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Internacionales

Juicio por asesinato de hondureña Berta Cáceres abre esperanzas de justicia


Cuatro de ocho acusados fueron condenados en diciembre de 2019 a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro

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El juicio iniciado este martes en Honduras contra un ejecutivo de una hidroeléctrica acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato en 2016, de la ambientalista Berta Cáceres, es una oportunidad para que se haga justicia para las víctimas y evitar más crímenes de ese tipo.

“Sabemos que este proceso puede abrir las puertas (…) para la deducción de la responsabilidad de quienes pagaron y ordenaron el crimen”, dijo a Efe Bertha Zúñiga, una de las hijas de Cáceres, ganadora del premio ambiental Goldman.

La vista judicial arrancó hoy en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, con más de tres horas de retraso por la demora en el traslado de Roberto David Castillo, expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), y un marcado hermetismo, que no permitió el acceso a la sala del juzgado de una de las hijas de la víctima.

Zúñiga, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), dijo que el juicio es una oportunidad también para “reconstruir los hechos” ocurridos el día que fue asesinada Berta Cáceres.

La defensa de la familia de Berta Cáceres presentará “pruebas contundentes e irrefutables” en el juicio, que se extenderá hasta el 30 de abril, por lo que mantiene la esperanza de que Castillo, presunto autor intelectual del crimen, sea declarado culpable, señaló.

La ambientalista fue asesinada a tiros el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, en el occidente del país, pese a tener desde 2009 medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

FAMILIA BUSCA ROMPER LA IMPUNIDAD

Zúñiga señaló que su familia teme que, con el juicio contra Castillo, un militar hondureño, “pueda cerrarse el proceso de búsqueda de justicia integral para mi madre”.

“Para nosotros es un motivo para exigir el juicio y castigo de los máximos responsables” del crimen, indicó la hija de la ecologista, quien está citada a declarar como testigo en el juicio.

Dijo que espera “aportar a la verdad, a la justicia y contribuir a la garantía de no repetición de estos crímenes” contra los defensores de los territorios y recursos naturales.

La familia de Cáceres busca “romper un poco la impunidad estructural que existe en nuestro país y que protege a esas personas relacionadas con las cúpulas económicas y políticas”, añadió.

La ambientalista asesinada se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, desarrollado por DESA, por considerar que causaba daños al ambiente, principalmente a comunidades indígenas lencas, lo que han rechazado los ejecutivos de la empresa.

Según la Misión de Observación Calificada, que da seguimiento al juicio, Laura Zúñiga, otra de las hijas de Berta Cáceres, y observadores internacionales, no pudieron entrar a la sala del tribunal.

Alrededor de un centenar de personas aguardan en la entrada de la Corte Suprema de Justicia en la capital hondureña, donde exigen justicia para Cáceres.

DEFENSA ESPERA JUICIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Uno de los abogados de la familia de Cáceres, Víctor Fernández, indicó a Efe que el asesinato está relacionado con “actos de corrupción, violaciones de derechos humanos, otros asesinatos y con el modelo de concesión corrupta que hay en el país”.

Dijo que espera que el juicio se desarrolle con “perspectiva de género y de derechos humanos”, porque la víctima era una mujer y su condición fue “un elemento que favoreció a los criminales para que la ejecutaran”.

Fernández afirmó que el caso de Berta Cáceres “no termina” con el juicio contra Castillo, porque él “no es un autor intelectual calificado del proceso, los autores intelectuales son sus empleadores, tienen capacidad económica para hacer este tipo de cosas y corrompieron a la institucionalidad”.

La defensa señaló que llevar ante la justicia a uno de los directivos de DESA representa “quitarle un peldaño más a la impunidad en este país”.

Cuatro de ocho acusados fueron condenados en diciembre de 2019 a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.

La hondureña Austra Berta Flores, madre de la ambientalista, sus hermanos y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) instaron al tribunal a que sus actuaciones se enmarquen en el “principio de celeridad y justicia pronta, imparcialidad e independencia judicial”.

Además, expresaron su preocupación por el próximo vencimiento de la prisión preventiva contra Castillo, ya que podría “salir en libertad, huir del país o pueden quitarle la vida para evitar más investigaciones y detener cualquier proceso contra los demás autores intelectuales” del asesinato de Cáceres. 

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