La Corte Suprema de Brasil consideró ayer que el exjuez Sergio Moro actuó con “parcialidad” en el juicio que llevó a la primera condena de Luiz Inácio Lula da Silva por denuncias de corrupción, en una nueva victoria judicial del exmandatario izquierdista.

La Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) tomó esa decisión por tres votos a dos, tras un cambio a último momento de la posición de una de sus magistradas, Carmen Lúcia, que inicialmente había rechazado la demanda presentada por los abogados del líder de la izquierda.

La decisión supone un duro golpe a la gigantesca operación anticorrupción Lava Jato, de la que Moro era la principal figura.

“Victoria de la verdad”, reaccionó el Instituto Lula en Twitter, con una foto del mandatario en un mitin en la que puede leerse “STF decide: Moro parcial”.

La defensa de Lula (2003-2010) alegó que Moro perjudicó al exgobernante a lo largo de toda la instrucción del proceso y actuó con motivaciones políticas.

Entre los ejemplos citados, figura el de haber impedido que Lula se presentase a las elecciones de 2018, para las cuales era el favorito, y haber aceptado luego ser Ministro de Justicia del presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, vencedor de esos comicios.

“Esperamos que el fallo emitido hoy por la Corte Suprema sirva de guía para que cualquier ciudadano tenga derecho a un juicio justo, imparcial e independiente”, dijeron en una nota los abogados del exmandatario, Cristiano Zanin y Valeska Zanin Martins.

El caso del tríplex 

La ‘suspeição’ de Moro acordada por el STF concierne a un único caso de las dos condenas dictadas hasta ahora contra Lula en el tribunal de Curitiba (sur), donde actuaba el exjuez.

Se trata del caso de un tríplex en el litoral de São Paulo, del cual Lula era beneficiario, según la acusación, a cambio de contratos ofrecidos a constructoras en la estatal petrolera Petrobras.

Moro dictó en 2017 una sentencia en su contra de nueve años y medio de cárcel, llevados a 12 años y un mes en enero de 2018 por un Tribunal de Segunda Instancia y reducida después a ocho años y 10 meses en 2019 por una corte superior (STJ).