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Internacionales

Human Rights denuncia “crímenes de lesa humanidad” en China por destrato a los uigures


as políticas en curso violan el Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional (CPI), que dice que los ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil son un crimen.

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China es culpable de “crímenes contra la humanidad” en su tratamiento opresivo contra los uigures y otras minorías musulmanas, sostuvo la organización Human Rights Watch (HRW) en un informe detallado publicado el lunes.

“El gobierno chino ha cometido, y sigue cometiendo, crímenes de lesa humanidad contra la población musulmana turca”, dice el informe.

Pekín ha encarcelado a más de un millón de miembros del principal grupo étnico en la región occidental de Xinjiang y mantiene a millones más bajo un estricto sistema de vigilancia y controles, según el informe de HRW y la Clínica de Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de Stanford.

“El objetivo aparente del gobierno chino al crear los campamentos es la eliminación de la cultura y religión musulmanas túrquicos”, subrayó, especificando las etnias uigures, kazajos, kirguises y otros grupos asentados en Xinjiang.

Las políticas en curso violan el Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional (CPI), que dice que los ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil son un crimen, según el informe de HRW.

La entidad culpó al gobierno chino de encarcelamiento ilegal, tortura y asesinato de uigures, y de políticas dedicadas al trabajo forzado y violencia sexual en su contra.

HRW afirmó además que el maltrato de los uigures por parte de Pekín se remonta a más de dos décadas, pero dijo que se han intensificado desde 2013 bajo el mandato del presidente chino Xi Jinping.

Impulsado por el nacionalismo y la islamofobia, el gobierno de Xi quiere asimilar a las comunidades musulmanas, según el informe.

HRW y los investigadores de Stanford no fueron tan lejos como para acusar a Pekín de genocidio en Xinjiang, una denuncia que sí hicieron el gobierno estadounidense, así como los parlamentos de Bélgica, Canadá y Holanda, y otros grupos de derechos humanos.

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