El aspirante opositor a la Presidencia de Nicaragua Juan Sebastián Chamorro presentó este miércoles su plan de Gobierno que incluye refundar el Estado, reformar al Ejército y a la Policía Nacional, crear una Comisión de la Verdad independiente, así como eliminar la reelección presidencial.

Chamorro, economista de profesión y sobrino político de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), también propuso romper relaciones diplomáticas “con Gobiernos que promuevan la violación de derechos humanos y libertades públicas”, aunque no mencionó ninguno.

También derogar la Ley del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua, cuya concesión el Gobierno de Daniel Ortega se la cedió en 2013 al empresario chino Wang Jing, aunque la obra no ha arrancado.

NO REELECCIÓN Y RESPETO A DD.HH.

Como primer punto, indicó, presentará un proyecto de reforma a la Constitución Política para eliminar definitivamente la reelección presidencial.

También creará una Comisión de la Verdad y una fiscalía especial para acusar a violadores de derechos humanos.

Además, permitirá la entrada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la Oficina del Alto Comisionados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), cuyas misiones fueron expulsadas por el Gobierno de Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

Asimismo, creará una comisión que elabore el plan de reformas a la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua, “dando de baja a comisionados y oficiales involucrados en violación de derechos humanos”.

Entre otros puntos, prometió limpiar los expedientes de todos los opositores que han sido detenidos en el marco de la crisis, así como identificar, desmantelar y poner a la orden de la justicia “a miembros de grupos paramilitares” que actúan con el consentimiento del Ejecutivo sandinista.

JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS

Además, prometió llevar a la justicia internacional a “perpetradores de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, iniciar un programa de reparación moral y material a los familiares de los asesinados por la violencia gubernamental, y garantizar el retorno seguro de decenas de miles de exiliados.

También creará una comisión especial para reformar el Poder Judicial, pondrá en marcha “un proceso de descentralización efectiva de la institucionalidad pública”, fortalecerá “la autonomía municipal, y ejecutará un plan de reestructuración del Estado para identificar “acciones encaminadas a un estado eficiente no partidario”.

En materia social, reincorporará al personal médico y educativo que ha sido despedido por asuntos políticos, y pondrá en marcha de un programa de salud mental integral, con énfasis a las víctimas de la violencia y sus familiares.

Además, honrará la “multimillonaria deuda” que ha acumulado por años con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y revertirá la última reforma a la seguridad social “para hacer una que sea justa para aquellos que han cotizado con mucho sacrificio por toda una vida”.

Dijo gestionará con la comunidad donante la obtención de un fondo semilla para recapitalizar el INSS.

PROGRAMA “1.500 HABITACIONES”

En materia económica, la base de su plan será la transformación productiva, la generación de empleos “en armonía con el medio ambiente”, y la reapertura de la cooperación internacional mediante misiones especiales a los organismos financieros multilaterales.

También la revisión del Presupuesto General de la República, “identificando gastos excesivos y reorientarlos al combate de la pobreza”.

Además, pondrá en marcha un plan de reactivación económica, lanzará un plan de inversiones públicas, y promoverá la reunión de un “Grupo Consultivo” de donantes para asegurar la reactivación de la cooperación internacional.

Asimismo, pondrá en marcha el programa de “1.500 habitaciones” que logre la entrada al país de una o varias cadenas hoteleras y se establezcan hoteles de primera calidad en el Pacífico nicaragüense.

Chamorro, de 50 años, renunció en enero pasado a su cargo de director ejecutivo de la Alianza Cívica por Justicia y la Democracia para dedicar tiempo a sus aspiraciones a la Presidencia en los comicios del 7 de noviembre próximo.

Fue viceministro de Hacienda y Crédito Público, y secretario de Coordinación y Estrategia en la Administración de Enrique Bolaños (2002-2007); de 2014 a 2019 dirigió la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente; y también fue director del programa estadounidense Cuenta Reto del Milenio en Nicaragua.