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Internacionales

Empresarios de Panamá insisten en la “necesidad” de reformar la Constitución


Los empresarios reiteraron que las reformas deben fortalecer la “débil institucionalidad del país con cambios que impliquen los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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Los empresarios de Panamá insistieron este domingo en la “necesidad” de reformar la Constitución debido al “progresivo deterioro institucional” que arrastra el país desde hace años, y que se ha agravado en este último. 

“En este contexto nada esperanzador y en medio de un panorama político preocupante e incierto, la CCIAP insiste en la necesidad de reformar la Constitución y subraya que, independientemente del método por el que se llevasen adelante estas reformas, participará activamente en la discusión de fondo”, dijo en un comunicado la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).  

Los empresarios reiteraron que las reformas deben fortalecer la “débil institucionalidad del país con cambios que impliquen los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), su designación y ratificación, al igual que las del Procurador General de la Nación y el de la Administración”. 

Así como “los tiempos para nombrar a estos funcionarios, las atribuciones constitucionales y legales de la CSJ, el presupuesto del Órgano Judicial y del Ministerio Público; la función judicial del Órgano Legislativo, el método de escogencia y composición de la Asamblea Nacional, así como límites a la reelección de los diputados, y limitaciones a los poderes del Órgano Ejecutivo”. 

Reafirmaron que “la Carta Magna, que define el marco de convivencia de quienes habitamos este pequeño gran país, sea revisada y reformada” (…) Panamá debe modernizarse para su desarrollo integral, considerando los aspectos funcionales que han llevado al país a ocupar un sitial diferenciador dentro del conjunto de naciones”. 

Los empresarios explicaron que este “último año ha marcado la historia panameña, no solo por la crisis sanitaria, social y económica vivida; sino porque las condiciones que llevaron a plantear reformas a la Constitución se mantienen, y lo que es peor, se han profundizado”. 

Lo que ha dejado “al desnudo una administración de justicia cómplice de la impunidad con fallos aberrantes y a destiempo, una institucionalidad resquebrajada y órganos del Estado sumidos en el clientelismo que alimenta la discrecionalidad, la inseguridad, la falta de transparencia y la corrupción”. 

En 2019, una serie de protestas masivas forzaron al presidente Laurentino Cortizo a retirar de la Asamblea Nacional (AN/Parlamento) un polémico paquete de reformas constitucionales. Las manifestaciones, lideradas por estudiantes y que culminaron con un centenar de detenidos, estallaron después que el Parlamento, durante la primera de las dos discusiones obligatorias para su aprobación definitiva antes de ser sometido a referendo, realizara una serie de cambios al proyecto original. 

Los manifestantes consideraban que estos cambios favorecían la impunidad, la corrupción, la discriminación y no equilibraban los poderes del Estado. Así, Cortizo retiró el proyecto para abrir una nueva y más amplia consulta nacional sobre el tema con la facilitación de la ONU, que hasta la fecha no se ha dado. 

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