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Internacionales

La nueva Asamblea salvadoreña destituye a funcionarios enfrentados a Bukele


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El oficialismo salvadoreño tomó el sábado las riendas de la Asamblea Legislativa y su primera acción fue votar para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, Raúl Melara.

En el último año, el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos en más de una ocasión con estos funcionarios por decisiones judiciales e investigaciones del Ministerio Público.

Ante las reacciones de representantes de gobiernos de otros países, Bukele señaló en Twitter que “estamos limpiando la casa”.

Fueron 64 legisladores de los 84 que componen la Asamblea Legislativa los que votaron por la destitución de los magistrados y del Fiscal, que fueron electos por anteriores legislaturas.

Los votos fueron dados por los partidos oficialistas Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).

 

Sin embargo, los miembros de esta sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon “la inconstitucionalidad del decreto de destitución” y denunciaron la intención de suprimir el control de los otros poderes del Estado.

ENFRENTADOS CON EL PRESIDENTE
“Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡DESTITUIDOS!”, enfatizó Bukele al ser aprobada la destitución.

Bukele había librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía.

En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había impedido cuidar de la vida de sus compatriotas.

La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro que componen la Corte Suprema, y resuelve demandas de inconstitucionalidad, ‘habeas corpus’ y controversias entre los poderes del Estado.

Sus actuales miembros habían sido designados por el Parlamento saliente, controlado por la oposición a Bukele. La Constitución también permite al Parlamento destituirlos “por causas específicas, previamente establecidas por la ley”.

“Los miembros de este tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que necesita a funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Sin la vida no existen demás derechos constitucionales”, consideró la legisladora Suecy Callejas, del gobernante Nuevas Ideas.

¿LAS DOS SALAS?

Minutos después de la votación para destituir a los magistrados, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la decisión por atentar contra el sistema de gobierno.

“Esto se debe a que, con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo, incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta sala”, reza el fallo.

Los magistrados por los que los diputados votaron para destituir son el presidente de la Corte Supera de Justicia (CSJ) José Armando Pineda, y los magistrados Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco.

Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y doctor en derecho constitucional, indicó a Efe que con el fallo “la decisión de destitución no surte efectos”, al ser emitido antes de que concluyera la sesión plenaria.

SALIDA DEL FISCAL GENERAL
Luego, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, propuso debatir la salida del fiscal general, Raúl Melara.

De acuerdo con el diputado Numan Salgado, que sustentó el pedido, “quedó en entredicho su independencia e imparcialidad” necesarias para ejercer el cargo, al haber sido vinculado con el opositor partido ARENA (derecha).

“Hemos sido críticos del actuar del fiscal general pero eso no significa que estemos avalando un procedimiento inconstitucional”, consideró por su parte la diputada Dina Argueta, de la opositora exguerrilla izquierdista Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En su reemplazo, la madrugada del domingo fue elegido el abogado Rodolfo Delgado.

EL SALVADOR SIN CONTROLES

Analistas y defensores de derechos humanos advirtieron que, con la destitución de los magistrados constitucionales, el país se queda sin contrapesos para controlar las acciones del Gobierno y de la Asamblea Legislativa.

“La CSJ (Corte Suprema) es la instancia a la cual recurrir ante hechos de abusos de poder y violación a derechos constitucionales. Desmantelarla por decreto es dejar sin protección a la ciudadanía y romper de un golpe el necesario control interinstitucional entre los 3 poderes del Estado”, dijo Celia Medrano, candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para Medrano, esta situación es “la ambición de control total concretada”, lo que significa que “buscan no tener ningún control ni poder que pudiese frenar acciones arbitrarias e ilegales”.

Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana, advirtió que la situación podría agravarse si se ven involucradas las fuerzas de seguridad en la previsible crisis que enfrentará el país.

GOLPE TÉCNICO

Para Escobar, la decisión de deponer a los magistrados podría considerase una “ruptura del orden constitucional” y un “golpe de Estado técnico”.

La principal gremial de empresarios, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), catalogó en un comunicado las acciones de la nueva Asamblea Legislativa como un golpe de estado.

“Condenamos el atentado contra la democracia”, señaló la ANEP en un comunicado en el que llamó a la comunidad internacional a condenar las acciones del Legislativo, que buscan “la concentración total del poder en manos del Ejecutivo” de Bukele.

Para Abraham Ábrego, de la organización de derechos humanos Cristosal, en el país se está “perfilando el camino hacia una dictadura”.

Los partidos opositores, que con 20 diputados no consiguen frenar estas decisiones, también denunciaron el “golpe de estado”.

REACCIÓN DE EEUU

Estados Unidos supeditó el sábado la posibilidad de una “relación fuerte” con El Salvador a que el Gobierno de ese país apoye la separación de poderes y sostenga las normas democráticas, de acuerdo con la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung.

Antes que se produjeran las votaciones de destitución, Chung aseguró en Twitter que desde Washington se veía “con preocupación la propuesta de algunos miembros de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador”.

“Un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia; ninguna democracia puede sobrevivir sin eso”, complementó la funcionaria.

Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente de EE.UU. Joe Biden, también criticó la petición.

“Así no se hace”, escribió en español en su cuenta de Twitter el alto cargo, al reaccionar a un mensaje que publicó en la misma red social el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

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