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Internacionales

Justicia de Honduras nunca toca a grupos de poder, denuncia activista social


«Son grupos económicos de mucho poder que desde la década de los años 70 instalaron el proyecto de la narco-política y nunca han sido tocados», dijo.

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Las incongruencias en el juicio contra el presunto autor intelectual del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, que debía continuar este jueves, son muestra del secuestro a que poderosos grupos económicos han sometido a la justicia en este país, dijo a Sputnik el activista social, Luis Méndez.

«Son grupos económicos de mucho poder que desde la década de los años 70 instalaron el proyecto de la narco-política y nunca han sido tocados, siempre el sistema de justicia se blindó para protegerlos», afirmó a esta agencia Méndez, activista social en el grupo de defensa de la tierra Asociación Campesina Pro Mejoramiento y Defensa de Jutiapa.

El juicio contra Roberto David Castillo, acusado de la coautoría intelectual del asesinato de la lideresa del pueblo indígena lenca Berta Cáceres (1973-2016), fue suspendido el miércoles apenas en su segunda jornada, cuando la defensa del imputado apeló a nuevas maniobras dilatorias.

«El juicio es clave porque en el asesinato de la compañera Berta detrás de los gatilleros estuvo David Castillo y detrás de Castillo la corporación DESA (Desarrollos Energéticos, S.A.) y la familia Atala Zablach, dueños del proyecto de la hidroeléctrica de Río Blanco», opinó.

Méndez señaló que las corporaciones se protegen, el sistema de justicia está totalmente a disposición de esas empresas, de los fiscales, de la propia Corte Suprema de Justicia que siempre van a proteger intereses.

Refirió a los intentos de suspender el proceso judicial contra Castillo desde el primer día, cuando no pudieron, a pesar de que comenzó con casi cuatro horas de retraso.

«PRESIÓN INTERNACIONAL»

«Existe una presión internacional fuerte, en la cual participa hasta la misma embajada de Estados Unidos, la Unión Europea y otras sedes diplomáticas como las de Alemania y Francia, que presionan a la Corte Suprema para que haya castigo a los culpables, pero como este es un estado paralizado, con un sistema de justicia capturado, entonces están dándole largas», expuso Méndez.

El también analista político agregó que lo que esperan «es que después de David Castillo se llegue a los verdaderos autores intelectuales, que son los miembros de la familia Atala», adelantó el también analista político.

Luego de enfrentar durante años el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca (de DESA), que incluía una represa sobre la corriente del río Gualcarque, considerado sagrado por el pueblo lenca y vital para su subsistencia, Berta Cáceres fue asesinada en su vivienda por sicarios la noche del 2 de marzo de 2016.

Por ese crimen fueron condenados en noviembre de 2018 los siete integrantes de la organización criminal encargada del sicariato, entre ellos un gerente de DESA, un mayor del Ejército hondureño y dos exoficiales de esa institución castrense.

La parte acusadora considera que David Castillo, un exoficial de inteligencia graduado en la academia militar estadounidense de West Point, fue el enlace entre los Atala Zablach y los ejecutores del homicidio de la activista.

El miércoles, tras la suspensión del juicio hasta nuevo aviso por una recusación de la defensa, la parte acusadora presentó pruebas sobre el pago de Daniel Atala a David Castillo que coinciden con conversaciones sobre promoción de logística a la estructura sicarial, dos días antes del asesinato.

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