristiana Chamorro Barrios.

Los últimos en acudir a la cita fueron los periodistas Roberto Mora, de la radioemisora ABC Stereo, Ludwin Loáisiga, excolaborador de la extinta ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y el comentarista político Jaime Arellano.

Al igual que los anteriores, los tres consideraron que el trasfondo del caso es acallar las voces críticas y afectar a Chamorro Barrios, la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que Ortega busca una nueva reelección, según una encuesta de la firma CID Gallup.

¿Un caso político?

“Siempre mantengo mi opinión de que se trata de un caso político. Está en contra de una persona que tiene interés de ser candidata”, dijo Mora, quien aceptó ante la Fiscalía haber recibido fondos de la ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, para la compra de equipos, pero insistió en que no ha cometido “ningún tipo de delito”.

“Hay una persecución, hay una criminalización a la profesión”, dijo, por su lado, Loáisiga, que capacitó en temas de periodismo digital con la ONG entre noviembre de 2019 a diciembre de 2020.

Para Loáisiga, que ahora trabaja para una agencia de comunicación, las autoridades “quieren acallar y quieren silenciar” a la prensa independiente en medio del contexto electoral.

La Fiscalía, que dirige la expolicía Ana Julia Guido, a solicitud del Ministerio de Gobernación, investiga a la aspirante presidencial opositora en su calidad de directora ejecutiva y representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró en febrero pasado.

Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG “incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, por lo que se “ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente”.

“Redada” contra periodismo crítico

La Fiscalía ha entrevistado a Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, representante, administrador financiero y contador general de la Fundación, respectivamente, “para responder por las inconsistencias encontradas en los reportes financieros período 2015-2019”.

También a los periodistas Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, excolaboradores de la ONG.

Adicionalmente ha llamado a otros ocho periodistas, incluyendo al dueño de la popular emisora La Corporación y excandidato a la Presidencia, el nonagenario Fabio Gadea, como testigos, para dar su versión.

En la víspera fueron interrogados, además de Gadea, la también periodista y copropietaria del canal 100 % Noticias Verónica Chávez, y la corresponsal de la cadena hispana Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado.

Para jornadas posteriores está previsto que acudan a la Fiscalía los periodistas José Adán Silva, director del portal digital Literal; Anibal Toruño, dueño de Radio Darío; Argentina Olivas, de Radio Vos, y un representante no identificado de la radioemisora La Costeñísima.

Diversas voces, incluyendo organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, han señalado el caso como una “redada” contra el periodismo crítico.

Las actuaciones policiales también incluyeron un segundo allanamiento contra el grupo de medios que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, galardonado con el premio Ortega y Gasset 2021.

Los hermanos Chamorro son hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a Ortega en las elecciones generales de 1990.

Para Ortega, quien volvió al poder en 2007, las elecciones del 7 de noviembre serán determinantes, ya que definirán si extiende o ve el fin de sus 42 años de dominio casi total sobre la política de Nicaragua.

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