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Internacionales

Patronal y oposición exigen unas elecciones libres y justas en Nicaragua


El lunes de la semana pasada los diputados oficialistas introdujeron ante el Parlamento, donde son mayoría, una propuesta de reforma a la Ley Electoral.

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La principal patronal de Nicaragua, partidos de oposición y organizaciones civiles y sociales rechazaron este jueves la propuesta de reforma electoral promovida por los legisladores sandinistas, y exigieron una enmienda que garantice elecciones libres con miras a los comicios de noviembre próximo.

En un pronunciamiento conjunto, unas 54 organizaciones civiles, juveniles, empresariales y partidos políticos, señalaron que para que la “patria supere pacíficamente la profunda crisis nacional, agravada desde 2018 por la escalada represiva del régimen, es fundamental la implementación de una reforma electoral que incorpore las transformaciones legales e institucionales necesarias” que den las garantías que permitan la realización de elecciones libres.

Esas reformas, indicaron, deben garantizar un proceso electoral transparente, justo, competitivo y que sean vigilados por observadores internacionales y nacionales, “como primer paso para reconstruir el sistema democrático e instaurar un Estado de Derecho”.

CAMBIOS EN LA LEY Y EN EL PODER ELECTORAL

El lunes de la semana pasada los diputados del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) introdujeron ante la Asamblea Nacional (Parlamento), donde son mayoría, una propuesta de reforma a la Ley Electoral que, según los opositores, inhibe a candidatos críticos al presidente Daniel Ortega, limita la financiación electoral, suspende la observación electoral, y restringe derechos constitucionales.

Esa iniciativa, consideraron las organizaciones, no contribuye en forma alguna a garantizar unos comicios libres y transparentes, “que demandamos la mayoría de los nicaragüenses con el respaldo de la comunidad internacional”.

“Un proceso electoral libre, justo y transparente que garantice el voto popular supone la elección de un nuevo Consejo Supremo Electoral, capaz de devolver la credibilidad y transparencia al sistema electoral”, indicaron en el documento.

Asimismo, consideraron que esa iniciativa “no responde a la demanda nacional e internacional de elecciones con atributos democráticos porque no incorpora las reformas legales necesarias para que en los próximos comicios nacionales se respete el voto ciudadano”.

Sino que, “por el contrario, la casi totalidad de las propuestas profundizan la actual crisis de transparencia y credibilidad de las instituciones electorales” añade el documento.

INICIATIVA A LA MEDIDA DE ORTEGA

Entre los aspectos lesivos contenidos en esa iniciativa, según el bloque, se observa “que establece nuevas restricciones a las libertades políticas, mantiene intacta la conformación bipartidista de los órganos electorales, traslada al ámbito electoral el Estado Policial imperante”.

Tampoco “establece la auditoría y depuración del padrón electoral, elimina la publicidad del padrón y el proceso de verificación ciudadana, mantiene la inconstitucional división entre padrón activo y pasivo, e impone nuevos obstáculos y restricciones a los partidos políticos”.

A eso se le añade que no contempla recursos legales que brinden seguridad jurídica, “sino que aumenta las facultades discrecionales del Poder Electoral, no establece la normativa legal para la observación electoral nacional e internacional, no regula el voto de los nicaragüenses residentes en el exterior, y vulnera la voluntad popular al permitirle al Poder Electoral sustituir, incluso de oficio, a funcionarios electos”.

Asimismo, incorpora a la legislación electoral “las inconstitucionales causas de inhibición a candidatos opositores contenidas en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y Ley de Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, advirtieron.

En el pronunciamiento conjunto, las organizaciones firmantes “unimos nuestras voces para rechazar categóricamente esta iniciativa de reforma a la Ley Electoral y exigir la implementación de reformas acordes con las planteadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre de 2020”.

El documento fue suscrito por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), los partidos Ciudadanos por la Libertad y el de Restauración Democrática, y los organismos Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Unidad Nacional Azul y Blanco, Movimiento Campesino, entre otros.

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