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Internacionales

Denuncian que el bloqueo de archivos militares evita la justicia en El Salvador


Los representantes de las víctimas solicitaron que se fortalezca el juzgado a cargo del caso El Mozote, pues en la actualidad tiene una elevada carga de trabajo con diversos casos.

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Representantes de las víctimas de la masacre de El Mozote, cometida por el Ejército de El Salvador en 1981, denunciaron este jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que un bloqueo al acceso de archivos militares está causando una obstaculización de la justicia en este caso.

La CorteIDH escuchó este jueves a las partes en una audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia que emitió contra el Estado salvadoreño en el año 2012.

Camilar Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dijo la de El Mozote es “una de las masacres más grandes de la historia contemporánea en Latinoamérica y que permanece en la más absoluta impunidad”.

Ormar señaló que el Estado tiene “grandes deudas en el cumplimiento de las medidas de reparación” y que una de las más importantes es la de investigar y sancionar a los responsables de la masacre.

La abogada afirmó que existe una “negativa de las Fuerzas Armadas para la inspección de archivos militares respaldada por el presidente” del país, Nayib Bukele.

El juez de la causa ordenó el pasado 4 de noviembre a la Fiscalía que se indague si la obstaculización era constitutiva de delito y si se sustrajeron archivos, pero hasta el momento no ha habido diligencia alguna, afirmó Ormar.

Ormar pidió a la Corte Interamericana que ordene al Estado que se lleve a cabo una investigación amplia mediante un procedimiento para el acceso a los archivos militares y un “estudio exhaustivo” de estos para garantizar que se preserven, especialmente los relacionados al conflicto armado interno, época en que ocurrió la masacre de El Mozote.

Los representantes de las víctimas también solicitaron que se fortalezca el juzgado a cargo del caso, pues en la actualidad tiene una elevada carga de trabajo con diversos casos.

Por su parte, la representación del Estado, encabezada por la directora de Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos de la Cancillería, Gloria Martínez, expuso sobre una serie de proyectos de infraestructura desarrollados en El Mozote y lugares aledaños, así como el proceso para la identificación de víctimas, como parte del cumplimiento de la sentencia.

Sobre el asunto de los archivos militares, la representación estatal dijo que hay voluntad de colaborar y que se ha actuado con base en la Constitución y las leyes salvadoreñas que ordenan proteger bienes jurídicos para la defensa nacional y la seguridad del Estado.

Según Cejil, la apertura de los archivos militares antiguos como los de este caso, no afectan en nada la seguridad del Estado.

El juez a cargo del caso, Jorge Guzmán, dijo que ante la ausencia de una ley de justicia transicional en El Salvador, decidió llevar adelante el caso con las herramientas que tiene a disposición, y aseguró que la información militar que ha recibido del Ministerio de Defensa no es cualitativa para el avance del caso.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras 39 años de ocurridos los hechos, el caso permanece en la impunidad y tras más de 4 años de haber sido reabierto a lo interno en El Salvador ha habido pocos avances y el proceso apenas se encuentra en fase de instrucción.

La Corte Interamericana dictó sentencia por este caso en el año 2012 y estableció la responsabilidad del Estado por la masacre de al menos 440 personas, muchas de ellas niños, a manos de la Fuerza Armada. Organizaciones defensoras de derechos humanos elevan la cifra de víctimas a unas mil.

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