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Internacionales

Nueva ley de adopciones en medio de escándalo abusos en albergues de Panamá


Los albergues en Panamá, unos 50 con una población de cerca de 1.200 menores según datos oficiales, son administrados por ONG y fundaciones, pero están bajo la supervisión del Estado.

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La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Panamá aprobó este miércoles una ley que simplifica los “engorrosos” trámites para la adopción de infantes, en medio del escándalo de abusos sexuales y maltratos físicos y sicológicos a menores en albergues del país.

Se trata del proyecto de ley 120, que subroga la ley 46 de 2013 sobre adopciones, aprobado en tercer y último debate por la AN, y que para entrar en vigor debe ser ratificado por el presidente panameño, Laurentino Cortizo.

“Con este Proyecto de Ley se desburocratizan los trámites engorrosos para adoptar niños”, indicó la AN, de 71 escaños, la mayoría en manos del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La diputada oficialista y presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, Zulay Rodríguez, una de las proponentes del proyecto, dijo tras su aprobación parlamentaria que esta iniciativa “desburocratiza los trámites de adopción para que los niños y niñas en Panamá tengan derecho a tener una familia”.

Entre los objetivos de la iniciativa están “restituir de manera inmediata el derecho a la convivencia familiar al niño, y orientar a los progenitores sobre las consecuencias al tomar la decisión de dar consentimiento para la adopción”.

El proyecto generó polémica porque uno de sus artículos, finalmente eliminado, establecía la adopción de niños aún en gestación.

Esta iniciativa ha sido aprobada en medio del escándalo de abusos sexuales y maltratos físicos y sicológicos a menores en albergues destapado por un informe de 700 páginas elaborado por una subcomisión parlamentaria, que ha generado gran indignación en el país y hasta la renuncia del fiscal general.

Los albergues en Panamá, unos 50 con una población de cerca de 1.200 menores según datos oficiales, son administrados por ONG y fundaciones, pero están bajo la supervisión del Estado – a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)- que en muchos casos además les otorga fondos públicos.

De acuerdo con el documento parlamentario, los vejámenes los sufrieron decenas de menores en estas casas de acogida, muchos de ellos con algún grado de discapacidad, en casos que se remontan a 2015 y que según los testimonios de las víctimas de violación involucran a religiosos y cuidadores, como dijo a Efe la diputada Rodríguez.

A raíz de la denuncia parlamentaria se investigarán “los 54 albergues” del país, dijo a Efe la Fiscalía, que mantiene actualmente ocho procesos abiertos y que el martes informó de que hay ya tres imputados por el delito de “maltrato al menor” por el caso de un albergue situado en la provincia de Veraguas.

La denuncia de los abusos han levantado una ola de indignación con protestas a nivel nacional para exigir justicia, que se haga público el informe parlamentario, y en las que se acusa al Gobierno de “cómplice” porque no se ha destituido a nadie.

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