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Internacionales

Destitución de magistrados enciende alarmas sobre autoritarismo de Bukele


Organizaciones salvadoreñas condenan las acciones y las califican de “golpe de Estado”. Organismos internacionales rechazan destituciones.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició este fin de semana lo que denominó una “limpieza de casa”, destituyendo, con el apoyo del Congreso, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema, y al Fiscal General, encendiendo las alarmas sobre intentos de concentración de poder.

“Condenamos categóricamente este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC”, todos aliados del gobernante, dijeron en un comunicado 25 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, entre ellas gremios empresariales.

“Mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario, en el que todos los poderes responden a una sola persona”, agregaron.

Más de una veintena de organizaciones sociales y gremios empresariales salvadoreños denunciaron la “usurpación” de la Sala de lo Constitucional, y desconocieron a los abogados electos por la Asamblea Legislativa para ocupar los cargos de magistrados.

De acuerdo con Zaira Navas, abogada de la organización de derechos humanos Cristosal, los magistrados que se deben reconocer son los que la Asamblea Legislativa “pretendió destituir”.

“No es legal la destitución, es inconstitucional”, señaló, y añadió que el pleno de la Corte Suprema “solo debe reconocer a los magistrados electos constitucionalmente”.

La legislación salvadoreña establece que los conflictos entre el Gobierno y Congreso deben ser resueltos por la Sala de lo Constitucional, pero ante la situación no está claro el camino.

Una de las opciones que dan los abogados de las organizaciones es que el pleno de la Corte Suprema no reconozca a los cinco letrados nombrados la noche del sábado por la Asamblea. Sin embargo, afirman que no existirá una duplicidad de salas constitucionales, según dijo José Marinero, presidente de la fundación Democracia, Transparencia, Justicia (TPJ).

Rechaza acciones

En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que “cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo”.

Ante lo ocurrido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Bukele “garantizar la separación de poderes y el orden democrático”. La CIDH instalará una misión especializada para atender la crisis institucional en El Salvador

“Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”, advirtió en tanto el director ejecutivo para las Américas de la oenegé Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

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