La abogada Graciela Mauad fue designada este miércoles como nueva directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) de Panamá, el cuestionado ente supervisor de los albergues infantiles en los que se investigan abusos sexuales y malos tratos a decenas de menores.

Esta designación, hecha por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, debe ser ratificada por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría oficialista.

La dirección de la Senniaf está acéfala desde el pasado 4 de marzo, cuando la entonces directora Mayra Silvera salió del cargo que había ejercido solo durante poco más de un mes, en medio del escándalo de los abusos a menores en estas casas de acogida que sacude al país.

Los albergues, alrededor de medio centenar que acogen a unos 1.200 menores en situación de vulnerabilidad según las cifras oficiales, son supervisados por la Senniaf y también reciben subsidios del Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

A inicios de febrero pasado una subcomisión parlamentaria presentó un informe que detalla que al menos desde 2015 decenas de menores, muchos con algún tipo de discapacidad, fueron abusados sexualmente y maltratados en al menos 14 albergues.

La Fiscalía ha sostenido que investiga desde hace al menos tres años casos de irregularidades administrativas y abusos en albergues, y que ha identificado ya a una veintena de víctimas e imputado a seis personas.

Uno de estos imputados, un hombre de 54 años, fue condenado la semana pasada a 14 años de prisión por abusar en el 2018 de una niña de 12 años en una de estas casas de acogida situada en la provincia caribeña de Colón.

Grupos civiles que se manifiestan constantemente para exigir justicia en este caso, así como también algunas personalidades de la política, han denunciado una supuesta lentitud en las investigaciones, secretismo y que la Fiscalía puede estar evitando ir tras los personajes de “alto perfil” supuestamente involucrados en el caso.

La Fiscalía pidió la semana pasada a la ciudadanía que denuncie hechos “claros” relacionados con el escándalo de los albergues para seguir avanzado en esta investigación compleja, que ha involucrado hasta ahora más de medio millar de entrevistas.