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Internacionales

Ley electoral en Honduras entra en la recta final… y no llega


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A nueve días de que se realice la convocatoria oficial a las elecciones generales de 2021, la maratón para alcanzar la firma de una nueva ley electoral en Honduras entra en una semana de definiciones.

El codirector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, ratificó el lunes a los medios que de no estar aprobado el nuevo texto jurídico a tiempo, ese poder del Estado hondureño convocará a las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021 mediante la actual ley electoral, que data de 2004.

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional (Parlamento unicameral), Mauricio Oliva, adelantó que la intención es terminar la normativa entre el jueves y el viernes de esta semana para proceder a su votación, donde confía que habrá consenso.

En principio, el nuevo código electoral debió estar listo a mediados de octubre de 2020, cuando el CNE llamó a las elecciones primarias e internas de los partidos políticos, que tuvieron lugar el 14 de marzo de 2021.

En ese momento, las fuerzas de la oposición política denunciaron las zancadillas que puso la bancada del oficialista Partido Nacional al proceso legislativo hasta lograr su posposición.

Durante su visita de la semana pasada a Honduras, el director para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Patrick Ventrell, abogó ante sus anfitriones por la necesidad de implementar reformas electorales.

El caso es que, transcurridos siete meses de debates y ante la inminencia de la convocatoria a las urnas, la nación catracha espera que el tramo final de la maratón que corre el Congreso Nacional culmine de manera satisfactoria con la formulación de la nueva ley electoral.

Comicios con o sin nueva norma

Uno de los tres consejeros del CNE, Kevin Aguirre, representante del Partido Nacional (PN) en el órgano colegiado, aseguró que están preparados para ir a los comicios del último domingo de noviembre con o sin la nueva ley.

“En el CNE debemos estar preparados, sea con la ley electoral vigente o con la nueva, para garantizarle al hondureño que tendrá elecciones generales donde elegirá a las nuevas autoridades que regirán el país en los próximos cuatro años”, expuso el magistrado.

Concurrir a las urnas al amparo de una renovada legislación es un reclamo de la sociedad hondureña.

Honduras ha vivido los últimos ocho años a la sombra de las acusaciones de fraude que pesaron sobre las elecciones generales de 2013 y 2017, ambas ganadas por el Partido Nacional y su candidato Juan Orlando Hernández, y tras cuyos resultados hubo protestas populares que se saldaron con la pérdida de vidas humanas.

Lo cierto es que a estas alturas, de los 333 artículos que deben conformar el cuerpo legal, a los legisladores les queda un centenar por aprobar. Y la meta está muy cerca.

Con tintes salomónicos

La figura de la Opción B surgió a la vida política hondureña en las convulsas elecciones de noviembre de 1985, marcadas por la crisis institucional generada durante el Gobierno del presidente Roberto Suazo Córdova (1982-1986).

En aquella ocasión, tanto el oficialista Partido Liberal (PL) como al opositor Partido Nacional fueron incapaces de ponerse de acuerdo a la hora de elegir a un candidato oficial en sus respectivas agrupaciones políticas.

La crisis concluyó con una solución de tintes salomónicos, cuando todos los candidatos firmaron un acta en la cual se comprometieron a participar en las elecciones generales y nombrar como ganador a quien obtuviera la mayoría de votos por el partido político que a su vez lograra más papeletas totales en las urnas.

Amparados por esa fórmula, la llamada Opción B, en las elecciones generales de 1985 compitieron cuatro candidatos por el PL, tres por el PN, uno del Partido Innovación y Unidad y otro del Demócrata Cristiano.

De aquella marabunta política emergió como ganador de la banda presidencial el liberal José Simón Azcona del Hoyo (1986-1990).

Anuncios y alianzas

El próximo 27 de mayo, además de ser la fecha fijada para la convocatoria a las elecciones de noviembre, será el día en que los partidos políticos deberán presentar sus alianzas.

Uno de los pactos previsibles en el panorama electoral catracho, la que firmarían los candidatos Xiomara Castro (Libre) y Yani Rosenthal (Liberal) no logró cuajar, a falta de consenso para nombrar el aspirante a la primera magistratura.

En esas condiciones, el grupo de Rosenthal, ganador de las primarias de su partido, sorprendió a tirios y troyanos con la propuesta de resucitar la Opción B.

Rosenthal denominó a la idea como la “alianza de las dos cabezas”, la suya y la de la ex primera dama, y al mismo tiempo argumentó que esa fórmula sería la ideal ante la ausencia del balotaje en los comicios hondureños.

La consejera del CNE por el Partido Refundación y Libertad (Libre, izquierda), Rixi Moncada, alertó que la figura de la Opción B para las elecciones generales resulta inviable desde el punto de vista jurídico y legal.

“Es absurdo pensar en una Opción B, aunque sí es oportuno hablar de segunda vuelta electoral”, aventuró.

Moncada le pidió a la clase política hondureña no involucrar o asignarle al CNE responsabilidades que no están en su marco legal, como la de promover o administrar la Opción B, la cual carece de asidero legal.

En definitiva, con debates, propuestas, idas y vueltas, los hondureños reclaman una nueva ley electoral que aclare las aguas. El Congreso corre su maratón. Faltan nueve días para saber si llega a tiempo para ganar la meta.

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