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Internacionales

España legaliza la eutanasia y el suicidio asistido


La norma prevé que toda persona con “enfermedad grave e incurable” o padecimiento “crónico e imposibilitante” pueda solicitar ayuda para morir y así evitarse “un sufrimiento intolerable”.

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El Parlamento español aprobó definitivamente este jueves la ley que despenaliza la eutanasia, lo que convierte al país en uno de los pocos que permitirá a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento.

Prioridad para el gobierno de izquierda, la legislación recibió la luz verde en el Congreso de los Diputados con 202 votos a favor, de la izquierda, centro y regionalistas, 141 en contra, de la derecha y la extrema derecha, y dos abstenciones.

Inmediatamente después, los aplausos resonaron en la cámara baja por varios minutos.

“Hoy somos un país más humano, más justo y más libre. (…) Gracias a todas las personas que han peleado incansablemente para que el derecho a morir dignamente fuera reconocido en España”, tuitéo el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Cuando entre en vigor la ley, después de una moratoria de tres meses, España será el cuarto país europeo en permitir la muerte asistida, tras Holanda, Bélgica y Luxemburgo.

En América Latina, solo Colombia la acepta, aunque no ha legislado al respecto.

La ley española autoriza la eutanasia (el personal médico administra la sustancia mortal) y el suicidio asistido (la persona se encarga de tomar la dosis prescrita).

Condiciones estrictas

La norma prevé que toda persona con “enfermedad grave e incurable” o padecimiento “crónico e imposibilitante” pueda solicitar ayuda para morir y así evitarse “un sufrimiento intolerable”.

Se imponen estrictas condiciones, como que la persona, de nacionalidad española o residente legal, sea “capaz y consciente” al hacer la petición, que debe formular por escrito “sin presión externa” y repetir quince días más tarde.

El médico siempre podrá rechazarla si considera que no se cumplen los requisitos. Además, debe ser aprobada por otro médico y por una Comisión de Evaluación.

Y cualquier profesional de la salud puede alegar “objeción de conciencia” para negarse a participar en el procedimiento, costeado por la sanidad pública.

La legislación fue aplaudida por organizaciones que defienden el derecho a morir dignamente, que mantuvieron una lucha de décadas, durante las cuales sonados casos visibilizaron la problemática.

El más emblemático, el de Ramón Sampedro, un gallego tetrapléjico que pasó 29 años reclamando el derecho a un suicidio asistido.

La película sobre su historia, “Mar adentro”, dirigida por el hispanochileno Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem, ganó un Óscar en 2005.

La ley es una victoria “para la gente que puede beneficiarse de ello” y también “para Ramón”, se congratuló en entrevista con la AFP Ramona Maneiro, la amiga que ayudó a morir a Sampedro. Fue detenida por ello, pero no juzgada por falta de pruebas.

Hoy “es un día muy feliz”, aplaudió Asun Gómez, una periodista de 54 años durante una manifestación en Madrid a favor de la ley. Recordó que fue llamada “asesina” por querer ayudar a morir a su marido, finalmente fallecido en 2017 por esclerosis múltiple.

A las personas que sufren “se les empuja a tomar la solución más rápida, que es la muerte”, fustigó Polonia Castellanos, de la asociación Abogados Cristianos, en una protesta antieutanasia, encabezada por una pancarta que criticaba al “Gobierno de la muerte”.

“Homicidio”

La legislación es rechazada por la Iglesia católica y partidos de derecha y extrema derecha, mientras que su aplicación genera interrogantes en algunos sectores médicos, que afirman que salvar a toda costa a un paciente está en “el ADN del médico”.

La eutanasia “es siempre una forma de homicidio, pues implica que un hombre da muerte a otro”, indicó la Conferencia Episcopal Española (CEE).

“Empujar a la eutanasia” a las personas “más vulnerables (…) es un vergonzoso acto de abandono social que encubre una negación a la mejor asistencia sociosanitaria”, lanzó en la cámara baja el diputado del Partido Popular (PP, derecha), José Ignacio Echániz.

Vox, formación de extrema derecha, anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional.

Además del de Ramón Sampedro, otros casos causaron impacto en España, como el de Luis Montes, un médico anestesista procesado por provocar la muerte de más de 70 pacientes terminales, aunque finalmente sobreseído en 2007.

Más recientemente, Ángel Hernández espera juicio por ayudar a morir en 2019 a su mujer, inmovilizada por la esclerosis múltiple.

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