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Internacionales

Bukele anticipa más destituciones en El Salvador


La ONU y UE se unen a las voces que piden respetar el Estado de derecho en el país.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asomó ayer la posibilidad de continuar la remoción de funcionarios nombrados por sus antecesores, en medio del reclamo internacional y la aversión de los mercados tras la destitución el fin de semana por el Parlamento de un grupo de magistrados y al Fiscal General.

“El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, escribió este lunes el mandatario en Twitter sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del Congreso, controlado por sus aliados desde el 1 de mayo. La junta directiva de diputados de la Asamblea Legislativa, luego de una reunión, acordó volver a sesionar el próximo miércoles.

Los aliados de Bukele, que controlan 61 de los 85 escaños de la nueva Asamblea Legislativa unicameral, despidieron, apenas se invistieron en el cargo el sábado, a los cinco magistrados titulares y cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la de mayor peso de ese tribunal, y de inmediato se nombró a sus reemplazantes.

También destituyeron al fiscal general, Raúl Melara, cuestionado por tener vínculos con la oposición, y nombraron un sustituto.

Los jueces del sistema judicial salvadoreño publicaron ayer un comunicado de prensa en el que mostraron su inconformidad con la decisión de la Asamblea. “Rechazamos las referidas actuaciones del Órgano Legislativo por ser inconstitucionales. Al respecto, consideramos que se ha irrespetado el orden constitucional e institucional, comprometiendo gravemente el Estado de derecho, la separación de poderes, la seguridad jurídica y el debido proceso”, declaran los jueces.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y diversas organizaciones sociales se pronunciaron ayer en conferencia de prensa para demandar a la Asamblea y a Bukele que restaure el orden democrático.

“Saben que este Gobierno es acusado de corrupción, que la CICIES está investigando hechos de corrupción en este Gobierno y por tanto quieren tener un fiscal general afín a ellos y que rechace y no persiga ninguna investigación abierta contra el propio Gobierno”, denunciaron.

Preocupación por la democracia

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó el domingo la “profunda preocupación” de Washington “por la democracia de El Salvador”.

Antes ya habían condenado esa decisión la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organismos humanitarios y miembros de la sociedad civil salvadoreña denunciaban una actitud autoritaria.

A los reclamos se sumó ayer la Unión Europea (UE). Su portavoz de política exterior, Josep Borrell, aseguró que estas decisiones “atentan contra el Estado de derecho” y pidió “salvaguardar la independencia del poder judicial en El Salvador”.

Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó “a respetar las disposiciones constitucionales, el Estado de derecho y la división de poderes, con el fin de preservar el progreso democrático logrado por el pueblo salvadoreño desde la firma del Acuerdo de Paz” de 1992 (fin de la guerra civil), dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.

Piden condicionar ayuda

En un comunicado, los senadores estadounidenses ‘Bob’ Menéndez y Patrick Leahy calificaron de una “emboscada” de la Asamblea Legislativa salvadoreña las destituciones e instaron al mandatario Joe Biden a reiterar que la ayuda a ese país depende del “respeto por la democracia”.

Ambos señalaron que EE. UU., busca maneras de fortalecer el enfoque diplomático para abordar la violencia, la pobreza y otros factores que impulsan la migración forzada desde el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).

Los senadores urgieron a Biden a que se comprometa a coordinar con el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales “para dejar claro que el apoyo financiero de Estados Unidos hacia el gobierno de Bukele debe depender del respeto por la democracia, la independencia judicial y el imperio de la ley en el país”.

En la cuerda floja

En el actual contexto, todo apunta a que el oficialismo irá en próximas sesiones por los titulares de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Supremo Electoral. Si a ello se suma el control de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el Instituto de Acceso a la Información Pública, nada parece interponerse en el camino de Bukele.

Efecto económico

Para Rubén Zamora, un exembajador de El Salvador en Estados Unidos, Bukele “está metiendo al país a una crisis tremenda”. Según reportes financieros, los bonos soberanos de El Salvador que vencen en 2025 cayeron un seis por ciento, mientras los de vencimiento a 2052 se derrumbaron hasta un 10 por ciento. Todo esto ocurre mientras El Salvador negocia con el Fondo Monetario Internacional el financiamiento de al menos US$1,300 millones para afrontar la emergencia derivada de la pandemia. La deuda pública del país ronda el 90 por ciento del PIB. Según un reporte del banco de inversión Barclays, difundido por la prensa, la “agenda política (de El Salvador) socava la negociación” con el FMI y su relación con Washington y organismos internacionales.

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