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Internacionales

Piden proteger a opositor nicaragüense excompañero de guerrilla de Ortega


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El coronel retirado Carlos Brenes, un antiguo compañero de guerrilla del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y actualmente disidente, ha sido objeto de hostigamiento y amenazas por parte de agentes policiales, denunciaron este miércoles organismos de derechos humanos.

Por tal razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) extendió medidas cautelares a favor de Brenes, fundador del Ejército Popular Sandinista (EPS), en 1979, tras el derrocamiento de la dictadura de Somoza, informó la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), en una declaración.

En una resolución, firmada el pasado 25 de febrero, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares de protección a Brenes y su núcleo familiar “tras considerar que sus derechos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable en Nicaragua”.

En el actual contexto del país centroamericano, la CIDH identificó que Brenes ejerce un liderazgo dentro de lo militares retirados y en la población de los departamentos de Masaya y Carazo, en el sureste de Nicaragua.

Asimismo, es identificado por ser una voz disidente y constante en los últimos 20 años en la política de Nicaragua, particularmente tras los sucesos de abril de 2018 cuando estalló una revuelta popular en contra del Gobierno por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que se convirtió en una exigencia de renuncia al mandatario, y que fue aplastada a la fuerza por el Ejecutivo.

HOSTIGAMIENTO, INTIMIDACIÓN Y AMENAZAS

“En ese marco, la CIDH advirtió que Brenes ha sido objeto de actos de hostigamiento, intimidación y amenazas; en particular, se advirtió que tales hechos fueron atribuidos a agentes policiales, y se extendieron también en contra integrantes de su familia”, señaló ese ente en su resolución.

La CIDH solicitó información al Estado de Nicaragua sobre esas amenazas, “sin embargo, no recibió su respuesta”, agregó.

En consecuencia, la Comisión requirió al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal del militar retirado y su núcleo familiar.

En particular, el Estado debe asegurar que los derechos de los beneficiarios sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros, explicó la CIDH.

También informar sobre las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes, y presentar un informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y evitar así su repetición.

PIDIÓ LA SALIDA DE ORTEGA

“El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables”, aclaró la CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Brenes fue acusado por el Ministerio Público de encabezar un “grupo terrorista” que se manifestaba contra el Gobierno de Ortega en los departamentos de Carazo y Masaya desde abril de 2018, caso por el cual fue declarado culpable, pero fue liberado gracias a una polémica Ley de Amnistía.

La Fiscalía acusó entonces al fundador del EPS y coronel retirado, de 65 años, de cometer los delitos de terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y daños agravado en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.

Brenes, coordinador del Movimiento de Retirados del Ejército y miembro del denominado Frente Amplio Democrático (FAD), integrado por dirigentes de la antigua principal fuerza opositora de Nicaragua, es el mismo que el 16 de mayo de 2018, en nombre de oficiales en retiro del extinto EPS, actualmente Ejército de Nicaragua, leyó una proclama exigiendo la salida del poder de Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a quien responsabilizan de la crisis sociopolítica que atraviesa este país.

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