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Internacionales

La Asamblea de El Salvador decreta inmunidad penal a gestores de la pandemia


La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó este miércoles una ley que decreta la inmunidad penal y administrativa de funcionarios gubernamentales y particulares ante cualquier acusación de corrupción en la gestión de la pandemia.

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La nueva norma establece que la inmunidad se aplicará “ante cualquier reclamo” de irregularidades en la compra de tratamientos médicos para atender la covid-19, y al ser retroactiva, da inmunidad ante casos de corrupción cometidos desde el inicio de la pandemia.

El Gobierno salvadoreño enfrentaba diversas investigaciones por el supuesto uso irregular de fondos estatales destinados a la atención de la covid, al menos hasta antes del 1 de mayo, cuando en un proceso polémico, la Asamblea Legislativa destituyó al fiscal Raúl Melara y a los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

La ley, presentada a petición del presidente, Nayib Bukele, fue aprobada con 63 votos de los 84 diputados y lleva por nombre “Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionada por la pandemia covid-19”.

Beneficiados por la inmunidad

Entre los beneficiarios de la inmunidad están los “proveedores de servicios en salud tales como médicos, farmacéuticos, enfermeras, organizaciones hospitalarias, y los que trabajan en el sector de la salud”, según el artículo 4 de la iniciativa.

También incluye al “fabricante, el titular de la autorización de comercialización y/o el distribuidor del producto o servicio para tratamientos médicos, ya sea nacional o extranjero”.

La norma añade un amplió listado de actividades relacionadas con el desarrollo, administración, uso de un producto o servicio para tratamientos médicos.

Oposición: “Se busca blindar a los funcionarios”

El diputado Johnny Wright, del partido opositor Nuestro Tiempo (NI), señaló que, a su juicio, parece que el decreto legislativo “busca ocultar, busca blindar, busca inmunidad para todos los procesos que tienen que ver con el manejo de la pandemia”.

La diputada opositora Anabel Belloso añadió que la iniciativa aprobada también pretende “crear un fuero a los funcionarios que, en el marco de la atención de la pandemia, están fuertemente señalados por casos de corrupción por el uso abusivo de los fondos públicos”.

“Es querer hoy, con esta aprobación de una ley exprés, arreglar todos los chanchullos por los que ya están siendo investigados funcionarios del actual Gobierno”, añadió la parlamentaria del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FLMN).

Guillermo Gallegos, de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), rechazó que se trate de “querer cubrir situaciones irregulares” y dijo que busca proteger a los empleados del sistema de salud, proveedores y farmacéuticas por los riesgos que tiene la aplicación de las vacunas.

La iniciativa aprobada con dispensa de trámites también autoriza al Ministerio de Salud la compra de productos sanitarios sin pasar por los controles tradicionales.

La Fiscalía General de la República (FGR) allanó en noviembre de 2020 el Ministerio de Salud y unas 12 dependencias del Gobierno y proveedores.

El entonces fiscal general, Raúl Melara, confirmó que las investigaciones por el supuesto manejo irregular de fondos para la pandemia se originaron principalmente por indicios presentados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).

Melara fue destituido el sábado por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista del partido de Bukele, Nuevas Ideas (NI), y en su lugar se puso a Rodolfo Delgado, exasesor del Gobierno de Bukele y abogado del director de la Policía en un proceso de desafuero.

De acuerdo con medios locales, Delgado anunció que revisará un acuerdo firmado entre el Ministerio Público y la Cicies.

El cese de Melara, que fue acompañado por el de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha sido duramente criticado por la comunidad internacional, especialmente por Estados Unidos, que lo acusa de atentado a la separación de poderes. 

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